La soberanía energética no será sacrificando con fracking

Tras dos décadas de aplicación masiva del fracking en Estados Unidos, existe amplia evidencia científica que documenta los impactos ambientales y sociales de esta técnica.

El Comité de científicos y expertos debería buscar las mejores rutas para salir de nuestra dependencia al gas y los combustibles fósiles, no cómo mantenernos en ella porque el gobierno omite que la soberanía no puede alcanzarse dando la espalda a la población, sacrificando territorios y el futuro de las siguientes generaciones.

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de ayer no deja lugar a dudas: el gobierno federal abrió la puerta al fracking en México, ya que planteó la posibilidad de explotar gas no convencional y anunció un comité científico para evaluar si esa explotación es viable. 

En los hechos, se trata de un giro político que contradice el compromiso de la 4T asumido por la hoy presidenta de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking en el país. Pero desde la presentación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, la política energética de esta administración se ha articulado en torno al mal llamado gas “natural”. 

Explorar una versión ‘sustentable’ del fracking puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe. La evidencia científica que demuestra los riesgos y efectos nocivos por el desarrollo de fracking ha sido compilada por científicos independientes y comprometidos.

El principal componente del gas fósil es el metano que, lejos de ser un combustible de transición, acelera la emergencia climática y obstaculiza el avance real hacia una transición energética. El gas fósil, igual que el petróleo y el carbón son los principales responsables del calentamiento del planeta, como lo han demostrado científicos e instancias internacionales como el IPCC.

Estados Unidos desde hace 15 años, ellos han organizado de forma rigurosa la evidencia científica, que en su edición de 2023 reunió más de 2,300 estudios científicos publicados que muestran un sólido consenso científico: “Los riesgos y los daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y van en aumento.”

Nos preguntamos, denuncian organizaciones ambientalistas, si no sería más oportuno enfocar el trabajo científico mexicano en buscar soluciones para acabar con la dependencia a los combustibles fósiles, y en su lugar demos pasos decisivos y acelerados hacia la transición energética justa, libre de combustibles fósiles, en línea con los múltiples acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de cambio climático. 

*** Disputa patrimonial

La detención de Rosa María Rubio Zepeda en Miami introduce una tensión difícil de ignorar en la disputa por el patrimonio del empresario Carlos de Jesús Aguirre Gómez. Durante seis años, el litigio se resolvió en tribunales civiles de la Ciudad de México hasta llegar a una sentencia definitiva: ella es la heredera universal y desecha las impugnaciones de los hijos del primer matrimonio. 

Cuatro días después, una orden de aprehensión por secuestro agravado cambia el terreno del conflicto. Lo que quedó zanjado en materia sucesoria reaparece en la esfera penal.

El giro exige sustento probatorio sólido. Sin embargo, los datos disponibles abren dudas razonables. Registros financieros del exdueño de Grupo Radio Centro documentan gastos constantes de sus hijos Juan Carlos y Alejandra Aguirre Corcuera en establecimientos de alto nivel en Chicago durante el periodo en que, según la denuncia, él permanecía privado de la libertad. 

Por otra parte, la evidencia médica disponible apunta en la misma dirección. El acta de defunción establece un infarto al miocardio en un contexto de cáncer de pulmón de larga evolución. No hay rastro de lesiones compatibles con violencia o abandono. A esto se suman registros fotográficos de convivencia en centros médicos como el Shirley Ryan Rehabilitation Lab y la Cleveland Clinic, donde no se advierte un entorno de restricción o deterioro atribuible a terceros.

Los testimonios ministeriales resultan relevantes. Otras de las hijas, Sofía Aguirre Corcuera, reconoció incluso haber visto a su padre sano y bien de salud poco antes de su deceso, lo cual debilita la acusación de maltrato o sometimiento físico presentada tras la apertura de la sucesión.

En este punto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México enfrenta una decisión clave. La conducción de Bertha Alcalde Luján debe privilegiar un análisis técnico de la carpeta, sin atajos ni presiones externas. La secuencia temporal obliga a revisar con lupa la motivación y la solidez de la imputación. El aparato penal no puede operar como vía alterna para disputar una herencia.

El principio de cosa juzgada fija un límite claro. Reabrir el conflicto por otra vía, sin pruebas consistentes, erosiona la certeza jurídica. Las pruebas documentales, tanto financieras como médicas, deben pesar más que las afirmaciones de parte interesada. De lo contrario, cualquier resolución firme quedaría expuesta a nuevas ofensivas bajo distintos tipos penales.

Este expediente pone a prueba el criterio institucional. La frontera entre persecución de un delito y uso estratégico de la justicia penal debe trazarse sin ambigüedad. Si se diluye, la credibilidad del sistema se resiente. La Fiscalía tiene en sus manos la posibilidad de fijar un precedente: uno que confirme que el derecho penal se reserva para conductas acreditadas, no para prolongar disputas patrimoniales.

Rubio Zepeda enfrenta un procedimiento que exige revisión estricta de sus fundamentos para evitar que la libertad se utilice como presión en litigios sucesorios. El desenlace marcará la posición de la autoridad frente a la posible instrumentalización de la ley penal en conflictos de alta relevancia pública.

*** Cierran filas con reforma electoral

El respaldo al llamado Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum comienza a delinear la narrativa que varios legisladores buscan posicionar tras su aprobación en la Cámara de Diputados. Entre ellos destaca el diputado Eruviel Ávila Villegas, quien aseguró públicamente que la reforma representa “un gran avance democrático” y defendió el apoyo otorgado en San Lázaro. 

El aval llegó después de una sesión legislativa que se extendió por más de 16 horas y en la que se modificaron los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, una señal de que la mayoría parlamentaria busca consolidar una nueva arquitectura electoral alineada con el proyecto político del Ejecutivo. 

Ahora, el foco se traslada fuera del Congreso federal. El futuro de la reforma dependerá de la reacción de los congresos estatales, donde deberá discutirse y votarse para completar el proceso constitucional. Al tiempo.

*** Preocupa precio de gasolina

TOME MOTA *** En Quintana Roo, diversos sindicatos de transportistas y trabajadores de la construcción preparan denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Cesar Iván Escalante al considerar que existe una alta concentración en la venta de gasolina en la entidad, donde el grupo CorpoGas, ligado al empresario Ricardo Antonio Vega Serrador y con vínculos históricos con la familia Mouriño, controla cerca del 64 por ciento del mercado local. 

De acuerdo con estimaciones del propio sector, el combustible se vende entre 60 centavos y 1.60 pesos por litro por encima del promedio nacional, un diferencial que ya impacta costos logísticos y de obra, al grado de que constructores prevén incrementos de entre 10 y 15 por ciento en proyectos de vivienda por el encarecimiento del traslado de materiales hacia la península. 

El tema incluso fue mencionado en 2024 en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se instruyó a la Profeco revisar las condiciones del mercado.