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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 18 de noviembre de 2026.- Las personas que incumplan con el pago de pensiones alimenticias podrían enfrentar restricciones para realizar diversos trámites, obtener licencias de conducir o participar como candidatas en procesos electorales, de aprobarse una reforma que ya recibió el aval de tres comisiones del Congreso de San Luis Potosí.
El dictamen fue aprobado por unanimidad por las comisiones Segunda de Justicia, Movilidad, Comunicaciones y Transportes, y Régimen Interno y Asuntos Electorales. La propuesta reúne siete iniciativas y será turnada al Pleno para su discusión y votación.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que uno de los principales cambios consiste en establecer el carácter público del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, en concordancia con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
De acuerdo con el dictamen, cuando una persona acumule 30 días naturales ininterrumpidos de incumplimiento de sus obligaciones alimentarias, podrá ser considerada deudora alimentaria morosa.
A petición de la parte interesada, la autoridad judicial podrá ordenar su inscripción en el padrón estatal.
La administración del registro quedaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, responsable de integrar, administrar, actualizar y resguardar la información.
La reforma también plantea que el padrón sea público, bajo las disposiciones de protección de datos personales. En particular, se establece que la información de niñas, niños y adolescentes deberá mantenerse protegida.
Además, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal tendría acceso a la base de datos para fines estadísticos y de análisis.

Entre las medidas contempladas en el dictamen se encuentra exigir un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y en el padrón estatal para realizar determinados trámites o procedimientos ante autoridades estatales y municipales.
Los supuestos señalados incluyen:
Estas disposiciones forman parte del dictamen aprobado en comisiones y todavía están sujetas a la votación del Pleno.
La propuesta también contempla homologar la información del padrón estatal con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Una vez que la persona haya cumplido con la obligación pendiente, podría obtener un certificado que acredite que ya no se encuentra inscrita. Para ello, se plantea habilitar un sitio institucional que permita generar el documento automáticamente y sin costo.
Otro aspecto de la reforma se refiere al cálculo de las pensiones alimenticias cuando no sea posible comprobar el salario o los ingresos de la persona deudora.
En esos casos, la autoridad judicial deberá considerar la capacidad económica y el nivel de vida que hayan mantenido durante los últimos dos años tanto la persona deudora como quienes reciben los alimentos, para estimar un ingreso mensual y establecer un porcentaje como monto de la pensión.
La diputada Gabriela López Torres señaló que el objetivo de las modificaciones es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Con la aprobación en comisiones, el dictamen quedó listo para continuar su trámite legislativo. Su aplicación dependerá de que sea aprobado por el Pleno y concluya el procedimiento correspondiente.





