Se suma Morena al no fracking!. El azar de la recaudación

En el Congreso se cocina una jugada arriesgada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Édgar Amador Zamora, impulsa elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 30 a 50 por ciento a los juegos con apuestas y sorteos, tanto presenciales como en línea. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, busca recaudar más de 5 mil millones de pesos adicionales, un 35 por ciento más que en 2025. Pero el riesgo de que esta apuesta fiscal salga mal es alto, y no por falta de cálculo técnico, sino por desconocer cómo funciona realmente este sector.

El dictamen será votado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el morenista Carol Antonio Altamirano, y podría subir al pleno esta misma semana. De aprobarse, entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Se aplicaría incluso a plataformas extranjeras que operan sin licencia en México, con la amenaza de ser bloqueadas si no pagan impuestos. Lo que no explica Hacienda es cómo pretende fiscalizar un mercado donde el 60 por ciento de las operaciones en línea ya son ilegales.

El argumento oficial es simple. México grava menos que otros países. En Francia el impuesto puede llegar hasta 83.5%, en Reino Unido y Polonia es de 50%, en Argentina 41.5%, en España 39.4% y en Brasil 38.8%. Sin embargo, los expertos recuerdan que esas comparaciones son engañosas. En Francia, por ejemplo, la tasa máxima sólo aplica a ganancias millonarias; en Reino Unido se calcula sobre ingresos brutos, no sobre utilidades. 

Lo preocupante es que el golpe lo resentirán los operadores legales, que ya generan más de 10 mil millones de pesos al año en contribuciones y sostienen más de 60 mil empleos directos. Con una carga impositiva del 50%, advierten analistas, hasta 80 por ciento del negocio podría migrar a la informalidad, donde hoy operan unos 4,500 sitios ilegales. El efecto, paradójicamente, sería menor recaudación y mayor evasión.

México se ha convertido en uno de los mercados de iGaming más grandes de América Latina. Solo el segmento de apuestas deportivas en línea podría alcanzar ingresos de 1,740 millones de dólares hacia 2028, dentro de una industria valuada en más de 3,700 millones de dólares para ese año. Pero con reglas inciertas y una fiscalización punitiva, ese crecimiento puede frenarse en seco. La iniciativa incluso permite sancionar o suspender temporalmente a operadores que no acrediten pagos, sin distinguir entre legales e ilegales.

Hacienda intenta justificar el aumento bajo un argumento “extrafiscal”: desalentar la ludopatía y destinar los recursos adicionales a programas de salud. Pero los fiscalistas son claros y el objetivo es recaudatorio. No se trata de proteger a los jugadores, sino de llenar las arcas públicas. Y hacerlo a costa de un sector que ya compite en desventaja frente al juego clandestino y a las plataformas extranjeras.

El riesgo de esta apuesta es evidente: a mayor carga impositiva, menor recaudación. Sin una reforma integral que actualice la ley de juegos y sorteos —vigente desde 1947— y sin estrategias reales contra la ilegalidad digital, este incremento al IEPS será un tiro al aire. Y uno muy costoso.

*** La ven con buenos ojos

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside Ricardo Zaragoza Ambrosi, manifestó su respaldo a la nueva Ley Aduanera que entrará en vigor el 1° de enero de 2026, al considerar que representa un paso hacia aduanas más modernas, eficientes y con reglas claras. 

Para el gremio, el marco legal fortalecerá la competitividad nacional y la certidumbre operativa en el comercio exterior, además de consolidar un trabajo coordinado con las autoridades hacendarias y aduaneras para garantizar una correcta implementación de la reforma.

El organismo coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en que la legalidad no debe verse como obstáculo para la competitividad, sino como base para fortalecer la economía y la confianza en las instituciones. Con 38 asociaciones afiliadas, la CAAAREM aseguró estar lista para aplicar las nuevas disposiciones, buscando que sus beneficios se traduzcan en operaciones más ágiles, transparentes y seguras para el país.

*** Se suman diputados de Morena al "no fracking"

Veracruz y San Luis Potosí, exigen al gobierno de México cumpla con la promesa de prohíbir el fracking.

Científicos de Estados Unidos y México señalan que el fracking además de no ser rentable económicamente, agravaría la crisis hídrica y detonaría una crisis de salud.

Legisladores de las bancadas de Morena y PT suman esfuerzos y llaman a todo el poder Legislativo a cumplir con el mandato popular y prohibir el fracking.

Con una exposición fotográfica que muestra infraestructura, impactos y la resistencia al fracking junto con el Foro, “Fracking en México, riesgos, impactos y resistencias” que reunió las voces de

científicos, organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, se llevó al Congreso de la Unión la clara exigencia de prohibir el fracking en México.

Aunque el llamado general de la población para que se prohíba el fracking en México ha tenido eco tanto en el gobierno de López Obrador como en el de la actual Presidenta Sheinbaum, la promesa de prohibición sigue sin concretarse, dejando abierta la puerta a su realización a través de los planes de Pemex presentados en su Plan Estratégico 2025-2035 donde se señala claramente la intención de explorar y extraer de campos en yacimientos no convencionales los cuales implican el uso del fracking.

