Se unen artistas potosinos para exhibir y vender obra en Tequis
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 21 de febrero 2020.- El fallecimiento de la niña Fátima es uno de los 12 mil 865 que registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en menores de 14 a 17 años de edad, en México, desde el año 2000.
La entidad que más asesinatos de menores de 18 años contabilizaba es el Estado de México con tres mil 554, seguido de Chihuahua y Guerrero con mil 894 y mil 473, respectivamente.
Según los datos referidos por el Inegi, el mayor número de muertes de menores se ha registrado en entidades donde se cultiva, trasiega y vende droga, así como donde hay mayor presencia de organizaciones del crimen organizado dedicadas al narcotráfico, al secuestro y extorsión, entre otros delitos.
En lo que respecta al estado potosino hubo un incremento de muertes violentas en menores desde el año 2015, de 2.38 a 3.2 por cada 100 mil habitantes, reveló por su parte el estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, la tasa bajó 0.3 en 2018 con respecto a 2017, cuando estaba en 3.5, para ser la más alta durante el actual sexenio. La tasa de 2015 fue de 2.38 menores de edad muertos por homicidio doloso, en 2016 pasó a 2.5, en 2017 creció exponencialmente a 3.5 y en 2018 se redujo un poco a 3.2.
El Código Penal tipifica este ilícito como homicidio con relación al parentesco, cuya pena puede ir de 30 a 60 años de prisión.
En los 32 estatutos de las entidades federativas la penalidad varía, aunque todos establecen dos reglas para sancionar el crimen: si se trató de un delito culposo o doloso. En el primer caso, puede haber no responsabilidad para la persona, pero si se determina que es doloso, las penas en la mayoría de las entidades es de 10 hasta 30 años o más de prisión.
Desde 2017, los asesinatos son la principal causa de muerte entre los jóvenes y adultos entre los 15 y los 44 años de edad, según las estadísticas del Inegi y contrario a lo que se pudiera pensar, la mayoría de los jóvenes asesinados contaban con un empleo al momento de perder la vida.