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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 15 de noviembre de 2026.- La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la atención comunitaria, garantizar los derechos humanos y establecer mecanismos permanentes para la prevención del suicidio.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Salud, mediante un modelo de atención que permita ampliar el acceso a servicios de promoción, prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación psicosocial e inclusión comunitaria.
La legisladora advirtió que la depresión, ansiedad, adicciones, violencia, aislamiento, autolesiones y suicidio representan desafíos que requieren atención prioritaria, por lo que consideró necesario actualizar las disposiciones legales y fortalecer la coordinación entre instituciones.
En ese sentido, señaló que la salud mental no puede atenderse únicamente desde el sector sanitario, sino que requiere la participación de dependencias de educación, desarrollo social, trabajo, seguridad pública, protección civil, municipios, universidades, familias y organizaciones civiles.
Azuara Yarzábal destacó que una atención digna debe procurar que las personas mantengan sus vínculos familiares y comunitarios, evitando separaciones innecesarias y favoreciendo su autonomía e integración social.
Uno de los principales planteamientos de la iniciativa es establecer una política pública permanente de prevención del suicidio, basada en evidencia científica, capacitación del personal, atención de crisis, seguimiento de casos y disponibilidad de servicios accesibles.

La propuesta también contempla recursos presupuestarios identificables para sostener las acciones preventivas y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de atender problemas de salud mental.
En el ámbito educativo, la reforma plantea medidas específicas para proteger la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante estrategias que respeten la confidencialidad, los derechos humanos, la perspectiva de género y el principio de no discriminación.
Entre las acciones propuestas se encuentra que las instituciones educativas cuenten con protocolos para identificar señales de alerta, brindar primeros auxilios psicológicos y activar redes de apoyo.
Asimismo, se busca establecer procedimientos para canalizar oportunamente a estudiantes que requieran atención psicológica o psiquiátrica, proteger su privacidad y dar seguimiento a los casos que necesiten acompañamiento especializado.
La iniciativa también propone que la Secretaría de Salud cuente con indicadores que permitan identificar las necesidades de atención por grupos de edad, regiones y niveles educativos, desde la infancia hasta las personas adultas mayores.
Según la legisladora, esta información permitiría orientar los recursos y servicios de prevención de acuerdo con las necesidades de cada sector, evitando prácticas que generen estigmatización.
La propuesta será turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social, y Hacienda del Estado del Congreso local para su análisis y dictamen correspondiente.
