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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de noviembre de 2026.- La rendición de cuentas no se resuelve con desafíos públicos ni con comparecencias convertidas en espectáculo político. El destino de los recursos públicos se acredita con contratos, facturas, transferencias y expedientes. Bajo esa premisa, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, respondió al alcalde Enrique Galindo Ceballos y le tomó la palabra respecto a su ofrecimiento de comparecer ante el Poder Legislativo.
El legislador sostuvo que, si el presidente municipal realmente está dispuesto a transparentar el ejercicio de los recursos, tiene una oportunidad concreta para hacerlo: entregar los contratos, las transferencias bancarias, las cuentas involucradas y precisar quiénes fueron los beneficiarios de los recursos públicos.
Sin embargo, advirtió que el Congreso no puede convertirse en escenario de una confrontación mediática ni en una tribuna para discursos políticos que evadan el fondo de los cuestionamientos.
«Me parece que el señor lo está tomando a broma, lo que pretende es venir al Congreso a hacer un circo mediático, y quiero decirle que no estamos jugando», expresó.
Gámez Macías puntualizó que el alcalde deberá responder, cuando corresponda, ante el Congreso del Estado, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y las demás autoridades competentes. La eventual comparecencia, precisó, no sustituye los procedimientos de fiscalización ni la obligación de acreditar documentalmente el ejercicio del presupuesto.
En el centro de los cuestionamientos se encuentra la obra del puente Río Jacobo Payán, cuyo costo y ejecución han sido objeto de señalamientos por posibles sobrecostos superiores a los 100 millones de pesos. El diputado sostuvo que existen elementos que deberán exponerse en el momento procesal oportuno y que la solicitud de una auditoría especial ante el IFSE busca esclarecer el destino de los recursos.
El legislador también cuestionó la relación del Ayuntamiento capitalino con empresas vinculadas al empresario Gerardo Sánchez Zumaya y pidió al alcalde explicar los motivos por los que se otorgaron contratos a dichas compañías.
«Ya que el alcalde dice ser tan transparente, que nos señale cuál es su relación con el huachicolero y por qué motivo le entregó contratos, porque el público exige respeto», manifestó.
En ese mismo sentido, exigió aclarar cuánto costó el concreto utilizado en las obras, quiénes fueron los proveedores y quiénes recibieron los recursos públicos municipales.
La discusión, explicó, no se limita a una diferencia de criterios políticos, sino a la necesidad de esclarecer el costo de 245 millones de pesos correspondiente a la obra pública municipal señalada en el planteamiento de fiscalización, particularmente ante las observaciones sobre posibles sobreprecios que alcanzarían los 100 millones de pesos.
Para el presidente de la Comisión de Vigilancia, la reacción de la alcaldía pretende desplazar el debate hacia el terreno de la confrontación política, cuando lo que corresponde es responder con información verificable.
«Aquí debemos hablar con la seriedad que exige el erario público. Nosotros no estamos organizando un debate de sobremesa ni una pasarela política para que venga a discursar. Las auditorías no se desahogan con aplausos ni con discursos viscerales; se defienden con expedientes, con facturas y con el desglose real de los 245 millones de pesos que cuestan sus obras», sostuvo.
El posicionamiento del diputado coloca el debate en el terreno donde debe resolverse: la trazabilidad del dinero público, la legalidad de las contrataciones y la comprobación de cada peso ejercido por el Ayuntamiento capitalino.
Más allá de la disposición del alcalde para acudir al Congreso, la exigencia legislativa es que explique, con documentos y ante las autoridades correspondientes, cómo se contrataron las obras, cuánto costaron realmente y quiénes resultaron beneficiados.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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