Atraco a la nación

Hay tres jueces agazapados en el fondo de todas las conciencias: el honor, la verdad y la justicia: Honoré de Balzac

Fueron los ataques de legisladores y funcionarios estadounidenses acusando de narcoestado a México la voz de alarma que antecedió a la política de confrontación del presidente Donald Trump exigiendo al gobierno mexicano controlar a sus grupos delincuenciales o permitirles a sus tropas el ingreso a territorio mexicano.

A través de su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha exigido la realización de operativos, los cuales han sido ordenados por la presidente Claudia Sheinbaum, cuyos resultados evidenciaron que sí, somos productores de fentanilo; pero además recién emergió que existe complicidad de elementos de la Armada, empresarios y funcionarios del gobierno morenista en la comisión de un mega fraude en contra de la nación por huachicol y huachicol fiscal.

Los reportes de Pemex de 2025 indican pérdidas por 7 mil 650 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025; en tanto que el impacto general del huachicol fiscal en 2024 rondó pérdidas por 177 mil millones de pesos. Según datos del sector energético nacional, tres de cada 10 litros de diésel, magna o premium que circulan en el país provienen de ese delito.

Mientras el huachicol consiste en el robo físico de combustibles directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el huachicol fiscal comprende la introducción ilegal de gasolina y diésel al país registrándolos como productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tales como lubricantes, alcoholes o aditivos, para evadir el pago de aranceles.

Como huachicol fiscal se clasifica a diversas anomalías relacionadas con el tráfico e incorporación al mercado nacional de hidrocarburos obtenidos y refinados de forma ilícita, cuya llegada al consumidor se realiza en competencia desleal a quienes sí pagan impuestos por generar o distribuir derivados de hidrocarburos. Fraude que requirió de la corrupción por parte de mafias de autoridades policiales y gubernamentales (aduanales, hacendarias, etcétera.)

Ha pasado más de medio siglo de la aparición de los primeros cárteles del narcotráfico en México, fue en la región occidente del país, y muchos investigadores han relatado cómo fueron creciendo en importancia económica y como generadores de fortunas y violencia cada vez más salvaje.

Las bandas criminales se mantuvieron bajo la protección de las diferentes administraciones gubernamentales y hasta presidenciales, según diversas investigaciones, como la del periodista regiomontano Ramón Alberto Garza, quien así lo sostiene en su libro Dinastías, Dos Familias, Una Nación, que abarca el periodo 1958-2024.

Hoy, pese a las enjundiosas diatribas del expresidente Andrés Manuel López Obrador negando cualquier nexo con los carteles, han surgido evidencias del tráfico de combustibles de Texas, Estados Unidos a puertos mexicanos, mediante una enorme red en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina, empresarios y funcionarios de Morena.

Ya no se trata sólo de las informaciones sobre corrupción de funcionarios o asesores o del propio AMLO provenientes de medios y agencias estadounidenses que citaban supuestas investigaciones o declaraciones de testigos protegidos asegurando la entrega de recursos de origen ilícito para financiar la campaña del expresidente o de candidatos de Morena en las elecciones de 2021 o 2024.

Si antes se detuvieron las investigaciones contra el gobierno de López Obrador, quizá para no dañar las relaciones de socios comerciales entre México y Estados Unidos; actualmente la nueva geopolítica de la dominación asumida por el presidente Donald Trump comenzó por ignorar los tratados comerciales internacionales, amenazando con imponerles aranceles a sus principales socios.

Para Claudia Sheinbaum además de las presiones migratorias y comerciales, ha sido la declaratoria a los carteles mexicanos como grupos terroristas una de las principales motivaciones para combatir al crimen organizado.

Solo las presiones provenientes del norte al segundo piso de la 4T lograron cambiar la política de seguridad de su antecesor, y hacer que bajo la coordinación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se empezara a cumplir con la obligación gubernamental del combatir a la delincuencia y dejar atrás los sospechosos abrazos de AMLO.

Coinciden observadores en considerar que la investigación de este caso ya ha costado cinco homicidios, comenzando con el de Sergio Carmona, el "Rey del huachicol", en noviembre de 2021, involucrado en financiamiento con recursos de procedencia ilícita a candidatos de Morena; incluidas las muertes, la semana que corre, de dos marinos –uno de ellos suicidado, el otro accidentado en práctica de tiro-- y 50 detenidos.

Entre los implicados oficialmente hay altos mandos de SEMAR, empresarios y servidores públicos. Apenas se asoma la punta del iceberg de la corrupción de la 4T, las preguntas ciudadanas surgen. ¿De verdad López Obrador no sabía lo que ocurría con el tráfico de gasolina? ¿Se confirmará que Andy López Beltrán está relacionado con estos ilícitos? El gobierno debe investigar e informar al pueblo de México.

Quién puede creer que el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, desconocía lo que hacían sus sobrinos políticos: los vicealmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunas, quienes han sido señalados como los artífices del llamado “huachicol fiscal”, descubierto luego del aseguramiento de un barco con diez millones de litros de combustible sin pago de impuestos, apenas el pasado mes de marzo.

Entre más traten de exculparlo más se hunde el secretario de la Marina ante la percepción pública. Según el fiscal Gertz Manero, el almirante Ojeda informó dos años atrás que “había problemas en la Marina” y sugirió la investigación, "sin hacer mención de persona alguna”. ¿Dos años atrás y no se hizo nada? Para creerlo hay que dar pruebas, de otra forma es inverosímil.

Como también es increíble que el entonces presidente López Obrador no estuviera enterado, cuando él como opositor fue un fiel creyente de que "el presidente de la República se entera de todo y si hay ilícitos es porque él los autorizó". ¿Confesión adelantada de culpa?

Apenas se han dado los primeros pasos por parte del gobierno mexicano que se atrevió a destapar la cloaca, pero falta mucho para hacer la limpieza indispensable para drenar la podre. Aunque derribemos ídolos, santones e instituciones emblemáticas hay que llegar al fondo.

Cómo estarán los niveles de corrupción gubernamental en el país si consideramos que la institución más confiable del Estado mexicano, según encuesta de INEGI de julio pasado, era la Secretaría de Marina. Estoy segura de que si el gobierno de la presidente Sheinbaum actúa con patriotismo, del pantano podremos emerger fortalecidos.

Me sumo a quienes solicitan al expresidente Andrés Manuel López Obrador que explique qué pasó en su gobierno, cuáles fueron las circunstancias para no actuar frente al crimen organizado y como comandante supremo de la Armada de México nos informe quién dio órdenes y utilizó indiscriminadamente a elementos de la Secretaría de Marina, los puertos y aduanas mexicanas ´para cometer ilícitos y quién o quiénes asesinaron a quienes cumpliendo con un deber patriótico denunciaron los delitos a costa de sus vidas.