INE: disputa por el poder, no por la democracia

La organización de la marcha por la inmovilidad del Instituto Nacional Electoral no es una expresión nueva de una parte de la sociedad organizada ni la construcción de un nuevo régimen democrático. Se trata de revivir las luchas de 2006, 2012 y 2018 para impedir la victoria política de Andrés Manuel López Obrador y su propuesta de reorganización sistémica.

La presencia en la marcha organizada por la Coparmex-Claudio X. González y los partidos de oposición subordinados de figuras que combatieron a López Obrador desde 1988 hasta su victoria electoral en 2018 ilustra la verdadera dimensión que lo que está en disputa: el poder político a través del control del órgano electoral que realiza elecciones, cuenta votos y define ganadores.

De un lado, la derecha política que ya entendió que el modelo productivo capitalista con subsidio del Estado depende del control directo del Gobierno; del otro lado, las fuerzas progresistas que nunca fueron izquierda socialista y que se nutrieron del populismo bonapartista priista para controlar la producción a través de la administración directa del Estado y su instrumentos coercitivos, y que se ha conformado por llegar a un modelo económico de capitalismo dominante de Estado vía el control autoritario de los poderes empresariales.

Ni el funcionamiento actual del INE garantiza la democracia, ni la reforma propuesta por el presidente López Obrador contribuye a transitar otro paso hacia democracias procedimentales; los dos modelos dependen del control político del Instituto para beneficiar a los grupos que impulsan cada una de las dos propuestas de desarrollo. En el realineamiento de alianzas, los representantes del viejo régimen priista que salieron a gritar a favor del INE no buscaron solo la purificación de sus pecados, sino que quieren regresar del brazo del modelo empresarial a volver a controlar el Estado desde el poder fáctico del dinero privado.

Lo malo de esta disputa por el INE es que ninguno de los dos proyectos ayudará a la democracia y cualquiera de los dos tergiversará el ejercicio del poder social a través del voto. La propia configuración del INE a través que un consejo electoral como embudo democratizador y como representante de los poderes fácticos del centro-ultraderecha o el regreso del Instituto al control directo desde la rama ejecutiva solo garantizan la posibilidad de conflictos electorales y poselectorales.

La parte más perversa del asunto radica en el discurso del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello de que el apoyo social podría fortalecer al Instituto como garante de la democracia, pero un escenario en el que la democracia es el ejercicio de las decisiones por una mayoría y Morena cuenta con esa mayoría que le daría prioridad a sus iniciativas de reorganización sistémica. Es decir, que Córdoba aparece como un populista vulgar que usa al pueblo para mantener la vigencia de un sistema político de representación elitista.

De manera lamentable, la ruptura sistémica ha venido careciendo desde 1968 de un proyecto de reforma institucional para instaurar una República de instituciones y leyes y no un sistema político conducido por el Ejecutivo populista o el Ejecutivo neoliberal, pero siempre centrando el poder dominante de una fuerza que se impone sobre la mayoría.

Lo que ha reventado las protestas en México de 1968 a la marcha del 2022 ha sido la inexistencia de una fuerza coherente que busque la transición de México a una República de leyes e instituciones, toda vez que la democracia no es un objetivo sistémico sino un conjunto de prácticas para el ejercicio de la libertad inclusive en contra de la propia democracia, un problema que ha proliferado en los tiempos recientes del populismo y que se quiere subsanar con la dictadura social que defiende el establishment elitista.

El país dictatorial de los tiempos del PRI quiere revivir el grupo Coparmex-Señor X. del brazo de Roberto Madrazo Pintado, Elba Esther Gordillo, el PRI, Vicente Fox, el PAN, el PRD como partido del neoliberalismo salinista, Beatriz paredes del corporativismo autoritario campesino y muchos priistas que fueron recibidos con aplausos y felicitaciones en la marcha del domingo 13.

Al final de cuentas, se va a imponer la ley de hierro del sistema político mexicano aún priista: quien tiene el poder administra la imposición de decisiones, en mayor o menor medida, sobre todo porque la sociedad de clase media sin educación ideológica salió a exigir que el INE no se toca cuando el Instituto electoral ha sido tocado con las manos sucias de todos los protagonistas políticos.