Filosofía sin escrúpulos
El pasado fin de semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó una gira de trabajo por Baja California y Sonora en la que inauguró y supervisó varias obras de infraestructura que consideró “históricas” para el norte del país.
En Tijuana abrió la primera etapa del viaducto elevado y el nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; en Ensenada puso en marcha el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Marina; y en San Quintín presentó un plan de justicia para trabajadores agrícolas.
Sumado al corte de listón de dichas obras, está el reciente desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina en el Valle de la Trinidad, que viene a confirmar que la lucha contra el narcotráfico en Baja California no es solo discursiva, sino operativa.
Se trata de una instalación con capacidad para producir hasta 100 kilos de droga sintética por semana, lo que la convierte en una de las más grandes detectadas en la entidad y cuyo impacto financiero para las organizaciones criminales es significativo.
Con esta acción, suman ya nueve laboratorios clandestinos desarticulados en el último año, como resultado de operativos coordinados entre fuerzas federales, estatales, el Ejército y la Secretaría de Marina.
La estrategia ha privilegiado el aseguramiento de precursores químicos y la recolección de evidencia, atacando directamente la capacidad de producción y no solo la distribución de drogas.
Desde el Gobierno del Estado, la gobernadora Marina del Pilar ha insistido en que cada laboratorio destruido representa menos droga en las calles y una barrera real para que niñas, niños y jóvenes no queden expuestos a entornos de violencia y adicción.
El mensaje político es claro, se busca ligar seguridad pública con bienestar social, colocando la prevención como uno de los ejes centrales del discurso oficial.
Los resultados numéricos respaldan la narrativa. Tan solo en 2025 se aseguraron más de 41 mil kilos de metanfetamina y se destruyeron 113 plantíos de marihuana, lo que posiciona a Baja California entre los estados con mayores decomisos del país.
Más allá del impacto mediático, estas cifras reflejan una ofensiva sostenida que intenta cerrar espacios estructurales al crimen organizado y recuperar el control territorial en zonas históricamente vulnerables.
Sin duda, ya sea por presiones que todos conocemos de los vecinos del norte o por otra razón, este golpe puede abonar a la narrativa de la estrategia impulsada por Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch desde el gobierno federal, que ha privilegiado la inteligencia, la acción interinstitucional y el golpe a las finanzas criminales.
Sin erradicar de fondo el problema, la ofensiva muestra que cuando hay alineación real entre niveles de gobierno, los operativos, más allá de ser golpes mediáticos, pueden comenzar a tener efectos concretos en la capacidad operativa del crimen organizado.
El procedimiento de contratación para servicios de seguridad y limpieza en el INDAABIN, a cargo de Pablo Israel Escalona Almeraya, vuelve a mostrar falta de claridad. El director de Administración, Álvaro Lomelí Covarrubias, pospuso nuevamente —ahora para el 10 de febrero— la presentación de ofertas del concurso correspondiente.
Empresas especializadas consultadas señalan que el nuevo aplazamiento tendría como propósito otorgar tiempo adicional a proveedores cercanos a la dirección general para completar la documentación requerida.
Entre los requisitos destaca uno inusual: acreditar mediante certificados médicos que los trabajadores de limpieza están libres del uso y consumo de sustancias tóxicas. Esta exigencia, nunca antes aplicada en el sector de limpieza institucional, estaría limitando la participación de otras empresas y restringiendo la libre competencia.
Las compañías consultadas consideran que el proceso debería regirse por los lineamientos del contrato marco vigente para este tipo de servicios, instrumento que habría sido ignorado por completo por Escalona Almeraya, pues afectaría sus intereses personales para adjudicar a proveedores de confianza.
TOME NOTA *** El diálogo sostenido entre el Gobierno Municipal de Acapulco, que lleva Abelina López, y una comitiva de la Embajada de Japón confirma que el turismo también se fortalece desde la diplomacia.
Más allá de la visita del buque Kashima, el intercambio institucional permite proyectar al puerto como un destino capaz de recibir delegaciones internacionales bajo esquemas de coordinación y seguridad.
Para Acapulco, estas reuniones representan una oportunidad para reposicionarse no solo como playa, sino como ciudad con historia, infraestructura y capacidad de interlocución global.
La participación de autoridades vinculadas al turismo y a la atención al visitante refuerza la idea de que el destino entiende la importancia de los detalles en la percepción internacional.
En un contexto de reactivación turística, la relación con Japón suma valor simbólico y práctico, al asociar al puerto con orden, apertura y continuidad institucional, elementos que influyen en la decisión de viajeros y actores internacionales.
