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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 4 de agosto de 2026.-Integrantes de los pueblos Náhuatl y Tének de la Huasteca Potosina solicitaron una audiencia directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar insuficientes las modificaciones planteadas al artículo 2.º constitucional y demandar garantías para el ejercicio pleno de su autonomía, además de la prohibición definitiva del fracking y de la minería a cielo abierto en sus territorios.
A través de un posicionamiento público dirigido a la titular del Ejecutivo federal, representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas manifestaron que la reforma impulsada en materia de derechos indígenas no atiende temas fundamentales como el reconocimiento efectivo de los derechos territoriales ni político-electorales, por lo que, afirmaron, mantiene a las comunidades bajo esquemas de tutela política y sin la posibilidad de ejercer plenamente su autogobierno.

Los representantes indígenas también expresaron su preocupación por los proyectos relacionados con la exploración y extracción de hidrocarburos.
Recordaron que durante la campaña presidencial se planteó la prohibición del fracking; sin embargo, señalaron que actualmente existen planteamientos para impulsar actividades petroleras que podrían impactar regiones habitadas por comunidades originarias.
En el documento sostienen que la Huasteca, integrada por municipios de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, constituye un territorio con una alta riqueza ambiental y cultural, donde habitan cerca de un millón de personas pertenecientes a pueblos Náhuatl, Tének, Otomí, Tepehua, Totonaco y Xi'iuy.


Advirtieron que la disponibilidad de agua en la región es limitada durante gran parte del año, por lo que consideran que actividades como la fracturación hidráulica representarían un riesgo para los recursos naturales.

Asimismo, cuestionaron el proceso de consulta para la elaboración de la ley reglamentaria del artículo 2.º constitucional al asegurar que no garantiza una participación efectiva de las comunidades indígenas, ya que, señalaron, las decisiones se toman sin considerar a las asambleas comunitarias como máxima autoridad y sin incorporar sus planteamientos de fondo.
Entre las principales exigencias planteadas al Gobierno federal se encuentra la emisión de un decreto que prohíba de manera definitiva el fracking y la minería a cielo abierto, la cancelación de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos que afecten territorios indígenas, el respeto pleno a la libre determinación de los pueblos originarios y la suspensión del actual proceso de consulta para construir un mecanismo de diálogo directo con las comunidades.
Finalmente, solicitaron que la presidenta Claudia Sheinbaum reciba personalmente a una representación de los pueblos indígenas de la Huasteca para exponer sus planteamientos y establecer una mesa de trabajo que permita atender sus demandas conforme a los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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