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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 17 de noviembre de 2026.- La experiencia de vivir con enfermedades crónicas y enfrentar durante años tratamientos médicos que transformaron su vida llevó a Samara Martínez a convertir el dolor en una causa social: defender la autonomía de los pacientes y abrir el debate sobre el derecho a una muerte digna. Ese fue el eje de la conferencia “Del dolor a la acción”, que impartió el 12 de noviembre en el auditorio del Centro de Investigación y Atención a la Salud y el Medio Ambiente (Ciacyt) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La impulsora de la Ley Trasciende compartió su trayectoria como paciente, marcada por distintos padecimientos y tratamientos prolongados, entre ellos hemodiálisis y trasplantes. Explicó que recibir un diagnóstico de enfermedad crónica modifica por completo la perspectiva de vida, no solo por las consecuencias físicas, sino también por las limitaciones económicas, emocionales y sociales que implica. “Durante muchos años fuimos la enfermedad y yo”, expresó al recordar el proceso de aprender a vivir con su condición.
Uno de los episodios que marcaron su historia fue presenciar la muerte de otro paciente mientras ambos recibían hemodiálisis. Aquella experiencia la enfrentó directamente con la posibilidad de atravesar un desenlace similar y, según relató, la hizo reflexionar sobre la pérdida progresiva de capacidades, autonomía y oportunidades para decidir sobre el propio cuerpo.
Durante su exposición, señaló que las enfermedades crónicas no representan únicamente un desafío médico: también pueden comprometer la economía familiar, la vivienda, la alimentación y la libertad personal. Cuestionó que, en determinadas circunstancias, las decisiones sobre los tratamientos y el final de la vida puedan quedar en manos de médicos o familiares, mientras la voluntad del paciente pasa a segundo plano.
A partir de esa experiencia surgió la Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana que busca abrir la discusión legislativa sobre la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido en México. La propuesta plantea modificar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, disposición que actualmente sanciona estas prácticas, para reconocer opciones de decisión a personas adultas con enfermedades irreversibles, crónico-degenerativas o en etapa terminal, siempre que conserven sus facultades mentales.
Entre los mecanismos que contempla la iniciativa se encuentran la valoración de dos médicos, la formalización de la decisión ante notario y su ratificación posterior, además del respeto a la objeción de conciencia del personal de salud. Se trata de una propuesta que busca llevar al ámbito legislativo una discusión compleja sobre los límites de la intervención médica, la voluntad individual y los derechos de quienes enfrentan sufrimientos prolongados.
Martínez aclaró que el movimiento no pretende imponer una decisión ni sustituir los cuidados médicos, sino ampliar la discusión sobre las alternativas disponibles para personas que atraviesan condiciones de sufrimiento irreversible. En su planteamiento, la autonomía, la dignidad y la libertad individual deben formar parte de la conversación, junto con el acceso a cuidados paliativos y la atención integral de los pacientes.
Con el mensaje “Del dolor a la acción”, convocó a estudiantes, personal académico y trabajadores del sector salud a participar en un debate que suele permanecer fuera de la conversación pública, pese a sus implicaciones médicas, legales, éticas y humanas: quién debe decidir cuando una persona enfrenta el final de su vida y cuáles son las condiciones para que esa decisión sea respetada.




