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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 19 de junio de 2026.- Aunque el proceso electoral de 2027 aún se encuentra distante en el calendario formal, la disputa por la gubernatura de San Luis Potosí se ha adelantado de manera efervescente y uno de los personajes que ha manifestado públicamente su intención de participar en la contienda es el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya.
Sin embargo, su incursión en el escenario político ocurre en medio de una serie de señalamientos e investigaciones difundidas recientemente por Azteca Noticias, que lo vinculan con contratos millonarios otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex), indagatorias financieras relacionadas con presuntas operaciones ilícitas, posibles nexos con esquemas de huachicol fiscal y una estrecha cercanía con personajes relevantes de Morena, entre ellos Andrés López Beltrán, conocido como Andy López Beltrán, y el senador Adán Augusto López Hernández.
De acuerdo con la investigación presentada por el medio nacional, Sánchez Zumaya es propietario de Petrogesa, empresa dedicada a la prestación de servicios para la industria petrolera. Según documentos citados en el reportaje, la compañía habría acumulado contratos por al menos 3 mil 150 millones de pesos entre 2020 y 2024 mediante su relación comercial con Pemex.
La investigación periodística señala además que durante 2025 surgió una controversia relacionada con un adeudo por 23.6 millones de pesos que la empresa reclamaba a la petrolera nacional, situación que volvió a colocar a la compañía y a su propietario bajo el escrutinio público.
No obstante, los señalamientos más delicados expuestos por Azteca Noticias se encuentran relacionados con investigaciones financieras realizadas por autoridades federales.
Según el reportaje, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó movimientos por más de 400 millones de pesos presuntamente vinculados con una red de empresas factureras utilizadas para simular operaciones comerciales.
De acuerdo con la investigación periodística, dichas operaciones formarían parte de mecanismos asociados con lo que especialistas y autoridades han identificado como huachicol fiscal, esquema mediante el cual se realizan operaciones irregulares para evadir obligaciones tributarias o justificar recursos de procedencia cuestionada.
Según señalan, las investigaciones federales habrían identificado transferencias y movimientos financieros que derivaron en el seguimiento de diversas operaciones relacionadas con la empresa y su entorno empresarial.
La investigación también aborda el crecimiento de Sánchez Zumaya dentro del sector energético y su presunta cercanía con actores políticos de relevancia nacional.
Entre los nombres mencionados aparece el de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual figura influyente dentro de Morena.
De acuerdo con testimonios y versiones recogidas por el medio nacional, Andy López Beltrán habría facilitado acercamientos entre Sánchez Zumaya y áreas estratégicas de Pemex, lo que le permitió ganar presencia y reconocimiento dentro de la industria petrolera.
Según la investigación periodística, dichos contactos habrían contribuido a fortalecer la posición del empresario como contratista dentro de la empresa productiva del Estado en una etapa particularmente sensible para la asignación de contratos relacionados con el sector energético.
Otro de los personajes mencionados por Azteca Noticias es el senador Adán Augusto López Hernández, uno de los principales operadores políticos de Morena a nivel nacional.
El reportaje refiere que desde finales de 2024 diversos medios nacionales documentaron la cercanía entre Sánchez Zumaya y el exsecretario de Gobernación.
Incluso, señala que el propio empresario habría presumido públicamente esa relación en distintos espacios, circunstancia que alimentó cuestionamientos sobre el origen y crecimiento de su influencia dentro del sector petrolero.
La investigación también retoma posibles conexiones familiares y empresariales con personas involucradas en indagatorias relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.
Uno de los casos citados es el de Héctor Manuel Portales Ávila, identificado por el medio nacional como familiar de Sánchez Zumaya y detenido en agosto de 2025 como parte de una investigación sobre una presunta red dedicada a la importación ilegal de combustibles mediante embarcaciones marítimas.
De acuerdo con la información difundida, las autoridades investigaban una estructura que habría ocasionado pérdidas millonarias al erario mediante la introducción irregular de hidrocarburos al país.
Asimismo, Azteca Noticias retomó investigaciones federales realizadas durante 2024 que detectaron presuntas redes de corrupción operando al interior de instalaciones de Pemex.
Según el reportaje, dichas estructuras habrían participado en la extracción, traslado, distribución y comercialización ilegal de derivados del petróleo mediante mecanismos logísticos que permitían obtener ganancias millonarias.
Dentro de esas investigaciones aparece mencionado el nombre de Sánchez Zumaya debido a su participación como proveedor de insumos para la petrolera estatal.
La investigación periodística también refiere presuntos vínculos empresariales con Roberto Blanco Cantú, identificado por autoridades federales dentro de las indagatorias relacionadas con contrabando de combustibles.
De acuerdo con la indagatoria, Blanco Cantú es considerado uno de los personajes relevantes dentro de las investigaciones relacionadas con la importación irregular de hidrocarburos.
El reportaje recuerda que en marzo de 2025 autoridades federales aseguraron un buque en Altamira, Tamaulipas, que transportaba aproximadamente 10 millones de litros de diésel, considerado uno de los decomisos más importantes vinculados al tráfico ilegal de combustibles registrados en los últimos años.
Según la investigación, las indagatorias federales identificaron posibles conexiones empresariales entre personas involucradas en esos hechos y el entorno de negocios de Sánchez Zumaya.
Azteca Noticias señala que actualmente continúan abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con las operaciones financieras y empresariales descritas en el reportaje.
Asimismo, refiere que la defensa del empresario sostiene que los recursos observados por las autoridades corresponden a servicios de consultoría efectivamente prestados y que Sánchez Zumaya desconocía cualquier posible origen ilícito de los fondos investigados.
Pese a los señalamientos, investigaciones y cuestionamientos expuestos en el reportaje nacional, Gerardo Sánchez Zumaya mantiene presencia pública en San Luis Potosí y continúa promoviendo su imagen rumbo al proceso político de 2027, en el que busca posicionarse como una de las figuras interesadas en competir por una candidatura a la gubernatura.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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