El debate sobre IA en SLP necesita diálogo, no confrontación permanente

Hay momentos en los que el debate público necesita menos consignas y más preguntas. La discusión que provocó en San Luis Potosí la llamada Ley Serrano llegó precisamente a uno de esos momentos, aunque pareciera que algunos sectores de la discusión pública todavía no se han dado cuenta. La legislación que generó una fuerte controversia por sus alcances en materia de inteligencia artificial, libertad de expresión y ejercicio periodístico ya fue derogada por el Congreso del Estado. Eso modifica por completo el escenario en el que hoy debería desarrollarse la discusión.

Porque una cosa es cuestionar una legislación, exigir que se corrija, pedir explicaciones y señalar los riesgos que podía representar para periodistas y ciudadanos, y otra muy distinta es asumir que, una vez corregido el rumbo, la única relación posible con el Poder Legislativo tiene que mantenerse en la lógica de la confrontación belicosa por deporte o por consigna política. Si lo que se reclamaba era diálogo, ahora hay diálogo. Si se exigía que especialistas participaran en la construcción de una nueva regulación, ahora están participando. Si se reclamaba que organizaciones defensoras de la libertad de expresión fueran escuchadas, también se está abriendo esa puerta.

El pasado 2 de septiembre, en el Hyatt Regency de San Luis Potosí, se realizó un foro que debería ser visto justamente bajo esa perspectiva. La participación de especialistas como Ernesto Villanueva Villanueva y Manuel Granados Covarrubias permitió llevar la discusión a un terreno que durante semanas se reclamó: el técnico, jurídico y académico. Villanueva planteó la necesidad de evitar tipos penales abiertos y de someter cualquier nueva regulación a procesos de consulta y revisión especializada. Es decir, el debate comenzó a moverse de la consigna a la construcción de una alternativa.

Y al día siguiente ocurrió algo todavía más significativo. Integrantes de Artículo 19 participaron en una reunión de trabajo con integrantes del Congreso para abordar asuntos relacionados con libertad de expresión, protección a periodistas y los retos que representa el entorno digital. Nuevamente, el Poder Legislativo abrió sus puertas a una organización que precisamente ha sido una de las voces más críticas cuando considera que existen amenazas contra el ejercicio periodístico. La reunión fue impulsada por Héctor Serrano y contó con la participación de representantes de distintas fuerzas políticas.

La ley fue derogada y esa decisión forma parte de la realidad política que hoy debe asumirse. Pero sí sería injusto ignorar lo que está ocurriendo después de la derogación. Serrano ha permanecido en el debate, ha participado en los encuentros y, sobre todo, ha mantenido una postura de apertura incluso frente a quienes han decidido convertir cada aparición pública en una oportunidad para confrontarlo.

Y aquí aparece una discusión que quizá resulte incómoda para todas y todos los involucrados: ¿en qué momento la protesta deja de buscar una solución y comienza a necesitar que el conflicto permanezca?

Protestar es legítimo. Reclamarle a un diputado es legítimo. Cuestionar al Congreso, exigir explicaciones, señalar errores y hacer pública una inconformidad forma parte de una democracia que, precisamente por ser democrática, debe soportar la crítica. Nadie debería pretender que los periodistas, los ciudadanos o las organizaciones sociales sean dóciles. Pero esa misma libertad obliga a reconocer que la crítica o el desacuerdo también tienen límites éticos y que el diálogo pierde sentido cuando una de las partes deja de acudir a él para escuchar y solamente acude para confrontar,

Eso también debería aplicarse al ejercicio periodístico. Defender la libertad de expresión implica defenderla incluso cuando la expresión resulta incómoda, desagradable o contraria a nuestros intereses. Pero defender el periodismo también significa respetar el trabajo de otros periodistas, incluso cuando no compartimos su línea editorial, su medio, su criterio o los reconocimientos que reciben.

Aquí vale la pena detenerse en un episodio que pasó casi inadvertido dentro de una discusión mucho más grande y que involucra a una de las inconformes que pretende erigirse solo como víctima. El Premio Estatal de Periodismo 2026 recibió 733 trabajos y contó con un jurado integrado por periodistas y especialistas, con reconocimientos en 14 categorías. Quadratín San Luis Potosí obtuvo cuatro de ellos. Cuestionar un premio, por supuesto, es completamente válido. Cualquier certamen periodístico puede y debe estar sujeto a escrutinio. Pero lo que resultó mucho más cuestionable e incongruente es convertir a las reporteras y los reporteros que recibieron un reconocimiento en objeto de señalamientos personales, agravios, exhibiendo sus nombres y rostros o descalificar su trabajo sin presentar elementos que permitan sostener esas acusaciones. Y eso es justamente lo que hizo la misma comunicadora que se desgañita exigiendo respeto a la prensa.

