Buscan evitar que víctimas enfrenten solas la justicia

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 20 de julio de 2026.- Para una víctima de un delito, el proceso no termina al presentar una denuncia. En muchas ocasiones comienza un recorrido por agencias del Ministerio Público, peritajes, declaraciones y audiencias que pueden prolongarse durante meses o incluso años, mientras enfrenta nuevamente los hechos que dieron origen al procedimiento.

Uno de los mayores retos del sistema de justicia es evitar la revictimización, es decir, que las personas afectadas vuelvan a sufrir daño emocional, psicológico o incluso físico durante las investigaciones o los procesos judiciales.

Entre las situaciones que pueden generar esta condición se encuentran la repetición innecesaria de declaraciones, la falta de información sobre el avance de los casos, la ausencia de acompañamiento legal y psicológico, así como las barreras de comunicación que enfrentan personas indígenas, con discapacidad o que no hablan español.

La legislación mexicana reconoce que las víctimas tienen derecho a recibir atención integral, asesoría jurídica y medidas de protección que les permitan participar en los procedimientos sin que ello represente una nueva afectación a su bienestar.

Uno de los aspectos fundamentales es que las personas cuenten con el tiempo necesario para recuperarse física y emocionalmente antes de rendir declaraciones sobre hechos traumáticos, ya que hacerlo bajo condiciones de estrés extremo puede afectar tanto su salud como la calidad de la información que proporcionan.

También se ha señalado la importancia de garantizar intérpretes y traductores cuando la víctima pertenece a una comunidad indígena o presenta alguna discapacidad que dificulte la comunicación con las autoridades, con el propósito de asegurar un acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia, organismos nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de aplicar protocolos especializados que permitan investigar los delitos con perspectiva de género y brindar acompañamiento durante todas las etapas del proceso.

En este contexto, el Congreso del Estado analiza una iniciativa presentada por la diputada Ma. Sara Rocha Medina que plantea reformas a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con el propósito de armonizarla con la Ley General de Víctimas.

La propuesta busca fortalecer el acceso a asesoría jurídica especializada, incorporar de manera expresa el feminicidio dentro de los supuestos que requieren atención prioritaria y ampliar los derechos de personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, así como de la población afromexicana.

Además, contempla el derecho de las víctimas a contar con un periodo de estabilización física y emocional antes de rendir declaración ante las autoridades, así como reforzar el acceso a intérpretes y traductores cuando las circunstancias lo requieran.

La iniciativa fue  turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y eventual dictaminación.