Industria de pesados ante un reto decisivo

El sector de autobuses, camiones y tractocamiones en México se ha consolidado como una pieza clave para la economía nacional y la competitividad regional. Su relevancia no solo radica en la capacidad de exportación, sino también en los empleos que genera y en la extensa cadena de proveeduría que dinamiza.

 En este contexto, la reciente iniciativa de ley para proteger a las industrias estratégicas plantea un debate necesario: establecer reglas justas y aranceles claros para enfrentar la competencia de productos importados provenientes de países sin acuerdos comerciales con México.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), presidida por Rogelio Arzate, ha manifestado que el impulso de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y de Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, responde a una exigencia de larga data en el sector: contar con un marco regulatorio transparente que garantice condiciones de igualdad. Sin este andamiaje, la planta productiva instalada en el país se encuentra vulnerable ante competidores que no enfrentan los mismos estándares técnicos, ambientales o fiscales.

Los vehículos pesados cumplen un papel estratégico en la movilidad de carga y pasajeros, por lo que asegurar un “piso parejo” es fundamental para mantener y ampliar la inversión. De aprobarse la reforma, no solo se blindaría la operación de empresas que confían en México, también se impulsaría la innovación tecnológica y la generación de empleos de calidad en un sector que requiere certidumbre y visión de largo plazo.

La industria enfrenta además un desafío ambiental ineludible: alinear sus procesos y productos con los compromisos internacionales de descarbonización. Los autobuses y camiones no solo deben ser competitivos en costos, también deben responder a estándares de eficiencia energética y reducción de emisiones. En este sentido, la iniciativa abre la oportunidad de vincular la competitividad con la sustentabilidad, lo cual resulta indispensable en un entorno global cada vez más exigente.

Un marco legal robusto permitiría además mayor transparencia en las operaciones, especialmente en el reporte de ventas y en la recaudación fiscal, ámbitos donde en el pasado han existido vacíos que distorsionaron el mercado. Generar certidumbre en estos aspectos es clave para evitar ventajas indebidas y consolidar un entorno de competencia real.

México no puede darse el lujo de perder terreno en una industria que representa una plataforma logística para América del Norte y más allá. La discusión en el Congreso debe asumirse como una oportunidad histórica para diseñar políticas públicas que fortalezcan el papel de los vehículos pesados como motores de crecimiento económico y transformación sustentable.

Si se logra un consenso entre autoridades, productores y sociedad, el país tendrá la capacidad no solo de proteger a este sector estratégico, sino de catapultarlo hacia un futuro más competitivo y alineado con las exigencias globales. El camino hacia la equidad y la sostenibilidad en el transporte pesado es, en definitiva, una condición necesaria para asegurar el desarrollo de México en las próximas décadas.

*** Rechazan SACM e IMPI realizar operativos contra empresas en la frontera norte

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no realizan operativos arbitrarios o extorsiones en contra de persona alguna. La Constitución y la Ley Federal del Derecho de Autor, establecen que las personas creadoras en materia artística, literaria y musical son titulares de derechos de autor y deben ser protegidos en términos de la normatividad nacional e internacional.

El IMPI, la SACM y la CONCANACO SERVYTUR, trabajan coordinadamente, con el fin de proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor. Se han sostenido dos reuniones de representantes del Instituto y de la Sociedad con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que representa a 5.2 millones de empresas, para reforzar la lucha contra la piratería, proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor, así como acordar tarifas públicas de regalías, atendiendo a la realidad de cada tipo de negocios, evitando la discrecionalidad.

El posicionamiento de los tres organismos, a los que se sumó la Secretaría de Economía, se produjo como respuesta a la reciente denuncia de Iván Pérez Ruiz, presidente de la Canaco Servytur Ciudad Juárez, quien aseguró que inspectores del IMPI, a solicitud de la SACM, exigen pagos diversos por la transmisión de música en establecimientos de esa localidad, bajo amenaza de iniciar procedimientos legales.

Al respecto, durante la mañanera del 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y a Santiago Nieto, titular del IMPI, para atender el señalamiento de Pérez Ruiz.

