Reducir jornada diluye derecho al descanso y afecta pago de horas extra.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 15 de diciembre de 2025.- El investigador-docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos recordó que en el país no ha existido una reducción real de la jornada laboral desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, ni desde la Constitución de 1917.

Señaló que, mientras en regiones como Europa ya se aplican jornadas de 40 o incluso 35 horas semanales, en México se mantiene un máximo legal de 48 horas, lo que permite laborar hasta el sábado sin compensación adicional, salvo la prima dominical.

Explicó que la iniciativa impulsada por organizaciones como el Frente Nacional por las 40 Horas plantea reducir la jornada máxima y establecer una prima sabatina, similar a la que se paga por trabajar en domingo.

Indicó que este reclamo se basa en estándares internacionales, donde la reducción de jornada no ha generado crisis económicas ni impactos negativos, como tampoco los provocaron en México los incrementos al salario mínimo o la ampliación del periodo vacacional.

Sin embargo, señaló que la propuesta presentada por el gobierno federal se aleja de las demandas de organizaciones laborales y de derechos humanos, al plantear una reducción gradual que iniciaría en 2027 y concluiría en 2030, lo que consideró una dilación de un derecho postergado.

Advirtió que una de las principales preocupaciones es la ampliación del límite de horas extra pagadas al doble, que pasaría de nueve a 12 por semana, cuando actualmente el excedente se paga al triple, lo que brinda mayor protección a las personas trabajadoras.

Explicó que este cambio implicaría una disminución en los ingresos de quienes dependen de las horas extraordinarias para complementar su salario, aunque el sueldo base se mantenga sin modificaciones.

Luévano Bustamante señaló que la propuesta no modifica los límites de las jornadas diurna, nocturna y mixta, establecidas en ocho, siete y siete horas y media, respectivamente, aunque destacó que siguen en discusión otros temas como el reconocimiento de afectaciones a la salud mental como riesgos laborales.

Respecto al proceso legislativo, indicó que los espacios de diálogo se concentraron en sindicatos corporativos y cámaras empresariales, mientras que organizaciones independientes tuvieron una participación limitada.

Finalmente, sostuvo que el debate debe centrarse en el derecho al descanso como un elemento de salud pública y equilibrio personal, y consideró que una reducción inmediata de la jornada, sin gradualidad, sería lo más acorde con los derechos humanos y las tendencias internacionales.