La batalla por la legalidad

En el sector de juegos y sorteos del país, a través de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), presidida por Miguel Ángel Ochoa, existe una coincidencia con la ruta que han emprendido la Secretaría de Gobernación, que dirige Rosa Icela Rodríguez, y las autoridades federales para enfrentar la operación de máquinas tragamonedas ilegales. 

La discusión ocurre además en un momento decisivo para una industria que rebasa los 7 mil millones de dólares al año y sostiene más de 150 mil empleos directos e indirectos.

El mensaje enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina refuerza una idea que desde hace tiempo plantea la industria formal: las llamadas maquinitas clandestinas no forman parte del mercado regulado. Su operación representa un fenómeno distinto, asociado con actividades que afectan la seguridad pública y distorsionan la competencia entre quienes cumplen la ley y quienes permanecen fuera de cualquier esquema de supervisión.

La posición de la AIEJA también responde a una lógica económica. Los operadores autorizados destinan recursos al cumplimiento de obligaciones fiscales, mecanismos de prevención del lavado de dinero, auditorías y controles regulatorios. En contraste, los establecimientos ilegales evaden esas responsabilidades y obtienen ventajas indebidas que terminan por afectar tanto a la inversión como a la recaudación pública.

En paralelo, el sector mantiene la expectativa sobre una nueva legislación que permita actualizar las reglas para una actividad que ha crecido de forma importante durante los últimos años. La industria considera que un marco jurídico moderno ofrecerá mayor certidumbre para los inversionistas y establecerá condiciones más claras para todos los participantes.

Los casineros que operan bajo los marcos legales y con trabajo de la mano de dependencias como la SEGOB de Rosa Icela Rodríguez, y el SAT de Antonio Martínez Dagnino,  también ha reiterado su disposición para colaborar con las autoridades en el intercambio de información y en el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar operaciones irregulares. Desde la perspectiva del organismo, la cooperación institucional representa uno de los instrumentos más eficaces para cerrar espacios a la ilegalidad y fortalecer el Estado de derecho.

Otro elemento relevante consiste en separar con claridad a la industria formal de quienes utilizan el juego clandestino como fuente de financiamiento para actividades ilícitas o de extorsión. Esa distinción resulta indispensable para evitar que un problema de carácter criminal afecte la imagen de empresas que operan bajo permisos, supervisión y reglas claramente definidas.

El desafío, en consecuencia, ya no consiste únicamente en retirar máquinas ilegales de circulación. El objetivo de fondo pasa por consolidar un mercado transparente, competitivo y confiable, donde la inversión encuentre certeza, la autoridad fortalezca la legalidad y la sociedad obtenga beneficios de una actividad económica que aporta empleo, contribuciones fiscales y desarrollo cuando funciona dentro del marco normativo.

*** Líder de SNAC desvía millones en promover falsa imagen

Alejandro Martínez Araiza, líder ilegal del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), desvió recursos de esa organización, sin autorización, por casi 11 millones de pesos para pagar a revistas, con la finalidad de promover su imagen personal en los últimos tres años, de 2024 a la fecha.

El mal uso de los recursos del SNAC se suma a la negativa de ese personaje para informar a las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), sobre la administración del patrimonio sindical, que tan sólo en cuotas sindicales asciende a más de 500 millones de pesos.

Trabajadores del SNAC informaron que Martínez Araiza gastó 10.5 millones de pesos en el pago de publicidad a una revista que lo promocionó como uno de los “300 líderes más influyentes de México” en sus ediciones de 2024, 2025 y 2026, calificativo totalmente falso que no se puede aplicar a un dirigente auto reelegido en comicios ilegales en abril del año pasado.

Por otra parte, Martínez Araiza destinó 231 mil pesos en una publicación especializada en Negocios, Economía y Finanzas, para promover una falsa imagen como defensor de los trabajadores, cuando en realidad emprendió campañas de represión y promovió despidos de obreros que denunciaron sus abusos.

En las campañas publicitarias de auto elogios, Martínez Araiza se presenta a si mismo, como promotor de iniciativas en el Cuarto de Junto de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por parte del sector obrero, situación totalmente falsa, ya que el líder espurio del SNAC no forma parte del grupo de consulta formado por dirigentes, como Tereso Medina, secretario general de la CTM, y Francisco Hernández Juárez, líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de telefonistas.

