Acallar activistas desde el poder…

I.          Para los activistas "todo está mal".

Frecuentemente, desde el poder se gestan actos de abuso, de señalamiento, de desdén y de violencia. A veces son desde la figura de un gorila advenido a elemento de la fuerza pública; pero, en otras ocasiones provienen de un currículum maquillado y pletórico de autoelogios anotados en el rubro de sus resultados en la función pública.

La crítica no les agrada, la interpelación les incomoda. Por ello, desde el poder dicen que,  para ciertos activistas “todo está mal”. Desdeñan sus esfuerzos de visibilización al mencionar que "escribir una columna es fácil". Como si alguna ocasión en su vida hubieran ido contra el poder, contra el régimen o contra el sistema.

Previamente, rompen el diálogo, acaban con los consejos ciudadanos, ante los cuales no comparecen.

Mientras tanto, han muerto decenas de activistas, algunos muy visibles, con robustas cuentas de Facebook; otros eran empresarios, pero muchos más sólo estaban defendiendo su patrimonio, su libertad y la tierra que heredarían a sus hijos. En menos de una década hemos sido testigos de los asesinatos de Homero, Bernardo e Hipólito, así como del encarcelamiento de José Manuel y muchos otros atropellos más.

II.         La muerte de Bernardo Bravo: un Estado que abdica

Bernardo Bravo Manríquez escribió dos días antes de su asesinato: "Pedimos sensibilidad por toda la crueldad que estamos viviendo los limoneros." Esa súplica fue ignorada deliberadamente por un Estado que había cesado de gobernar en esa región mucho antes.

Bernardo fue el quinto productor asesinado en la región de Apatzingán en menos de un año; había denunciado públicamente la extorsión sistemática: los cobros por caja de limón, por hectárea cultivada y por cada traslado de mercancía. Cada productor que paga "derecho de piso" sostiene forzadamente una economía oscura.

Dolorosamente, Bernardo contaba con medidas de protección oficiales que resultaron claramente ineficaces; se falló en prevenir el ataque. Hubo una indignante cadena de errores u omisiones de las cuales nadie ha asumido responsabilidad.

En cualquier democracia que se precie de serlo, ya se habrían presentado las renuncias de los funcionarios involucrados. En Michoacán, prevalecen el silencio, la indiferencia y la costumbre de mirar la tragedia como si fuera ajena. Los funcionarios son, por decir lo menos, espectadores del crimen.

III.        Dos violencias, un mismo desprecio

Cuando desde el poder se responde a la crítica con descalificaciones personales, cuando se usa la tribuna pública para ridiculizar al ciudadano que exige cuentas, cuando se minimiza el trabajo intelectual sugiriendo que "conseguir información fidedigna" es algo que el crítico no hace, cuando se despersonaliza al interlocutor llamándolo "alguien por ahí que dice que todo está mal", se está ejerciendo violencia.

Sí, es violencia simbólica, institucional y epistémica. Pero, sobre todo, es la misma lógica de desprecio desde el poder por quien arrostra, el cual permite que un líder fruticultor muera pese a haber pedido protección.

El mensaje es idéntico: tu voz no importa. Tu vida, tu trabajo, tu advertencia y tu crítica son prescindibles. El poder no escucha ni dialoga: descalifica, minimiza e ignora. Y cuando ignora lo suficiente, la gente muere… o la matan.

Hay quien, condescendientemente invita a los activistas a “darse una vuelta", a conocer las estadísticas, proyectando ignorancia sobre un hombre de paja, utilizando recursos públicos, una plataforma institucional financiada con impuestos, para atacar personalmente a un ciudadano que ejerce su derecho a la crítica.

Así también, el régimen le dijo a Bernardo Bravo, en los hechos: tu súplica no nos mueve. Tus denuncias son inconvenientes. Tu activismo es molesto.

IV.        El efecto dominó del silenciamiento

Cuando un columnista es ridiculizado públicamente desde el poder por señalar ausencia de rectoría, otros periodistas, académicos y ciudadanos aprenden la lección: criticar tiene un costo. Te expondrás a la burla institucional, a la descalificación sistemática, al señalamiento público como ignorante o malintencionado.

Cuando un líder productor o un campesino es asesinado pese a contar con protección oficial, otros productores aprenden la lección: denunciar tiene un costo. El Estado no te protegerá. Tus advertencias no serán escuchadas. Tu nombre se sumará a la estadística.

El autoritarismo en Michoacán no necesita siempre asesinar o dejar asesinar para manifestarse. A veces basta con el micrófono oficial,  con la dolosa intención de convertir al crítico en objeto de escarnio público, sin atreverse a entablar un debate público constructivo. Pero cuando las balas aparecen, el Estado simplemente voltea hacia otro lado, administra la muerte como una estadística más y trata cada asesinato como inevitable en lugar de una responsabilidad incumplida.

V.         Donde la legalidad ya no gobierna

Bernardo Bravo fue asesinado en una región donde la legalidad ha dejado de gobernar, donde las instituciones son una sombra y donde el miedo dicta las reglas. Su asesinato fue una demostración del poder del crimen organizado, una afrenta directa al Estado mexicano y una advertencia brutal a la sociedad.

Se sembró miedo para reafirmar control y exhibir el vacío de autoridad en vastas regiones de Michoacán, ante un Estado replegado, que ha cedido su soberanía frente a los grupos armados y ha normalizado la violencia como parte del paisaje cotidiano.

Las autoridades conocían el riesgo, de las amenazas y que Bernardo había pedido auxilio. Su actitud posterior —distante y carente de autocrítica— no solo revela indolencia, sino una forma de arrogancia burocrática que parece haberse vuelto norma en el servicio público.

Cuando el ego político ha reemplazado la vocación de servicio, cuando la autoridad se justifica en lugar de responder, cuando el egoísmo sustituye a la rendición de cuentas, el Estado se vuelve fallido.

VI.        El autoritarismo que nos heredan

El autoritarismo es proteico y multifacético, disfrazado de gestión heroica o de impotencia institucional según convenga. Se ejerce desde el escritorio con descalificaciones y desde la omisión que permite asesinatos.

Se han ido decenas de activistas. Algunos tenían miles de seguidores, otros apenas una parcela que defender. Pero todos compartían algo: creyeron que su voz importaba, que denunciar servía de algo, que el Estado respondería. Se equivocaron: el régimen no está respondiendo: descalifica o ignora. Y en esa indiferencia calculada, en esa arrogancia burocrática, en esa ausencia de rendición de cuentas, se gesta la violencia que nos consume.

Esos tiempos se acabarán, tarde o temprano. Pero mientras llega ese día, seguiremos escribiendo columnas "fáciles" y denunciando la ausencia de rectoría educativa; exigiendo que haya ciclos escolares completos en donde no se asesine a un solo estudiante, maestro ni padre de familia y mocionando a que los funcionarios hagan su trabajo.

No olvidemos que Bernardo Bravo pidió sensibilidad ante la crueldad. No la obtuvo. Esa es la radiografía de Michoacán hoy:  en donde criticar al poder, legal o fáctico, con columnas o con denuncias se ha vuelto un acto de resistencia.

La diferencia entre una democracia y un régimen autoritario es precisamente esa: si las voces incómodas son escuchadas o silenciadas. El gobierno está dando su respuesta al prevalecer la corrupción, la impunidad y los monólogos; así como al faltar justicia, paz, desarrollo, educación, vivencia plena de derechos humanos y democracia.  ¡Es cuánto!