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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 5 de diciembre de 2018.- Sólo cinco de 27 legisladores estuvieron presentes en el encuentro con organizaciones sociales para realizar la primer jornada de fiscalización y denuncia ciudadana, en las instalaciones del Congreso local.
Participaron dirigentes del Frente Ciudadano Anticorrupción y líderes de comerciantes en la capital potosina y Ciudad del Maíz, además de representantes de dos Ayuntamientos. Martín Juárez Córdova, Edson Quintanar Sánchez, Rolando Lara Herverth, Marité Hernández Correa y Edgardo Hernández Contreras, fueron los diputados presentes.
La intención de este ejercicio, según explicó el vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción, Hugo Stevens Amaro, es desarrollar opciones que superen los procedimientos actuales de fiscalización y auditoría, generar canales de denuncia ciudadana y disminuir los graves niveles de corrupción en el estado.
Stevens Amaro recriminó la apatía de legisladores y recordó a los diputados que el ejemplo más grave de desfalco son las cuentas públicas del 2017 que fueran auditadas y aprobadas; dando un referente de inconsistencia e incongruencia, además de una transparencia simulada muy ajena a la lacerante corrupción que viven los potosinos.
La finalidad de este ejercicio es básicamente fortalecer las funciones fiscalizadoras de los diputados en su carácter de representantes populares, pero ahora con la participación real de la ciudadanía como denunciante de la mala aplicación de los recursos públicos, y coadyuvante en la revisión de las cuentas.
También destacaron como objetivos particulares que los ciudadanos puedan actuar en forma directa ante el poder legislativo, mediante un foro abierto para que los habitantes de los 58 municipios del estado cuenten con la posibilidad de exponer los casos de aplicación irregular de los recursos públicos de los ayuntamientos y de cualquiera de los 113 entes fiscalizables.
Por el ayuntamiento de la capital potosina, habló el secretario general, Sebastián Pérez García, haciendo referencia a la corrupción e impunidad que caracterizaron a la administración de los recursos públicos durante el trienio anterior.
«Buscaríamos que esto termine materializándose en una política pública, la cual permita transitar y darle certidumbre a los ciudadanos de que todos los recursos públicos y todos los bienes de los distintos ayuntamientos tienen que estar contabilizados y transparentados independientemente del color del grupo del personaje que llegue, porque no son del presidente municipal, sino públicos» dijo.
También señaló que México se distingue negativamente en la referencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), colocándose con 12 por ciento de sus recursos desviados en actos corruptos. Para el resto de las naciones estos cálculos apenas se ubican en dos por ciento.
Advirtió que se trata de dinero que debería usarse para implementar políticas públicas, infraestructura, programas y desarrollo social. «Sin duda que tiene que estar presente el ciudadano y los funcionarios públicos, no podemos aislarnos y la toma de decisiones hoy en día recae en los ciudadanos», dijo.