Caso Beat Cycle: ¿influencias panistas en Comercio Municipal de SLP?

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 11 de noviembre de 2026.- Ciertas decisiones del gobierno capitalino resultan contradictorias y terminan exhibiendo mucho más que un malentendido administrativo. El caso de BEAT Cycle + Train obliga a cuestionar cómo se ejerce la autoridad en el Ayuntamiento de Enrique Galindo Ceballos y, sobre todo, si los criterios de Comercio Municipal son iguales para todos o dependen de quién se inconforme y qué relaciones tenga con el poder en turno.

Dos mujeres emprendedoras apostaron por un proyecto dedicado a la actividad física. Invirtieron, buscaron un establecimiento, realizaron los procedimientos que les exigió el municipio, acudieron a Protección Civil, Vialidad, Uso de Suelo y Ecología, obtuvieron dictámenes favorables y realizaron los pagos correspondientes.

Según su testimonio, incluso recibieron la indicación de que únicamente debían esperar la expedición de su licencia y que no existía riesgo de clausura. Cinco días después, personal municipal llegó con la intención de cerrar el establecimiento. El argumento: una anuencia vecinal que, aseguran, nunca les solicitaron al inicio del procedimiento.

Las propietarias reunieron 30 firmas de vecinos a favor de su negocio, 18 de ellas ante notario. Sin embargo, siguen sin obtener una respuesta clara.

¿Quién determinó que ese requisito debía incorporarse cuando las emprendedoras ya habían recorrido las demás instancias municipales? Y aquí aparece una versión que merece ser investigada y aclarada. Desde los pasillos del Ayuntamiento circulan señalamientos sobre la posible intervención de la regidora panista, María Eugenia Castro, presuntamente motivada por la inconformidad de un familiar que reside en el sector.

No existe hasta ahora documentación que permita acreditar esa intervención. Pero si hubo alguna gestión política o personal ante Comercio Municipal, la ciudadanía tiene derecho a conocerla y saber si influyó en el procedimiento.

PERO LA DOBLE VARA NO TERMINA EN BEAT CYCLE

En avenida Carranza existe otro escenario que merece atención. Cantina La Pirinola, establecimiento propiedad del Chacho Gallardo, conocido personaje del ámbito empresarial y proveedor privilegiado del entorno municipal, cuyo negocio opera frente a la Beneficencia Española, además de encontrarse en una zona con otros establecimientos nocturnos estridentes.

En ese sector, las molestias por ruido, música a alto volumen y vehículos con equipos de sonido durante las noches de jueves a domingo han sido motivo de inconformidad.

La propia clínica se ha pronunciado por la problemática que representa el escándalo de los establecimientos circundantes: tienen pacientes que reciben atención médica, algunos en condiciones delicadas, mientras familiares y personal sanitario necesitan condiciones adecuadas para el descanso, la recuperación y el trabajo clínico.

¿Dónde está la misma diligencia de Comercio Municipal para atender esas denuncias? ¿Cuántas inspecciones se han realizado? ¿Qué medidas se han aplicado? ¿Se han impuesto sanciones o clausuras cuando se han acreditado incumplimientos?

No se trata de afirmar que un establecimiento tenga que cerrar por el simple hecho de vender bebidas alcohólicas, ni de negar el derecho de los negocios nocturnos a operar conforme a la ley, pero si se trata de escuchar a los vecinos, sobran denuncias públicas por el escándalo de antros en Himalaya y Centro Histórico.

OTRA GRAN CONTRADICCIÓN: LA CAPITAL DEL DEPORTE

Hace apenas unos días, el gobierno de Galindo presumía arrogantemente la “capacidad de convocatoria” del maratón de San Luis Potosí, las cifras de participación y el impulso a la actividad física. No hablaron de la obligatoriedad impuesta a trabajadores del gobierno municipal, claro está.

El discurso institucional habla de deporte, salud, bienestar y estilos de vida saludables.

Pero cuando dos mujeres emprendedoras intentan consolidar precisamente un proyecto de actividad física, se encuentran con un procedimiento municipal que, según su denuncia, cambia las condiciones después de que ya cumplieron con los requisitos que les fueron solicitados.

Enrique Galindo se reunió —el mismo día en que se hizo pública la denuncia— con integrantes del Consejo Empresarial Mexicano y defendió la relevancia de las micro, pequeñas y medianas empresas. Incluso manifestó su inconformidad ante lo que consideró un menosprecio a este sector.

Entonces ¿de qué sirve el discurso de respaldo a los emprendedores si las dependencias de su administración no les ofrecen certeza? Ángel de la Vega, director de Comercio Municipal, tiene que transparentar el origen del requisito de anuencia vecinal y los criterios con los que se inspeccionan los establecimientos nocturnos.

Si para unas emprendedoras el reglamento se convierte en barrera y para los establecimientos de sus aliados las molestias vecinales parecen no encontrar respuesta, tienen mucho que explicar.