Persisten negativas y maltrato en procesos de aborto legal en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 30 de septiembre de 2026.- Al menos 45 mujeres reportaron negativas, retrasos o maltrato en instituciones de salud al buscar acceder a un aborto durante el primer trimestre en San Luis Potosí, de acuerdo con registros de Colectiva Las Compas, que acompaña a personas que buscan interrumpir un embarazo.

Los casos, documentados entre el 17 de marzo y el 28 de agosto de 2026, incluyen solicitudes de requisitos que no corresponden, afirmaciones falsas sobre la legalidad del aborto, culpabilización y dilaciones en la atención, explicó la Lic. Nelly Romero, integrante de Colectiva Las Compas.

En noviembre de 2024, San Luis Potosí despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, para Las Compas, el principal problema actualmente está en la aplicación de ese derecho dentro de los servicios de salud.

Más de 900 solicitudes de acompañamiento

Entre el 9 de diciembre de 2024 y el 28 de agosto de 2026, la colectiva registró 921 solicitudes de atención. Romero aclaró que el dato no representa el número de abortos realizados en el estado, sino a personas que buscaron información, orientación o acompañamiento a través de su red.

De las 855 solicitudes con edad gestacional estimable, el 95.1 por ciento comenzó antes de las 12 semanas y seis días, dentro del periodo establecido para el acceso voluntario.

El acompañamiento consiste en brindar información sobre las opciones disponibles, explicar los procedimientos y signos de alarma y, cuando existen obstáculos institucionales, orientar a las usuarias sobre posibles vías de atención y apoyo jurídico.

Falta de información y obstáculos en hospitales

Entre las barreras identificadas por la colectiva están la desinformación, falta de medicamentos e insumos, personal sin capacitación suficiente, objeción de conciencia y ausencia de rutas claras de atención.

Romero señaló que la capacitación no debe limitarse al personal médico, pues una persona puede enfrentar un obstáculo desde áreas administrativas, jurídicas, de enfermería o trabajo social.

También identificaron casos en los que usuarias fueron enviadas de una unidad médica a otra, recibieron información contradictoria o encontraron personal que no identificaba adecuadamente las opciones para un aborto con medicamentos. En al menos un caso, una usuaria tuvo que acudir a más de cuatro espacios antes de recibir atención.

Sobre la objeción de conciencia, Las Compas reconocen que puede ser ejercida por personal de salud, pero señalan que las instituciones deben contar con personal no objetor y garantizar la referencia correspondiente.

El costo también determina el acceso

El factor económico aparece como otra de las barreras. Desde marzo de 2026, más de la mitad de las personas registradas por la colectiva reportó ingresos familiares menores a 9 mil 500 pesos mensuales, mientras que casi la mitad no contaba con seguridad social.

Además, Las Compas recibieron reportes de servicios privados con costos de entre 15 mil y 40 mil pesos.

El 70.7 por ciento de las personas registradas desde marzo señaló que su situación económica influyó en su decisión, según los datos proporcionados por la colectiva.

Romero explicó que algunas mujeres tampoco presentan quejas formales después de enfrentar obstáculos, debido al temor de represalias o de nuevas dilaciones si posteriormente necesitan utilizar los servicios de salud.

Para Las Compas, el reto está en que el derecho reconocido en la legislación pueda ejercerse efectivamente en las instituciones de salud, sin que las usuarias tengan que depender del acompañamiento comunitario para conocer sus opciones o superar las barreras de acceso.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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