Prevén derrama de 610 mdp por Xantolo en SLP
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 25 de octubre de 2026.- Una mujer que denuncia violencia no debería tener que reconstruir una y otra vez la experiencia que vivió solo porque las instituciones no comparten información entre sí.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso incorporar disposiciones para fortalecer el derecho de las mujeres a no ser revictimizadas durante los procesos de atención, además de reforzar la protección de su identidad, sus datos personales y la manera en que las autoridades se comunican con ellas.
La propuesta plantea evitar que las instituciones soliciten repetidamente información que ya obra en sus registros cuando esas peticiones no sean necesarias para investigar los hechos o dar seguimiento al caso.
La legisladora aclaró que el objetivo no es impedir que las autoridades recaben datos indispensables para una investigación o procedimiento, sino reducir las solicitudes innecesarias que pueden provocar desgaste emocional a las víctimas.
Otro de los puntos de la iniciativa es reforzar la confidencialidad de la información de las mujeres, sus familias y las víctimas indirectas. Esto incluye datos de contacto, domicilios, ubicación y cualquier información cuya divulgación pueda poner en riesgo su seguridad.
La propuesta también contempla el derecho a recibir comunicaciones institucionales de manera segura y confidencial, así como la posibilidad de elegir, cuando sea viable, el medio por el cual desean mantener contacto con las autoridades que atienden su caso.
Este aspecto cobra relevancia cuando una llamada, un mensaje o una notificación puede exponer a una mujer ante la persona que presuntamente ejerce violencia contra ella. Por ello, la iniciativa busca que la comunicación institucional considere las condiciones de seguridad de cada caso.
La reforma plantea, además, fortalecer el derecho de las mujeres a recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el avance de los trámites judiciales y administrativos.
La intención es que las víctimas puedan comprender las actuaciones de las autoridades y conocer las opciones disponibles para su atención, en lugar de enfrentar procedimientos cuya información resulte inaccesible.
La iniciativa busca fortalecer la atención de mujeres y niñas en situación de violencia, particularmente frente a los riesgos relacionados con el manejo de información y el uso de tecnologías de comunicación.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis. Por ahora, se trata de una propuesta legislativa y no de una reforma aprobada.





