El cardenismo se agotó por la disputa por el poder
Visión Financiera
Por Georgina Howard
La industria mexicana de vehículos pesados enfrenta una contradicción que merece atención. Mientras la producción y las exportaciones muestran una recuperación importante, las ventas nacionales todavía no consiguen salir del rezago.
De acuerdo con cifras del INEGI, entre enero y octubre de 2026 se comercializaron 28 mil 479 unidades al menudeo, una caída de 15.4% frente al mismo periodo de 2025, año que ya había registrado una contracción de 46.3% respecto a 2024.
Para la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), encabezada por Rogelio Arzate, el problema está en la debilidad de la demanda interna, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas del autotransporte, que enfrentan mayores dificultades para renovar sus unidades.
Los resultados de octubre ofrecen una lectura distinta según el indicador. Las ventas minoristas crecieron 5.08%, con 3 mil 162 vehículos, mientras que el mayoreo avanzó 26.8%, hasta 3 mil 301 unidades. Sin embargo, el segmento de pasaje continúa bajo presión, con una disminución acumulada de 24.2% en las ventas al menudeo.
En contraste, la producción alcanzó 16 mil 375 vehículos durante octubre, un incremento anual de 129.6%, y las exportaciones llegaron a 13 mil 518 unidades, con un crecimiento de 158.9%.
Estas diferencias muestran que la recuperación de las plantas y los mercados internacionales todavía no se refleja con la misma intensidad en los transportistas mexicanos.
Ante este escenario, es necesario recuperar mecanismos de financiamiento y establecer un programa de chatarrización que permita sustituir vehículos obsoletos por unidades más seguras y eficientes.
La propuesta cobra relevancia para el llamado hombre-camión, cuya capacidad de inversión suele ser menor frente a la de grandes flotillas.
El organismo también busca corregir las distorsiones que provocan las importaciones de vehículos usados y de unidades procedentes de países sin acuerdos comerciales. No se trata únicamente de vender más camiones, sino de preservar una cadena productiva que involucra fabricantes, distribuidores, proveedores y empleos.
En materia fiscal, el sector consiguió un ajuste relevante durante la discusión de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta. La incorporación de las operaciones de depósito fiscal entre las excepciones a los límites de deducción evitó una posible afectación financiera para empresas que utilizan este esquema.
Rogelio Arzate reconoció la disposición del Poder Legislativo para atender las particularidades de la industria, aunque todavía quedan preocupaciones relacionadas con las distribuidoras automotrices y la necesidad de mantener condiciones estables para sus operaciones comerciales.
La agenda también llegó al 36.º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, organizado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) en Tijuana, Baja California.
Ahí, ANPACT planteó la importancia de garantizar competencia equitativa y legalidad en las licitaciones de transporte urbano, además de impulsar la renovación de flotas dentro del Plan México.
Otro acuerdo consistió en identificar regulaciones estatales que generan cargas administrativas excesivas, un asunto que puede incidir directamente en los costos de operación y en las decisiones de inversión.
El comportamiento del mercado mayorista ofrece señales que conviene observar. Entre enero y octubre se vendieron 26 mil 912 unidades, 10.5% más que un año antes. En octubre, los tractocamiones quinta rueda registraron un crecimiento de 48.1%, al pasar de 971 a mil 438 vehículos.
Por su parte, la producción acumulada alcanzó 133 mil 496 unidades, con un aumento de 17.8%, mientras las exportaciones sumaron 111 mil 912, un avance de 20.3%.
Son cifras que confirman la capacidad industrial instalada en México, pero también exhiben la distancia entre el desempeño exportador y la situación del comprador nacional.
El desafío para 2027 será cerrar esa brecha. La industria necesita que la recuperación de la manufactura se acompañe de mejores condiciones para adquirir vehículos nuevos, renovar el parque existente y fortalecer el transporte de carga y pasajeros.
La coordinación entre autoridades federales, legisladores, gobiernos estatales y empresas será determinante para atender los problemas de financiamiento, regulación y competencia.
De poco servirá contar con una industria exportadora de gran escala si el mercado mexicano permanece sin capacidad suficiente para modernizar sus propias flotas.
Firme se mostró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al pedir que los señalamientos contra Corporativo Kosmos, de Jack Landsmanas, y las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas se investiguen por separado.
Y es que la mandataria solicitó a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, revisar los contratos de Corporativo Kosmos, que suman alrededor de 25 mil millones de pesos, y presentar los resultados.
También pidió determinar responsabilidades si se detectan procedimientos indebidos.
Sheinbaum distinguió este caso de los señalamientos contra Cajas Graf y Corporativo Zeg, vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y contratos superiores a 2 mil 740 millones de pesos con organismos electorales locales.
Diferenciar los expedientes evita conclusiones anticipadas.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió y qué responsabilidades corresponden. La rendición de cuentas exige claridad y resultados públicos.
La participación de los padres en las escuelas públicas suele medirse por su asistencia a reuniones, pero su verdadero peso está en las decisiones.