De igual manera, el dirigente del SNAC se presenta como un “líder moderno”, promotor de tecnologías usadas en beneficio de la clase trabajadora, situación totalmente diferente a la realidad, puesto que mediante la aplicación digital de ese sindicato hace que los obreros adquieran servicios y productos, a precios superiores a los del mercado, lo cual le genera a él ganancias estimadas en 51 millones de pesos anuales.

Los pagos realizados por Martínez Araiza le han permitido aparecer en notas informativas y entrevistas en ediciones normales y especiales de las revistas, como un falso redentor de los trabajadores, cuando en realidad su familia ha convertido al SNAC en un negocio particular, ya que su abuelo, Genaro Martínez Moreno y su padre, Marco Antonio Martínez Armenta, han ocupado la secretaría general del SNAC y controlado a dicha agrupación de 17 mil trabajadores desde 1966.

Los trabajadores intensificarán sus presiones para que Héctor Josué Arcos Balderas, director general interino, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuya gestión iniciará el 1 de agosto, retire el registro de Martínez Araiza, como secretario general de ese sindicato y se emprendan acciones en su contra por el desvío de recursos gremiales.

**" Interjet: el costo fiscal de una estrategia legal

La insolvencia de Interjet no puede analizarse únicamente desde sus adeudos fiscales, laborales y operativos. También exige revisar la calidad de las decisiones jurídicas que acompañaron el deterioro de la compañía. 

La atracción por parte de la Suprema Corte del litigio por 689.3 millones de pesos coloca bajo análisis la responsabilidad solidaria atribuida a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, pero, de forma paralela, vuelve pertinente examinar la actuación de Francisco Javier Mondragón Alarcón, quien encabezó la representación legal y la comunicación jurídica de la aerolínea durante una etapa decisiva.

Desde una perspectiva financiera, el caso resulta relevante porque las contingencias legales no permanecieron aisladas del balance de Interjet. La estrategia empresarial alrededor de los 22 Sukhoi Superjet 100 generó fuertes costos operativos ante problemas de mantenimiento, disponibilidad de refacciones y permanencia de aeronaves fuera de servicio. 

El deterioro de liquidez redujo el margen para atender obligaciones y terminó por profundizar la crisis de una compañía que ya enfrentaba presiones fiscales y laborales. La actuación de sus asesores jurídicos, por ello, merece evaluarse no solo por sus argumentos procesales, sino por su capacidad para proteger el patrimonio corporativo y reducir la exposición de los accionistas.

El punto central que resolverá la Corte será el alcance del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación y las condiciones bajo las cuales puede configurarse la responsabilidad solidaria de integrantes de una empresa. El criterio tendrá implicaciones que van más allá de Interjet: definirá hasta dónde puede extenderse la responsabilidad patrimonial frente a créditos fiscales y qué grado de protección tienen los accionistas y administradores. 

Para la familia Alemán, el litigio representa una nueva etapa de una crisis cuyo costo empresarial ya fue considerable; para Mondragón Alarcón, constituye también un escrutinio sobre una estrategia legal cuyos resultados distan de haber contenido el conflicto.

*** Futbol profesional en Veracruz 

TOME NOTA *** Veracruz vuelve a respirar futbol profesional y es que, el estadio Luis “Pirata” Fuente abre nuevamente sus puertas para recibir a Piratas FC cuyo club es encabezado por Carlos José “Chino” Benavides, en la Liga de Expansión MX. Este regreso del futbol profesional es respaldado por la gobernadora Rocío Nahle, por la Federación Mexicana de Futbol, liderada por Mikel Arriola; y aliados privados. 

Pero el regreso no se limita a los 90 minutos sobre la cancha, ya que la nueva etapa también busca reconstruir el vínculo con la afición y generar movimiento económico y comercial en torno al inmueble. 

Como parte de esa estrategia, Piratas FC y la marca deportiva Keuka inauguraron una tienda oficial en Plaza Mantarraya, ubicada dentro del estadio, donde los seguidores del equipo ya pueden adquirir uniformes y artículos oficiales. Así, Veracruz vuelve a ocupar un espacio dentro del mapa deportivo nacional, pues el primer encuentro se disputará este sábado, cuando Piratas FC reciba a Atlético Morelia.