Buscan hasta 8 años de cárcel por pesca ilícita en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de agosto de 2026.- Hasta ocho años de prisión podrían alcanzar quienes incurran en pesca ilícita en ríos, lagunas, manantiales y otros cuerpos de agua interiores de San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.

La propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal plantea incorporar al Código Penal estatal un delito específico de pesca ilícita, debido a que actualmente no existe una figura penal dirigida expresamente a sancionar esta conducta en cuerpos de agua interiores.

La iniciativa propone adicionar el artículo 295 Bis al capítulo de delitos contra el ambiente, con penas de uno a cuatro años de prisión y de 300 a 2 mil días multa para el supuesto básico.

En los casos considerados agravados, la sanción aumentaría a tres a ocho años de prisión y de mil 500 a 4 mil días multa.

La propuesta contempla aplicar agravantes cuando la conducta ocurra en ríos y cuerpos de agua de la Huasteca Potosina, áreas naturales protegidas o cuando provoque daños graves a los ecosistemas o comunidades.

También plantea el decomiso de las artes de pesca, embarcaciones, vehículos y productos obtenidos mediante la actividad ilícita, con el objetivo de retirar los instrumentos utilizados y los beneficios económicos derivados de la conducta.

De manera paralela, la iniciativa propone modificar el artículo 295 del Código Penal para establecer de manera expresa una protección reforzada para ríos, lagunas, humedales y otros cuerpos de agua de la Huasteca, sin modificar las conductas que actualmente contempla ese artículo.

La propuesta pone especial atención en la cuenca del río Axtla, aunque contempla la protección del conjunto de sistemas acuáticos de los municipios que integran la región Huasteca.

La legisladora señaló que la reforma busca ampliar las herramientas penales del estado frente a conductas relacionadas con la contaminación, modificación ilícita de cauces y afectaciones a la fauna acuática.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia, con opinión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, para su análisis y dictamen.