En Río Bravo, Tamaulipas, la Secundaria General Alfredo del Mazo tiene una oportunidad para demostrarlo: este jueves 12 de noviembre renovará su mesa directiva para los ciclos 2026-2027 y 2027-2028.
La convocatoria, emitida por la dirección que encabeza Severo Méndez Rodríguez, incluye a familias de ambos turnos. El objetivo es elegir representantes capaces de atender necesidades del plantel y mantener comunicación con las autoridades escolares.
Hay un detalle que merece atención: el aviso no precisa reglas de votación ni requisitos para integrar la mesa. Aclararlos antes de la elección ayudaría a dar certeza al proceso.
La escuela cambió de director este año y ahora renovará su representación familiar. Es una buena ocasión para fortalecer la confianza.
Porque participar no es solo acudir a votar, sino saber cómo se toman las decisiones.
Tome nota. Trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), organización que agrupa a 17 mil personas, exigieron a José Luis Sánchez Cuazitl, nuevo director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), cancelar el registro de Alejandro Martínez Araiza como secretario general de esa agrupación y convocar a nuevas elecciones.
Los inconformes acusan al dirigente de un presunto desvío de 600 millones de pesos del patrimonio sindical y sostienen que existen irregularidades que justificarían revisar su permanencia en el cargo.
De manera tajante, pidieron que el nuevo titular del CFCRL obligue a Martínez Araiza a informar sobre el uso y monto del patrimonio sindical, obligación que, según denuncian, no ha cumplido desde 2019, cuando tomó posesión de su cargo.
Los trabajadores señalan que el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo establece obligaciones de rendición de cuentas sobre la administración del patrimonio sindical.
También respaldaron que el CFCRL cuente con mayores facultades para sancionar hechos que vulneren la libertad sindical, como los que, aseguran, ocurrieron en el SNAC.
De acuerdo con sus señalamientos, Martínez Araiza se reeligió en 2025 para permanecer en el cargo hasta 2030, mediante un proceso que consideran contrario a disposiciones nacionales e internacionales y en el que identifican 11 presuntas causales de nulidad.
Los inconformes solicitaron que Sánchez Cuazitl se mantenga al margen de la influencia de Alfredo Domínguez Marrufo y Héctor Josué Arcos Balderas, anteriores responsables de la dirección general del CFCRL, a quienes reprochan no haber intervenido frente a las irregularidades denunciadas.
Sánchez Cuazitl se desempeñaba como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y forma parte del equipo cercano al secretario Marath Bolaños.
Dado que el CFCRL es un organismo sectorizado a dicha secretaría, coincidió con Domínguez Marrufo en la implementación operativa del nuevo modelo de justicia laboral en México, por lo cual ambos funcionarios mantenían un trato constante.
Por otra parte, en el conflicto laboral de Notimex, Sánchez Cuazitl representó a la parte oficial, mientras que el abogado Arturo Alcalde, señalado por sus vínculos con Domínguez Marrufo, fue asesor jurídico de los trabajadores en el acuerdo de liquidación de la agencia de noticias del 3 de octubre de 2023.
Los trabajadores indicaron que Domínguez Marrufo y Arcos Balderas no atendieron sus llamados para aplicar la ley y cancelar el registro de Martínez Araiza, cuya reelección en abril de 2025 consideran ilegal.
Entre las presuntas anomalías de aquellos comicios mencionaron la presentación de una planilla única, alteraciones al padrón de votantes, la falta de un informe financiero y la ausencia de autoridades laborales.
Sin embargo, en un oficio enviado el 19 de mayo de 2025, Domínguez Marrufo reconoció al Comité Ejecutivo Nacional del SNAC mediante la toma de nota y lo exhortó a informar sobre el patrimonio gremial.
Los inconformes sostienen que Martínez Araiza no cumplió con esa obligación e incluso manifestó que no presentaría la información por temor a llamar la atención de algún cártel criminal.
Los trabajadores denunciaron estos hechos ante el CFCRL y solicitaron la cancelación del registro del dirigente y la realización de nuevos comicios, dentro del expediente 10/02788, pero aseguran que sus peticiones no fueron atendidas.
Sostienen que Sánchez Cuazitl, por su experiencia en compromisos internacionales en materia laboral y procesos de democracia sindical, cuenta con elementos para revisar las presuntas violaciones a la libertad sindical que atribuyen a la reelección de Martínez Araiza.
Domínguez Marrufo dejó la dirección general del CFCRL el 28 de julio pasado y Sánchez Cuazitl fue mencionado como posible sucesor. Sin embargo, el 1 de agosto se nombró como director provisional a Arcos Balderas.
Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una terna de aspirantes al Senado, integrada por David Alejandro Jiménez Padilla, Tey Wendolyne Retana Alarcón y José Luis Sánchez Cuazitl, quien finalmente fue electo con 112 votos de los 115 senadores presentes, el 10 de noviembre.
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