IA en el gobierno, del tabú a la aplicación tecnológica

La OCDE publicó el documento Gobernar con la inteligencia artificial, en el que analiza el panorama actual y propone una hoja de ruta para su aplicación en funciones centrales del gobierno. El texto funciona como referencia ante los avances en la materia y los retos que la IA plantea en los ámbitos personal, comunitario y público.

Es de mencionar que en el documento, la inteligencia artificial se plantea como una herramienta de apoyo a las tareas humanas.

En esta entrega quiero compartir el enfoque general del informe. En los últimos años se ha registrado un avance sostenido en la digitalización del sector público, acelerado por la pandemia de COVID-19. Este proceso permitió ampliar los trámites en línea y mantener la operación de servicios. Sin embargo, el reto actual no es únicamente digitalizar, sino asegurar que los servicios sean funcionales, accesibles y centrados en la ciudadanía.

La eficiencia administrativa es un objetivo, pero no suficiente. La confianza en las instituciones es un elemento central. De acuerdo con datos de la OCDE de 2023, solo el 39% de la población reporta niveles moderados o altos de confianza en sus gobiernos nacionales. Este contexto obliga a que la adopción tecnológica se acompañe de resultados verificables, transparencia y trato equitativo.

En este escenario, la inteligencia artificial se ha incorporado como una herramienta relevante. Su uso en el sector público incluye la automatización de procesos, atención mediante asistentes virtuales, detección de irregularidades y apoyo en la toma de decisiones. También se aplica en gestión de riesgos y administración tributaria. Estos usos pueden mejorar la operación institucional y reducir tiempos de respuesta.

Otro comentario que quiero hacer es que su adopción en el sector público es más lenta que en el privado.

Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de personal especializado, sistemas tecnológicos obsoletos, limitada disponibilidad de datos y restricciones presupuestales. A ello se suman exigencias en materia de protección de datos, transparencia y rendición de cuentas.

El desarrollo de capacidades institucionales es necesario para avanzar. La implementación de IA requiere marcos normativos claros, criterios técnicos y mecanismos de supervisión. También implica establecer condiciones para el uso responsable de datos y prevenir sesgos o afectaciones a grupos específicos.

El aprendizaje basado en experiencias es una vía para reducir riesgos. Existen casos documentados de uso de IA en gobiernos que permiten identificar prácticas efectivas y áreas de mejora. En este sentido, organismos internacionales han promovido el análisis comparado y el intercambio de información.

La OCDE ha recopilado modelos de gobernanza y casos de uso para orientar a los gobiernos en la adopción de estas tecnologías. Dicho sea de paso, este tipo de ejercicios aporta evidencia para el diseño de políticas públicas, la identificación de áreas de aplicación y la definición de límites. La incorporación de inteligencia artificial en el gobierno implica efectos operativos y regulatorios. Su implementación debe evaluarse con base en resultados, impacto en la ciudadanía y capacidad institucional.

El desarrollo del gobierno requiere forzosamente condiciones institucionales que permitan su operación y evaluación continua. La inteligencia artificial forma parte de este proceso, y su efectividad dependerá de su integración en la gestión pública y en la relación con la ciudadanía.