Las razones para su prohibición fueron expuestas durante el Foro. En Estados Unidos, país líder en la utilización de esta técnica, los daños son cada vez más evidentes con el incremento exponencial del uso de agua. 

En la cuenca Pérmica se ha reportado un incremento de 770% en el consumo medio de agua por pozo, pasando de 4.9 millones de litros por pozo en 2011, a 42.5 millones de litros en 2016, generando además una crisis en la deposición de aguas residuales que hoy en día es un tema acuciante en Texas. 

Otro de los aspectos alarmantes, cada vez son más evidentes en Estados Unidos, son los daños a la salud pública relacionados con la perforación, el fracking y la infraestructura asociada, como: cáncer, asma, enfermedades respiratorias, erupciones cutáneas, problemas cardíacos y problemas de salud mental, además de daños a la salud infantil, incluyendo defectos congénitos, parto prematuro y bajo peso al nacer. 

Los daños a la infancia incluyen leucemia y asma. Las personas mayores que viven cerca de pozos de fracking tienen una esperanza de vida más corta y problemas cardíacos.

En el Foro además se expusieron los impactos al medio ambiente que cada vez son más graves en regiones como el norte de Veracruz, donde los derrames y fugas generados por la industria petrolera

son constantes y la capacidad institucional para atenderlos y reparar el daño es mínima, dejando en las manos de poblaciones rurales e indígenas los costos de atender los daños a la salud y sus cultivos.

*** Ambiciones reactivadas

TOME NOTA *** Se dice que el senador Manuel Añorve Baños ya activó sus redes con miras a la gubernatura de Guerrero en 2027, y aunque su historial en las urnas no deslumbra, su ambición permanece intacta. Según voces cercanas, ya trabaja en su recaudación de recursos y movimientos estratégicos para apuntalar su campaña 2027. 

No es secreto que desde el Senado, juega sus piezas: su hijo Manuel Añorve Aguayo es parte del equipo de la senadora Karla Toledo y con un sueldo bruto de 100 mil pesos mensuales revela algo más que un nombramiento menor. 

Y es el también coordinador priista en la Cámara Alta, ha cultivado un legado de operadores cercanos: Jorge Añorve, otro de sus hijos, militó en la SCT durante el sexenio de Peña Nieto, justo cuando los escándalos de corrupción empañaban al gobierno. Negaciones públicas hay muchas, pero no se pueden ignorar los señalamientos que persiguieron su nombre desde su alcaldía en Acapulco y campañas previas.

Por Georgina Howard 

* Se suma Morena al no fracking!

El azar de la recaudación

En el Congreso se cocina una jugada arriesgada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Édgar Amador Zamora, impulsa elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 30 a 50 por ciento a los juegos con apuestas y sorteos, tanto presenciales como en línea. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, busca recaudar más de 5 mil millones de pesos adicionales, un 35 por ciento más que en 2025. Pero el riesgo de que esta apuesta fiscal salga mal es alto, y no por falta de cálculo técnico, sino por desconocer cómo funciona realmente este sector.

El dictamen será votado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el morenista Carol Antonio Altamirano, y podría subir al pleno esta misma semana. De aprobarse, entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Se aplicaría incluso a plataformas extranjeras que operan sin licencia en México, con la amenaza de ser bloqueadas si no pagan impuestos. Lo que no explica Hacienda es cómo pretende fiscalizar un mercado donde el 60 por ciento de las operaciones en línea ya son ilegales.

El argumento oficial es simple. México grava menos que otros países. En Francia el impuesto puede llegar hasta 83.5%, en Reino Unido y Polonia es de 50%, en Argentina 41.5%, en España 39.4% y en Brasil 38.8%. Sin embargo, los expertos recuerdan que esas comparaciones son engañosas. En Francia, por ejemplo, la tasa máxima sólo aplica a ganancias millonarias; en Reino Unido se calcula sobre ingresos brutos, no sobre utilidades. 

Lo preocupante es que el golpe lo resentirán los operadores legales, que ya generan más de 10 mil millones de pesos al año en contribuciones y sostienen más de 60 mil empleos directos. Con una carga impositiva del 50%, advierten analistas, hasta 80 por ciento del negocio podría migrar a la informalidad, donde hoy operan unos 4,500 sitios ilegales. El efecto, paradójicamente, sería menor recaudación y mayor evasión.

México se ha convertido en uno de los mercados de iGaming más grandes de América Latina. Solo el segmento de apuestas deportivas en línea podría alcanzar ingresos de 1,740 millones de dólares hacia 2028, dentro de una industria valuada en más de 3,700 millones de dólares para ese año. Pero con reglas inciertas y una fiscalización punitiva, ese crecimiento puede frenarse en seco. La iniciativa incluso permite sancionar o suspender temporalmente a operadores que no acrediten pagos, sin distinguir entre legales e ilegales.

