Buscan resolver feminicidios en SLP de 2012 a la fecha

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de octubre 2020.- La Fiscalía General del Estado creará una Unidad Especializada de Investigación de Feminicidios en San Luis Potosí, que esclarezca los casos ocurridos de 2012 a la fecha, con recursos federales autorizados por la Secretaría de Gobernación (Segob), vía la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

El Convenio de Coordinación fue celebrado entre la Segob, el Gobierno del Estado y la FGE, el 16 de julio y publicado el pasado viernes 8 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de subsidiar el cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.

No se trata del único convenio para San Luis Potosí, sino uno de los siete que aprobó la Conavim para el estado -entre marzo y julio del presente año-, por 12 millones 958 mil 400 pesos.

De esa cantidad, cuatro millones 960 mil 500 pesos serán entregados a la FGE a cargo del fiscal Federico Garza Herrera; un millón 895 mil 100 pesos al ayuntamiento de San Luis Potosí; dos millones 400 mil pesos repartidos entre la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); 600 mil pesos extras a la propia Sipinna; y 472 mil 800 pesos a la Secretaría General de Gobierno.

De acuerdo con el proyecto AVG/SLP/M4/FGE, los 4.9 millones de pesos fueron depositados a la cuenta bancaria 18000150446 de Santander, a nombre de Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, luego de haber solicitado el subsidio, el pasado 28 de febrero, antes de iniciar la pandemia por Covid 19.

LOS ALCANCES

La FGE se compromete al «desarrollo e implementación de una metodología para la selección y revisión de expedientes de investigaciones ministeriales de muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidios u homicidios dolosos», a partir del 1 de agosto y con terminación al 31 de diciembre del presente año.

El objetivo, dijo la Fiscalía en su justificación del proyecto, es «conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos».

De esta manera, podrá «impulsar el desarrollo de una investigación con debida diligencia y perspectiva de género, por parte de las y los Fiscales encargados de investigar delitos vinculados a muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidios u homicidios dolosos, que bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, fomenten un acceso efectivo a la justicia para las víctimas directas, indirectas y/u ofendidos del delito».

Una estructura dedicada a los casos ocurridos entre 2012 y 2020, un modelo de gestión, el establecimiento de indicadores, una metodología, la sistematización de los resultados, un plan de seguimiento, un modelo de investigación, capacitación a servidores públicos, la creación de un sistema de divulgación para Ministerios Públicos, Peritos y Policías, y el diseño de un software de análisis de inteligencia, conforman el abc del proyecto integral de la FGE.

ESPECIALISTAS EN TODO

La estructura no será totalmente nueva, sino que se evaluará y estudiará la estructura organizacional actual, entre otros elementos, para conformarla. Sin embargo, serán especialistas en derecho penal, ciencias jurídicas, perspectiva de género, derechos humanos, criminalística, elaboración de protocolos, sistematización de datos, desarrollo de tecnologías para la información, programación y conocimientos jurídicos en materia de violencia contra las mujeres, con experiencia entre tres y cinco años, con diplomados, certificación, licenciaturas, maestrías y doctorados, según sea el caso.