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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 18 de noviembre de 2026.- La disputa por la clausura del gimnasio Beat escaló luego de que sus representantes señalaran públicamente a la regidora panista Maru Castro de presuntamente intervenir para frenar la reapertura del establecimiento, a través de gestiones ante la Dirección de Comercio Municipal.
Aseguran que la funcionaria es prima de uno de los vecinos que presentó inconformidades por el funcionamiento del negocio.
A través de sus redes sociales, las jóvenes que administran el gimnasio expusieron una serie de presuntas irregularidades en el procedimiento municipal y defendieron que cumplieron con las modificaciones y requisitos que les fueron solicitados para continuar operando.
El conflicto comenzó en mayo, cuando, según su versión, recibieron una queja por ruido presentada por una sola vivienda, situación que aseguran atendieron con la instalación de una ventana antirruido con un costo de 17 mil pesos.
Las representantes afirmaron que el establecimiento realizó adecuaciones por alrededor de 80 mil pesos, redujo el volumen de sus actividades, retiró micrófonos y estableció nuevos reglamentos para evitar molestias.
También señalaron que de los 33 vecinos de la zona, 30 firmaron cartas de anuencia y que, durante las conversaciones iniciales, ninguno les manifestó inconformidad con el funcionamiento del gimnasio, salvo el domicilio que presentó la queja.
De acuerdo con su relato, inicialmente personal de Comercio les indicó que el establecimiento no era considerado de alto impacto y que bastaba con presentar las cartas de anuencia.
Incluso, aseguraron que el 27 de julio recibieron una licencia provisional por 90 días. Sin embargo, posteriormente surgieron diferencias durante el procedimiento de anuencia vecinal, luego de que una inspección coincidiera con una reunión organizada por la regidora Maru Castro, en la que, señalaron, los vecinos inconformes acompañaron a los inspectores.
Las jóvenes cuestionaron que se les notificara una supuesta negativa vecinal sin entregarles documentos oficiales, pruebas ni información suficiente para conocer cómo se determinó el resultado.
Añadieron que elaboraron una nueva anuencia ante notario y la ingresaron a Comercio, pero nunca recibieron respuesta.
Pese a ello, aseguraron que posteriormente consiguieron los cuatro dictámenes requeridos, ingresaron su trámite en la ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y realizaron el pago correspondiente, luego de que el procedimiento fuera aprobado.
No obstante, denunciaron que dos semanas después intentaron retirarles el pago sin explicarles el fundamento y que la negativa escrita de la licencia fue presentada cuando ya había vencido el permiso provisional.
También aclararon que, según su versión, el juez no ordenó la clausura del establecimiento y que mantienen abierto un amparo para intentar revertir la negativa de la licencia.
Las administradoras sostuvieron que buscaron respuestas ante la Dirección de Comercio, con regidores —incluida Maru Castro—, representantes de cámaras empresariales y el alcalde Enrique Galindo Ceballos, pero afirmaron que no obtuvieron una solución.
Incluso, señalaron que después de la intervención de la regidora dejaron de avanzar las conversaciones que mantenían con Comercio.
El caso genera cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades municipales y la transparencia de los procedimientos para otorgar licencias.
Las representantes de Beat sostienen que cuentan con documentación para acreditar los trámites realizados y que continuarán por la vía legal para buscar la reapertura del gimnasio.
