Dos universitarios, 2 violentos homicidios y una ciudad que no los protegió

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 14 de agosto de 2026.- Eran jóvenes, estudiantes y tenían proyectos por delante. Uno se preparaba para convertirse en cirujano dentista; el otro estudiaba Criminología y representaba a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en tiro con arco. Jorge Eduardo Dávila Ramírez y Gabriel Salvador Martínez Flores terminaron convertidos en víctimas de la violencia en las calles de la capital potosina.

Sus historias ocurrieron en momentos y circunstancias distintas, pero tienen un punto en común: ambos pertenecían a la comunidad universitaria y sus vidas fueron truncadas por hechos violentos.

El caso más reciente es el de Gabriel Salvador Martínez Flores, de 21 años, asesinado a balazos el pasado 7 de agosto en la colonia Rural Atlas.

Gabriel estudiaba Criminología en la Facultad de Derecho de la UASLP y además formaba parte de la selección universitaria de tiro con arco. Su nombre aparece en registros de competencias nacionales como representante de la Universidad en la modalidad de arco compuesto.

Su muerte volvió a colocar sobre la mesa las condiciones de seguridad en una zona habitacional de la capital.

El alcalde Enrique Galindo reconoció públicamente que tenía “poca información” sobre el homicidio y descartó que se hubiera tratado de una riña o confrontación, sino que se trataba de “algo más delicado”.

También dijo que, ahora sí, reforzaría el trabajo de seguridad en la zona y realizaría recorridos junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El anuncio, sin embargo, abre una pregunta inevitable: ¿por qué esos recorridos tienen que intensificarse después de que un estudiante fue asesinado?

La propia administración municipal había realizado en junio supuestas acciones de mejoramiento urbano en Rural Atlas, incluida la rehabilitación de la calle Marte y trabajos de limpieza, señalética y alumbrado, pero los vecinos reclamaron también seguridad. Un mes después, a Salvita lo ultimaron en esa zona.

Jorge Eduardo: un dolor que sigue presente

Nueve meses antes, la comunidad universitaria había vivido otra tragedia: Jorge Eduardo Dávila Ramírez, de 23 años, pasante de la Facultad de Estomatología, fue asesinado la madrugada del 8 de noviembre de 2025, en las inmediaciones de la Zona Universitaria Poniente.

El joven realizaba su servicio social en el área de Cirugía Maxilofacial y era reconocido por su desempeño académico. La Arquidiócesis de San Luis Potosí incluso lo describió como un estudiante ejemplar y recordó que obtuvo el mejor promedio en el examen de admisión a la UASLP.

La Fiscalía estableció como principal línea de investigación el robo del vehículo. Jorge recibió impactos de arma de fuego y murió cuando era trasladado al Hospital Central. Posteriormente fueron detenidos presuntos implicados en el homicidio.

Pero aquel crimen tuvo un elemento particularmente paradójico: la madre de Jorge trabajaba en la Policía Municipal de la capital. La propia Fiscalía confirmó entonces ese dato al ser cuestionada sobre si esa circunstancia abría otra línea de investigación. La respuesta oficial fue que, en ese momento, el caso se mantenía bajo la hipótesis de robo.

La tragedia provocó movilizaciones de estudiantes, familiares y ciudadanos que exigieron resultados a la Fiscalía.

Dos nombres que no deberían convertirse en estadísticas

Jorge y Gabriel no se conocían necesariamente entre sí. Tampoco murieron bajo las mismas circunstancias.

Pero sus historias se encuentran en un mismo punto: eran jóvenes universitarios que salieron a las calles de San Luis Potosí y no regresaron a casa.

Jorge dejó pendiente su proyecto de convertirse en profesionista de la salud. Gabriel dejó inconclusa su formación como criminólogo y su trayectoria deportiva.

En ambos casos, detrás de las carpetas de investigación hay familias que perdieron a sus hijos, amigos que perdieron a sus compañeros y una comunidad universitaria que vuelve a preguntarse qué tan segura es la ciudad que sus estudiantes transitan todos los días.

Y mientras la Fiscalía tiene la responsabilidad de esclarecer los homicidios y llevar ante la justicia a los responsables, al Ayuntamiento de San Luis Potosí le corresponde la prevención y la seguridad en las calles de la capital.

Por eso, después del asesinato de Gabriel, el anuncio de nuevos recorridos en Rural Atlas no debería ser el punto final de la discusión, sino el comienzo de una pregunta mucho más incómoda:

¿Dónde estaba la vigilancia antes de que otra familia tuviera que despedir a un universitario?
La seguridad llegó, otra vez, después de la tragedia.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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