De acuerdo con las instrucciones del Gobierno Federal, la SACM y la CONCANACO SERVYTUR coordinarán una propuesta para celebrar un convenio nacional que establezca reglas claras en beneficio de todas las partes, incluidas las micro y pequeñas empresas, de acuerdo con lo que establece la ley de la materia y la autoridad competente para el cobro de derechos de autor en negocios que reproducen música.

La SACM informa que trabaja en la defensa de los creadores para obtener regalías por el uso de la música en establecimientos mercantiles, entregándolas a los compositores. Por su parte, el IMPI indica que está facultado para ejecutar el acto jurídico denominado “visita de inspección” de conformidad con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

*** El reto de regular la IA 

La rápida irrupción de la inteligencia artificial en la vida diaria exige nuevas reglas. En la sesión ordinaria de la Concamin, que preside Alejandro Malagón Barragán, el diputado Eruviel Ávila recordó un caso estremecedor: el de un joven en Estados Unidos que usó durante meses un chatbot para planear su suicidio. 

El episodio ilustra los riesgos de una tecnología sin regulación, pero también la urgencia de que el país trace una ruta ética y responsable. Como presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ávila informó que ya se presentó una reforma constitucional que plantea modificar nueve artículos de la Carta Magna e incorporar la IA en ámbitos clave. Además, se trabaja en un borrador de ley de alcance regional con especial atención en la seguridad pública. 

La invitación a los industriales responde a su experiencia en cadenas productivas y de valor, que será decisiva para construir un marco regulatorio moderno que proteja a la sociedad sin frenar la innovación.

*** 150 días que Mtz. Araiza viola la LFT

TOME NOTA *** En la agenda de Alfredo Domínguez Marrufo está marcado que el 15 de septiembre se cumplieron 150 días desde que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que él encabeza, pidió, exhortó y exigió a Alejandro Martínez, Araiza, dirigente sindical del SNAC, que informara sobre el patrimonio sindical, valuado en 500 millones de pesos, medida que desobedeció.

El dirigente cumplió cinco meses sin rendir cuentas del patrimonio de esa organización, que agrupa a 17 mil trabajadores en todo el país, acción a la que está obligado de acuerdo con el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, que define la obligación de informar sobre el patrimonio sindical a trabajadores y autoridades.

El dirigente sindical ha retado a las autoridades del Trabajo y Fiscales del gobierno de la 4T diciendo que no va a rendir cuentas y que sólo lo hará a los trabajadores sindicalizados, pero eso tampoco ha ocurrido en los últimos seis años.

Por ello, los trabajadores disidentes del SNAC piden al Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum: rendición de cuentas de Martínez Araiza , sobre 500 millones de pesos, patrimonio de los trabajadores, la destitución del líder sindical, auditorías de la STPS en los centros laborales para saber si en realidad Alejandro Martínez Araiza ha entregado reportes semestrales sobre los diferentes fondos del SNAC, la cancelación del registro del Sindicato y que finquen responsabilidades sobre el Comité Ejecutivo Nacional.

Las autoridades laborales informaron que el dirigente del SNAC no les entregó el   acta de asamblea en la que fue reelecto por seis años más como secretario general de esa organización, el pasado 15 de abril.

En dicha acta debió informar sobre la administración del patrimonio sindical y, por ello, desde el 19 de mayo el CFCRL le envió un oficio para exhortarlo a que cumpliera con su responsabilidad marcada en la Ley Federal del Trabajo.

Los obreros disidentes señalaron que Martínez Araiza no les ha informado sobre el uso y monto del patrimonio sindical, por lo cual las autoridades deben intervenir para exigirle cuentas y sancionarlo.

*** El impuesto verde que se pintó de gris

Tras una recaudación récord en 2024, el impuesto verde en Nuevo León se desplomó este año en 42 por ciento, recaudando apenas una fracción de lo presupuestado. Lo que en su momento se presentó como innovación fiscal hoy huele a trampa, con versiones que señalan moches y arreglos para exentar a grandes empresas contaminantes.

Mientras tanto, los recursos que sí se han reunido han terminado en proyectos que poco o nada tienen que ver con la protección ambiental, como la compra de camiones o la ampliación del Metro. Las pequeñas y medianas empresas cargan con la factura completa, los grandes contaminadores se libran con conexiones políticas, y el ciudadano común respira el mismo aire contaminado de siempre.