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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 17 de noviembre de 2026.- María de Jesús Almendárez Prieto denunció públicamente una presunta revictimización por parte de la abogada Natalia Castillo, a quien acusa de difundir información falsa sobre una supuesta compensación económica que habría recibido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí.
La denunciante señaló que Castillo realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en la que presuntamente afirmó que la CEDH le había entregado dinero como reparación del daño por su caso, situación que Almendárez Prieto rechazó.
Las acusaciones surgieron después de que María de Jesús Almendárez y Silvia Castillo acudieran a una sesión ordinaria del Congreso del Estado, donde solicitaron que la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, atendiera sus respectivos casos.
Almendárez Prieto sostuvo que la información difundida por la abogada es falsa, pues señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene facultades para entregar directamente compensaciones económicas a las víctimas, sino que emite recomendaciones dirigidas a las autoridades correspondientes.
La mujer advirtió que las declaraciones podrían poner en riesgo su integridad y la de su hijo, a quien identificó como víctima colateral de su situación, debido a que la difusión de una supuesta compensación económica podría exponerlos a intentos de extorsión.
“Natalia Castillo no me representa”, afirmó Almendárez Prieto, al deslindarse de la abogada y cuestionar las acciones que, aseguró, se realizan en nombre de las víctimas.
También denunció que el colectivo encabezado por Castillo presuntamente ha obstaculizado su acercamiento a la CEDH, después de que se negara a participar en una protesta organizada por la agrupación y a presentar una denuncia penal contra la titular del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
De acuerdo con su testimonio, esta situación ha generado un nuevo conflicto en su búsqueda de atención institucional, por lo que cuestionó si las acciones del colectivo realmente responden a los intereses de las personas que buscan justicia.
Almendárez Prieto consideró que las víctimas no deberían enfrentar presiones ni condicionamientos para acceder a los mecanismos institucionales de protección de sus derechos.
Ante lo ocurrido, exigió a Natalia Castillo retirar inmediatamente el video en el que, según su denuncia, se difundió información sobre su caso sin su consentimiento.
Asimismo, pidió a la abogada abstenerse de realizar nuevas declaraciones que puedan perjudicarla o exponer a su familia, al considerar que estas acciones constituyen una forma de revictimización.
Finalmente, advirtió que, de continuar la situación, solicitará la intervención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para buscar apoyo ante lo que considera una afectación a sus derechos y a su seguridad.
Las acusaciones corresponden al testimonio de María de Jesús Almendárez Prieto. Hasta el momento, no se incluye una postura de Natalia Castillo ni una confirmación independiente sobre el contenido de la transmisión señalada.





