Qué le depara a México con Trump menguante
Hace 6 años el otrora regidor del PAN -hoy funcionario del Ayuntamiento capitalino- Christian Azuara, mordía en la yugular a Xavier Nava cuestionando su promoción político electoral, parece que le dio amnesia, porque ahora, siendo director de Servicios Municipales, él usa hasta la entrega de unos uniformes baratos a pequeños futbolistas en Pozuelos como escaparate para promover su nombre (CA- Christian Azuara) con fines electorales y migajear alguna candidatura del blanquiazul.
Puede entenderse que “tiene su corazoncito” y haya terminado convirtiéndose en lo que juzgó en el pasado, pero utilizar ilegalmente el rostro de menores de edad para exponerlos en sus redes oficiales, es cruzar la línea.
Azuara exhibe los rostros de niñas, niños y adolescentes sin difuminar su identidad, incorporándolos a una publicación que también proyecta su propia figura. Ignora que la infancia no puede ser un recurso escenográfico para la promoción de un servidor público.

Los artículos 76, 77 y 78 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes protegen su intimidad, imagen y datos personales. El consentimiento de quienes ejercen la patria potestad no sustituye el derecho de los propios menores a expresar una opinión libre e informada, ni está por encima del principio del interés superior de la niñez. En materia político-electoral, los criterios del Tribunal Electoral establecen requisitos específicos de consentimiento, opinión y protección de identidad; cuando no se cumplen, deben difuminarse los rasgos que permitan reconocerlos.
Los niños no son accesorios de la comunicación gubernamental ni sus rostros pueden convertirse en instrumentos de promoción política. Azuara tendría que explicar bajo qué condiciones autorizó o promovió esa exposición.
«Me llena de alegría poder brindarles este incentivo», escribió, y parece que fue el único contento, porque basta analizar los rostros infantiles con esa mueca de incomodidad, el lenguaje corporal no miente: Azuara les coloca la mano por encima del hombro, los pequeños -endurecidos- hacen mueca, no sonríen, se alejan, no les gusta la imposición, ser utilizados en esa escena. Pero a él no le importa.

La contradicción adquiere mayor dimensión cuando se recuerda que en 2020 Azuara clamaba transparencia sobre los recursos destinados a medios, plataformas digitales y posibles convenios de difusión, además de señalar presuntas prácticas de promoción personalizada del entonces alcalde.
A esa dinámica se suma la promoción individual de otros integrantes de la administración. Y aquí aparece otro actor obligado a explicar su congruencia: el Partido Acción Nacional, tan severo cuando denuncia el uso de recursos públicos para posicionar funcionarios de otros partidos, pero mucho menos visible cuando el escrutinio alcanza a sus propios cuadros.
La legalidad no cambia de contenido según el color partidista.
El artículo 134 de la Constitución mexicana establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y dispone que la propaganda gubernamental tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Su párrafo octavo prohíbe que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
A su vez, la jurisprudencia 12/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece tres elementos para analizar esa conducta: el personal, que identifica al servidor público; el objetivo, que examina el contenido y finalidad del mensaje, y el temporal, que considera el momento de difusión y el contexto electoral.

En San Luis Potosí, el artículo 326 de la Ley Electoral contempla supuestos de promoción personalizada en propaganda gubernamental durante el periodo comprendido entre el inicio de las precampañas y la conclusión de la jornada electoral, incluyendo la exaltación de la imagen, cualidades y logros del servidor público.
Esto no significa que una publicación en primera persona constituya automáticamente una infracción ni que entregar uniformes configure por sí mismo un acto anticipado de campaña. Son figuras jurídicas distintas y requieren acreditar sus elementos. Pero tampoco convierte las responsabilidades públicas en plataformas de posicionamiento ajenas al escrutinio.
Azuara debería recordar que las convicciones no cambian con el cargo ni la promoción personal y al PAN le corresponde explicar si sus exigencias de legalidad son principios o solamente munición para criticar a los adversarios de enfrente.





