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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de noviembre de 2026.- Mientras miles de familias de la zona metropolitana deben recurrir a la compra de agua mediante pipas particulares para cubrir sus necesidades básicas, el Interapas mantiene observaciones por más de 74 millones de pesos correspondientes a volúmenes de agua pagados mediante contratos de camiones cisterna cuya entrega no ha podido acreditarse satisfactoriamente.
El hallazgo corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2024 y forma parte de una serie de observaciones que, de acuerdo con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), se han repetido durante los últimos cinco años sin que el organismo operador haya presentado documentación suficiente para solventarlas.
El auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que los pagos se realizaron por servicios de distribución de agua que no cuentan con controles volumétricos suficientes ni con evidencia material que permita confirmar que el líquido contratado llegó efectivamente a los domicilios de la población.

La dimensión del problema trasciende el ámbito contable: se trata de recursos públicos destinados a garantizar el acceso al agua potable, en una zona metropolitana donde la falta de suministro obliga a numerosas familias a pagar dos veces por el mismo servicio: primero mediante el recibo ordinario de Interapas y después contratando una pipa particular ante la ausencia de abastecimiento gratuito.
Lecourtois López señaló que el Instituto ha observado recurrentemente estas operaciones y que, pese a los requerimientos realizados, no se han entregado las comprobaciones necesarias para acreditar un servicio que fue pagado y continúa contratándose.
«Es un tema muy sensible que el Instituto ha observado de manera recurrente y no se ha logrado solventar, no entregaron comprobaciones de un servicio que fue puntualmente pagado y continúa pagándose, por lo que se encuentra en investigación», expuso.
El auditor cuestionó además la continuidad de los pagos a proveedores cuando existen antecedentes de incumplimiento documental y falta de acreditación del servicio.
«Si la empresa no te cumplió una vez, ¿para qué le sigues pagando?», planteó.
El funcionario agregó que el problema también revela deficiencias estructurales en la planeación hídrica de la zona metropolitana, agravadas por el compromiso financiero que representa el proyecto de El Realito, cuya contratación mantiene obligaciones de largo plazo para el gobierno, pese a que el servicio no se recibe en los términos esperados y el organismo operador tampoco ha logrado resolver el problema de abastecimiento.
A este escenario se suma la revisión de los proveedores de pipas. El titular del IFSE adelantó que se solicitará aclarar observaciones relacionadas con un posible daño patrimonial y desvío de recursos, derivadas de irregularidades detectadas en procedimientos de licitación que pudieron haber sido simulados y contratos adjudicados con sobrecostos.
De acuerdo con el auditor, Interapas destina hasta 70 millones de pesos anuales a la renta de camiones cisterna, sin que ese gasto garantice por sí mismo la prestación efectiva del servicio de agua potable a la ciudadanía.

La fiscalización coloca así una pregunta central sobre la operación del organismo: ¿cómo se justifica el pago de millones de pesos por distribuir agua cuando no existen controles suficientes para demostrar cuánto líquido se entregó, a quiénes y en qué domicilios?
La investigación deberá establecer no solamente si los volúmenes facturados corresponden a entregas reales, sino también quiénes contrataron, quiénes prestaron los servicios, cómo se asignaron los recursos y si existieron beneficios indebidos en las operaciones.
Porque en una ciudad donde el acceso al agua sigue siendo una demanda cotidiana, la falta de comprobación de los recursos destinados a distribuirla no es un asunto menor: compromete la transparencia del gasto y obliga a esclarecer si el dinero público cumplió con el propósito para el que fue contratado.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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