Y aquí es donde la congruencia adquiere especial importancia. No se puede reclamar al poder que respete la dignidad de los periodistas mientras, desde el propio ámbito periodístico en el que dicen participar, se descalifica públicamente a comunicadoras y comunicadores que todos los días salen a la calle, cubren una conferencia, recorren una colonia, esperan una declaración, buscan una fuente, enfrentan el sol, la lluvia, los riesgos y las dificultades propias de una profesión que, en muchas ocasiones, se ejerce con recursos limitados y enormes exigencias.

El periodismo no se defiende destruyendo la reputación de otros periodistas.

Esto no es una defensa de ningún premio ni una petición para que nadie deje de cuestionarlo. Es, simplemente, una invitación a aplicar el mismo estándar que se exige al poder. Si se reclama que no se estigmatice a los periodistas, tampoco debería estigmatizarse a periodistas. Si se cuestiona que desde una posición de poder se descalifique a quien piensa diferente, tampoco debería utilizarse una posición pública para señalar a otros comunicadores como parte de supuestos arreglos sin presentar pruebas. La libertad de expresión no puede ser una herramienta que funciona únicamente cuando somos nosotros quienes hablamos.

Y algo parecido ocurre con las protestas que se han presentado durante los encuentros relacionados con la Ley Serrano. Quienes han acudido tienen todo el derecho de manifestarse y de expresar su inconformidad. No hay absolutamente nada cuestionable en ello. Lo que sí merece una reflexión es la forma en que se está haciendo. Cuando una protesta se aproxima al rostro de un legislador, lo confronta directamente, eleva el tono y convierte cualquier intento de intercambio en una nueva oportunidad para recriminar, la frontera entre la protesta legítima y la confrontación política comienza a hacerse demasiado delgada.

Héctor Serrano pudo haber respondido de muchas maneras. Pudo haber abandonado el lugar, enfrentado verbalmente a quienes lo cuestionaban o entrar en la misma dinámica de provocación. No lo hizo. Al menos en los encuentros recientes, ha optado por permanecer, escuchar y sostener la postura de que existe disposición para continuar trabajando. Eso no lo convierte automáticamente en alguien que tuvo razón desde el principio, pero sí demuestra una apertura que sería mezquino negar.

También hay que reconocer otro elemento. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Sara Rocha, ha reconocido públicamente el papel de Serrano como uno de los principales impulsores de estos espacios de discusión, precisamente en una etapa en la que el Congreso necesita afianzar credibilidad y demostrar que puede escuchar a quienes piensan distinto. Y si especialistas, organizaciones y participantes han reconocido que abrir las puertas al diálogo constituye un ejercicio positivo, sería absurdo ignorarlo únicamente porque el personaje que está detrás de la convocatoria sigue siendo políticamente incómodo para algunos sectores.

La Ley Serrano ya no está vigente. Esa es la realidad. Ahora viene una tarea mucho más difícil: construir una regulación de inteligencia artificial que proteja derechos, combata abusos y al mismo tiempo no termine convirtiéndose en una herramienta para censurar la crítica. Para eso se necesitan especialistas, legisladores, periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos. Se necesita discutir, corregir, cuestionar y, sobre todo, escuchar.

Por eso quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos quién ganó la pelea alrededor de la Ley Serrano y comenzar a preguntarnos qué vamos a construir después de ella. Si quienes protestaron consiguieron que la legislación fuera revisada y finalmente derogada, si consiguieron que especialistas fueran escuchados y si consiguieron que organizaciones como Artículo 19 se sentaran con el Congreso, entonces buena parte de sus objetivos ya están sobre la mesa. Lo que sigue no debería ser mantener vivo el conflicto por el conflicto mismo, sino utilizar esa presión ciudadana para conseguir una legislación mejor.

Y eso también exige congruencia de quienes están de ambos lados.

El poder debe aprender a escuchar cuando se equivoca. Los periodistas deben poder cuestionarlo sin miedo. Los ciudadanos deben poder protestar sin ser descalificados. Pero quienes protestan también deben entender que el diálogo pierde su sentido cuando únicamente se utiliza para exigir que el otro escuche y nunca para escuchar al otro.

Quizá el verdadero reto de Héctor Serrano, más allá de defender su actuación política, sea precisamente demostrar que puede convertir una de las mayores controversias de su carrera en una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Y quizá el reto de quienes lo han cuestionado sea exactamente el mismo: demostrar que después de conseguir que una ley polémica fuera derogada, tienen la capacidad de pasar de la protesta a la propuesta.