Justicia y el tribunal de opinión

Para cobrar autenticidad y vigencia la justicia debe mantenerse al margen de la presión política, del dinero y de la opinión pública. A tal fin son fundamentales la independencia y fortaleza del juzgador. En materia penal, la justicia consiste en aplicar la ley conforme a los principios del debido proceso, especialmente, la presunción de inocencia.

La impartición de justicia es una función del soberano que se ejerce en los tribunales. La soberanía se expresa en el poder constituyente y éste en la Constitución que establece el catálogo de derechos y crea las instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial.

El juzgador es, en ese sentido, una expresión de la soberanía popular. En el proceso penal, el Ministerio Público o la fiscalía y el imputado constituyen las partes; el juzgador, como expresión del poder soberano, debe actuar con imparcialidad, rigor e independencia para representar al Estado. Sin legalidad no hay Estado; sin Estado no hay justicia.

El mayor problema de la concepción de la justicia promovida por el obradorismo, de la cual la ministra Lenia Batres representa una de sus expresiones más visibles, es que la justicia deja de entenderse como un ejercicio imparcial para convertirse en un instrumento del proyecto político en el poder.

No sólo se desconfía de la imparcialidad, se le considera una ficción que debe desmontarse y combatirse. Desde esa visión resulta comprensible el rechazo a la autonomía e independencia de las instituciones, ya sea la fiscalía o los tribunales.

En esas condiciones, la justicia, sin adjetivos, deja de existir. El régimen parece invocar una suerte de justicia popular o revolucionaria, al servicio de una causa que se arroga el derecho de reprimir, excluir, encarcelar y, en casos extremos, eliminar al adversario. La legalidad, elemento fundamental de la democracia, es el principio que obliga por igual a todos y que ofrece certeza sobre los derechos.

En su momento se advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum que sustituir el sistema de justicia, en lugar de reformarlo, constituiría un grave error y marcaría una ruptura de consecuencias difíciles de revertir y en dirección hacia la autocracia. Hoy, a un año de la elección judicial, existe evidencia suficiente para evaluar sus resultados.

Diversos especialistas así lo sostienen con rigor y objetividad, como los realizados por el Observatorio de la Justicia (www.observatoriodelajusticia.org), que presentará un informe al cumplirse el primer año de la integración del Poder Judicial Federal. El tribunal de la opinión es, al mismo tiempo, riesgo y virtud. Riesgo cuando el sensacionalismo —presente en los medios tradicionales y digitales— precipita conclusiones, especialmente en la cobertura de hechos delictivos.

Aunque existen avances para contener prácticas que degradan el oficio periodístico y vulneran el derecho de los ciudadanos a una información veraz, sigue siendo frecuente que la detención de una persona baste para imponerle una condena mediática anticipada.

Si los códigos de ética son débiles en medios tradicionales, la situación se agrava en el ecosistema digital. No obstente, la opinión pública y los medios de comunicación, con toda su diversidad y distintos estándares de calidad, constituyen un recurso insustituible para contener los abusos del poder y dar voz a la sociedad.

Las democracias más sólidas se distinguen por la vitalidad de su opinión pública. Un ejemplo, Estados Unidos, donde el escrutinio de los medios mantiene bajo presión al presidente Trump, pese a la fuerte inercia autoritaria y al creciente control de la oligarquía sobre medios tradicionales y plataformas digitales.

El tribunal de la opinión no debe sustituir a la justicia institucional. Ese principio, sin embargo, sólo puede sostenerse cuando existen jueces libres, autónomos y confiables. Hoy no está presente en México. La justicia se ha debilitado debido a la pérdida de independencia frente al poder político, caso del trato diferenciado entre el juzgador que inicialmente rechazó la orden de aprehensión en el asunto INGEMAR y la juzgadora, surgida de la elección del acordeón, que después la concedió.

Dos criterios opuestos frente a una misma solicitud. No hay espacio para la legitimidad de la justicia cuando se dispensa por consigna política. Para efectos prácticos, el inculpado, Ernesto Ruffo es un preso político y el espectáculo de su detención y proceso penal se corresponde al objetivo que motivo y mueve al régimen.

La presidenta condena porque sabe que la juez la pertenece. Cuando la justicia institucional pierde credibilidad e independencia, la denuncia pública y el escrutinio de los medios son el último recurso de los ciudadanos frente a la parcialidad y al uso político de la justicia. La opinión pública no sustituye al Estado de derecho; sólo ocupa ese espacio cuando la justicia pierde vigencia.