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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 13 de noviembre de 2026.- Que un policía vial te marque el alto no significa que pueda hacer cualquier cosa. La Ley de Tránsito del Estado y el Reglamento de Tránsito del municipio de San Luis Potosí establecen en qué casos puede pedirte documentos, levantarte una boleta, retener tu licencia o mandar tu vehículo al corralón.
Ante la desinformación sobre las facultades de los agentes de tránsito y los derechos de los automovilistas, Quadratín SLP consultó al abogado Andrés Alcalá Rodríguez, con cédula profesional 10694129, para conocer qué puede hacer un oficial durante una intervención y cuáles son los límites de su actuación.
De acuerdo con el especialista, el agente que levante una boleta debe identificarse plenamente ante el conductor antes de solicitarle la licencia y la tarjeta de circulación.
Un policía de tránsito no puede obligar a un conductor a bajar de su vehículo de manera injustificada, ya sea durante una revisión o por una infracción. Sin embargo, Alcalá Rodríguez explicó que existen excepciones, como cuando el automovilista obstruye la actuación del oficial o cuando este advierte la posible comisión de un delito.
En cualquier caso, señaló que los agentes deben explicar el motivo de la intervención y señalar las disposiciones legales presuntamente infringidas.
Entre las obligaciones de los conductores se encuentran portar licencia vigente, tarjeta de circulación o permiso correspondiente, así como presentar la póliza de seguro por daños a terceros cuando sea solicitada.
Para circular, el vehículo también debe contar con placas, engomado y los demás requisitos aplicables conforme a la normativa de tránsito.
El abogado explicó que la solicitud de documentos debe estar relacionada con una infracción o con una inspección de seguridad legalmente justificada, como las realizadas en determinados puntos de revisión.
Ante cualquier intervención, recomendó atender las indicaciones del oficial, evitar confrontaciones y no oponer resistencia.
Si el conductor decide grabar audio o video, sugirió informar al agente que el registro se realiza como evidencia y por motivos de seguridad.

Alcalá Rodríguez señaló que el retiro de una unidad puede proceder en determinados supuestos, entre ellos conducir en estado de ebriedad, utilizar placas sobrepuestas, poner en peligro a otras personas mediante una conducción imprudente u obstruir accesos o la circulación, conforme a las disposiciones aplicables.
Explicó que existe la creencia de que un automóvil constituye una extensión de la propiedad privada que impide cualquier intervención de las autoridades. Sin embargo, al circular por la vía pública, los conductores quedan sujetos a las normas de tránsito y seguridad correspondientes.
El especialista también mencionó las restricciones relacionadas con el consumo de alcohol dentro de los vehículos.
Como regla general, indicó que los agentes no pueden retener documentos de manera arbitraria, aunque existen supuestos específicos previstos en la normativa.
Entre las situaciones mencionadas se encuentran los vehículos con placas foráneas y los casos en los que el conductor no presenta identificación.
En determinadas circunstancias, explicó, puede utilizarse una placa como garantía del cumplimiento de una obligación administrativa.
Respecto a la licencia y la tarjeta de circulación, señaló que su retención debe estar respaldada por una disposición legal y que no está permitido exigir documentos ajenos al procedimiento, como la credencial para votar del INE, sin fundamento jurídico.
Si un agente amenaza con retirar el vehículo sin justificación legal, el abogado recomendó no oponerse físicamente ni ponerse en riesgo.
Posteriormente, el conductor puede documentar lo ocurrido y presentar una denuncia o queja ante las autoridades competentes. En caso de una situación de emergencia o riesgo inmediato, puede comunicarse al 911.
Alcalá Rodríguez explicó que las actuaciones de las autoridades pueden ser impugnadas y que, cuando se acredita una irregularidad, existen mecanismos legales para solicitar la restitución de derechos y, cuando proceda, la reparación de daños.
En caso de que el automóvil sea trasladado a una pensión, el propietario deberá atender el procedimiento correspondiente para recuperarlo. Los costos de grúa y resguardo dependerán de las disposiciones aplicables y de la legalidad de la actuación.
El especialista agregó que antes del arrastre deben observarse los procedimientos de resguardo e inventario del vehículo y sus pertenencias, a fin de garantizar su custodia.
Finalmente, Andrés Alcalá recordó que cuestionar los actos de autoridad es un derecho, pero debe ejercerse con civismo y responsabilidad.





