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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 4 de febrero de 2026.- Este miércoles se llevará a cabo una audiencia de derecho clave en el prolongado proceso penal contra Filiberto N, acusado de asesinar a cinco mujeres -entre ellas cuatro niñas- en el municipio potosino de Tamuín, hechos ocurridos entre 2010 y 2014 que no solo estremecieron a la Huasteca, sino que exhiben una de las fallas más graves del sistema de justicia mexicano: 11 años de prisión preventiva sin una sola sentencia.

A más de una década de su detención, el proceso penal en su contra -que incluye delitos de secuestro, abuso sexual y feminicidio- ha permanecido sin resolución definitiva, debido a una cadena de recursos legales promovidos por la defensa, deficiencias en la integración de apelaciones y una prolongada dilación institucional que ha mantenido el caso en estancamiento judicial.
El imputado -apodado La Bestia de Tamuín- fue detenido y vinculado a proceso en 2014, tras ser señalado como responsable de la desaparición y asesinato de Rosa, Adriana, Itzel, Dulce y Eliehenai, crímenes cometidos en distintos puntos del municipio, principalmente en un domicilio ubicado en la calle Jarrilla, donde residía.

Las investigaciones establecen que las víctimas fueron privadas de la libertad y sometidas a violencia extrema antes de ser asesinadas.
Pese a la gravedad de los hechos, el expediente permaneció detenido durante años por recursos interpuestos por la defensa y por la falta de resolución de una apelación presentada en 2020, misma que no fue integrada oportunamente por instancias judiciales del estado.

Esta omisión prolongó la incertidumbre jurídica tanto para las familias de las víctimas como para el propio proceso penal.
El avance más reciente se logró luego de que los familiares promovieran un amparo contra magistrados del Poder Judicial del Estado, recurso que obligó a destrabar el procedimiento y permitió finalmente fijar la audiencia de derecho programada para este 4 de febrero.

De acuerdo con lo informado por autoridades judiciales, una vez celebrada dicha audiencia se abrirá un plazo de diez días para definir la fecha de emisión de la sentencia, la cual podrá dictarse de manera presencial o a distancia, debido a que el imputado se encuentra recluido en un penal federal fuera de San Luis Potosí.
En el proceso penal actualmente se encuentran integrados tres casos, por los cuales se dictarán sentencias individuales, con penas que van de 20 a 50 años de prisión por cada expediente, mismas que podrían acumularse. Además, existen dos casos adicionales que continúan en distintas etapas judiciales y que aún no han sido resueltos.
Para las familias, la audiencia representa un momento decisivo tras más de una década marcada por retrasos, revictimización y desgaste emocional, así como por el temor persistente de una posible liberación del imputado debido a errores procesales.
Madres y padres de las víctimas confirmaron que asistirán a la diligencia y solicitaron estar presentes durante su desarrollo, al considerar que la visibilidad pública del caso ha sido un factor determinante para evitar que los expedientes vuelvan a quedar en el olvido.
Más allá del ámbito local, el caso de Filiberto N se ha convertido en un símbolo de la crisis de impunidad en delitos de feminicidio y violencia contra niñas en México, al evidenciar cómo un proceso penal puede prolongarse por más de once años sin una resolución definitiva, incluso tratándose de crímenes de alto impacto.
Para las familias de Rosa, Adriana, Itzel, Dulce y Eliehenai, la audiencia del 4 de febrero no es solo un trámite judicial: es la posibilidad real de que, por primera vez desde la detención del acusado, el Estado mexicano emita una sentencia y asuma su responsabilidad frente a uno de los casos más prolongados de impunidad en San Luis Potosí.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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