Hacienda intenta justificar el aumento bajo un argumento “extrafiscal”: desalentar la ludopatía y destinar los recursos adicionales a programas de salud. Pero los fiscalistas son claros y el objetivo es recaudatorio. No se trata de proteger a los jugadores, sino de llenar las arcas públicas. Y hacerlo a costa de un sector que ya compite en desventaja frente al juego clandestino y a las plataformas extranjeras.

El riesgo de esta apuesta es evidente: a mayor carga impositiva, menor recaudación. Sin una reforma integral que actualice la ley de juegos y sorteos —vigente desde 1947— y sin estrategias reales contra la ilegalidad digital, este incremento al IEPS será un tiro al aire. Y uno muy costoso.

*** La ven con buenos ojos

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside Ricardo Zaragoza Ambrosi, manifestó su respaldo a la nueva Ley Aduanera que entrará en vigor el 1° de enero de 2026, al considerar que representa un paso hacia aduanas más modernas, eficientes y con reglas claras. 

Para el gremio, el marco legal fortalecerá la competitividad nacional y la certidumbre operativa en el comercio exterior, además de consolidar un trabajo coordinado con las autoridades hacendarias y aduaneras para garantizar una correcta implementación de la reforma.

El organismo coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en que la legalidad no debe verse como obstáculo para la competitividad, sino como base para fortalecer la economía y la confianza en las instituciones. Con 38 asociaciones afiliadas, la CAAAREM aseguró estar lista para aplicar las nuevas disposiciones, buscando que sus beneficios se traduzcan en operaciones más ágiles, transparentes y seguras para el país.

*** Se suman diputados de Morena al "no fracking"

Veracruz y San Luis Potosí, exigen al gobierno de México cumpla con la promesa de prohíbir el fracking.

Científicos de Estados Unidos y México señalan que el fracking además de no ser rentable económicamente, agravaría la crisis hídrica y detonaría una crisis de salud.

Legisladores de las bancadas de Morena y PT suman esfuerzos y llaman a todo el poder Legislativo a cumplir con el mandato popular y prohibir el fracking.

Con una exposición fotográfica que muestra infraestructura, impactos y la resistencia al fracking junto con el Foro, “Fracking en México, riesgos, impactos y resistencias” que reunió las voces de

científicos, organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, se llevó al Congreso de la Unión la clara exigencia de prohibir el fracking en México.

Aunque el llamado general de la población para que se prohíba el fracking en México ha tenido eco tanto en el gobierno de López Obrador como en el de la actual Presidenta Sheinbaum, la promesa de prohibición sigue sin concretarse, dejando abierta la puerta a su realización a través de los planes de Pemex presentados en su Plan Estratégico 2025-2035 donde se señala claramente la intención de explorar y extraer de campos en yacimientos no convencionales los cuales implican el uso del fracking.

Las razones para su prohibición fueron expuestas durante el Foro. En Estados Unidos, país líder en la utilización de esta técnica, los daños son cada vez más evidentes con el incremento exponencial del uso de agua. 

En la cuenca Pérmica se ha reportado un incremento de 770% en el consumo medio de agua por pozo, pasando de 4.9 millones de litros por pozo en 2011, a 42.5 millones de litros en 2016, generando además una crisis en la deposición de aguas residuales que hoy en día es un tema acuciante en Texas. 

Otro de los aspectos alarmantes, cada vez son más evidentes en Estados Unidos, son los daños a la salud pública relacionados con la perforación, el fracking y la infraestructura asociada, como: cáncer, asma, enfermedades respiratorias, erupciones cutáneas, problemas cardíacos y problemas de salud mental, además de daños a la salud infantil, incluyendo defectos congénitos, parto prematuro y bajo peso al nacer. 

Los daños a la infancia incluyen leucemia y asma. Las personas mayores que viven cerca de pozos de fracking tienen una esperanza de vida más corta y problemas cardíacos.

En el Foro además se expusieron los impactos al medio ambiente que cada vez son más graves en regiones como el norte de Veracruz, donde los derrames y fugas generados por la industria petrolera

son constantes y la capacidad institucional para atenderlos y reparar el daño es mínima, dejando en las manos de poblaciones rurales e indígenas los costos de atender los daños a la salud y sus cultivos.

*** Ambiciones reactivadas

TOME NOTA *** Se dice que el senador Manuel Añorve Baños ya activó sus redes con miras a la gubernatura de Guerrero en 2027, y aunque su historial en las urnas no deslumbra, su ambición permanece intacta. Según voces cercanas, ya trabaja en su recaudación de recursos y movimientos estratégicos para apuntalar su campaña 2027. 

No es secreto que desde el Senado, juega sus piezas: su hijo Manuel Añorve Aguayo es parte del equipo de la senadora Karla Toledo y con un sueldo bruto de 100 mil pesos mensuales revela algo más que un nombramiento menor. 

Y es el también coordinador priista en la Cámara Alta, ha cultivado un legado de operadores cercanos: Jorge Añorve, otro de sus hijos, militó en la SCT durante el sexenio de Peña Nieto, justo cuando los escándalos de corrupción empañaban al gobierno. Negaciones públicas hay muchas, pero no se pueden ignorar los señalamientos que persiguieron su nombre desde su alcaldía en Acapulco y campañas previas.