El fracking y otras grietas que se abren en la Huasteca Potosina

El portentoso Kairos era un daimon de la mitología griega: la presencia invisible del instante en el que todo cambia, para recordarnos que el tiempo no debe diluirse en piloto automático ni como una cadena de obligaciones sin alma.

Si el momentum nos rebasa, ya no hay forma de volver. Agradezco siempre la oportunidad de agazaparme en estas líneas para intentar atesorarlo.

El fracking nunca desapareció del debate público, apenas lo postergaron a una suerte de latencia conveniente, lo que escuchamos hoy es solo un cambio de narrativa para matizar el rompimiento de una promesa demasiado simbólica: “No vamos a permitir el fracking en México”, era el punto 75 de los 100 compromisos anunciados en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018 por Andrés Manuel López Obrador.

Lo repitió, como la tabla del uno, en la plaza a los Fundadores de la capital potosina; también lo sostuvo en el discurso público de las giras y conferencias mañaneras, hasta incorporarlo al paquete de iniciativas presentado el 5 de febrero de 2024.

Claudia Sheinbaum ya era candidata y asumía el tema como propio. Ocho años después solo modifica el lenguaje, luego introducirá excepciones, vendrán los proyectos piloto a hurtadillas y, cuando menos lo esperemos, será política pública.

En las faldas exuberantes de la serranía, entre la bravura de sus ríos y la humedad selvática de la Huasteca Potosina, subyace una geografía de interés energético.

La Cuenca Tampico-Misantla, donde convergen municipios como Ébano (cuna del oro negro), Tamuín o Ciudad Valles, es desde hace años un depósito de gas no convencional. El recurso existe, y la disyuntiva nunca ha sido su presencia, sino el costo de extraerlo.

El reciente posicionamiento presidencial introduce un matiz aún más revelador. En el marco del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, la narrativa se desplaza hacia la “soberanía energética” y el aprovechamiento de recursos bajo esquemas tecnológicos supuestamente más sustentables.

La respuesta no se hizo esperar y el 8 de abril de 2026, representantes indígenas de la Huasteca y la Cuenca del Golfo fijaron una postura inequívoca: rechazo absoluto a cualquier intento de reactivar la fractura hidráulica, sería declararles la guerra. No es una reacción menor ni meramente simbólica. En su pronunciamiento advierten que cualquier proyecto de esta naturaleza carecería de validez jurídica sin una consulta previa, libre e informada, conforme al artículo 2° constitucional y al Convenio 169 de la OIT. No leemos un diferendo ambiental: es una disputa por derechos.

Hablan del agua -no como recurso abstracto, sino como sustento-, de los millones de litros que cada pozo exigiría extraer de acuíferos que hoy sostienen la vida cotidiana en esa cordillera verde. Desmontan la narrativa de un supuesto “fracking ecológico” y la nombran por lo que es: una falacia técnica.

Estas organizaciones no solo han resistido históricamente los embates extractivos; también han sido parte aguerrida de la base social que acompañó al obradorismo y ahora a su extensión en la figura de Sheinbaum. Creyeron en esa narrativa de transformación, en la promesa de no repetir decisiones que comprometieran sus territorios. La hicieron propia.

Hoy, esa relación entra en una zona de tensión que cobrará facturas al chocar con una de sus bases más leales: las comunidades indígenas y rurales. Ahora el fracking no solo representa una técnica extractiva, sino que se ha convertido en una línea de definición quirúrgica que empuja esta relación al terreno de lo exangüe.

La disputa será entre un modelo que insiste en exprimir el subsuelo con argucias, frente a otro que reivindica la permanencia de lo que nace arriba de él, enarbolando las banderas de la dignidad, el petrimonio de los pueblos y la congruencia.

En San Luis, el pueblo bueno ya eligió bando.

REMANENTES

Hablemos de números en el México real. Remontándonos al inicio del último proceso electoral, el 7 de septiembre de 2023, y hasta su conclusión, fueron asesinados más de 30 políticos en este país; además, en los últimos siete años han caído al menos 25 gobernantes por vínculos con crimen organizado y otros delitos más encarnizados, como homicidio y extorsión.

¿Le cuento de cuál partido fue la mayoría?, ¡acertó! Ocho militaban en Morena, el último fue Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, acusado de tener nexos delictivos con un cartel de esa entidad. le siguieron cuatro del PRI y cuatro de MC, otros tres del PRD y uno en cada partido: PAN, PT, PVEM, Fuerza por México, Pacto Social y Chiapas Unido.

En esta semana los partidos políticos de San Luis Potosí -PAN, PVEM y PRI, en ese orden- comenzaron actividades internas de organización y fortalecimiento territorial de cara a la selección de candidatos para el proceso 2027; y en todos los casos el discurso se centró en la aplicación de candados, filtros, exámenes y demás conceptos de control interno, para evitar postular a personajes con vínculos criminales. El tema no es menor, solo se ha normalizado, aunque de hecho llega algo tarde a la conversación pública.

El fondo de la discusión nos revela un cambio de época, una muy desesperanzadora, en la política mexicana. Aquí ya no se trata de estándares de formación, trayectoria, capacidad ni simpatía con la gente, sino de quién pasa un filtro de criminalidad ante frecuentes señalamientos y un golpe de realidad ineludible: el dinero, la influencia, el poder de decisión (para poner, quitar o eliminar) de las células delictivas está metido hasta el tuétano en campañas, selección de candidatos, aval de ganadores, y sometimiento de gobernantes. Es lo que es.