El ahogo de las pensiones

Aunque no lo crea, de cada 100 pesos que pagamos en impuestos durante el primer semestre,, 38 se fueron directo al pago de pensiones. Es decir, 1.13 billones de pesos de enero a junio, lo que significa 5.28 por. Ie yo más  que el año pasado en el mismo periodo.

Nunca se había erogado una cantidad tan alta, en sólo seis meses, para pago de pensiones, sin descartar que es el tercer año vo secutivp que el pago supera el billon de pesos.

Dicho en otras palabras, 34 de cada 100 pesos del gasto programable, o sea el dinero que paga la operación diaria y los servicios que recibes, se va al pago de pensiones.

Las pensiones de los que cotizaron toda su vida costaron 831,735 millones y crecieron 2.7%. Las que se pagan por edad, sin importar si la persona cotizó en el sector formal, costaron 298,788 millones y crecieron 13 por ciento real.

 Esta última parte crece cinco veces  más y ahi se encuentra la Pensión de Adultos Mayores, 6,400 pesos bimestrales para 13.4 millones de personas, con meta de 14.1 millones este año.

Esto lejos de resolverse parece que ahogara más el gasto del gobierno porque hoy 17 millones de personas tiene. 60 años o más, y para el 2034 ya habrá más personas mayores que niños menores de 12 años, y eso que la tasa de fecundidad es de 0.96 hijos por mujer en la CDMX.

Lo más crítico llegará en la siguiente década del 2030 al 2035 que se jubilarán los trabajadores de la Ley 73 del IMSS, con pensión de por vida calculada sobre el promedio de su salario de los últimos años. Al tiempo.

*** Inspecciones, clausuras y extorsión

La convocatoria del secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, para capacitar a empresarios sobre cómo identificar a inspectores auténticos y evitar extorsiones parece responder a una preocupación legítima. Sin embargo, también exhibe el tamaño del problema de confianza que enfrenta la administración de Samuel García. 

El debate entre el sector productivo dejó de centrarse hace tiempo en los llamados falsos verificadores y se trasladó hacia las actuaciones de autoridades que, siendo plenamente oficiales, han sido señaladas por ejercer facultades de inspección con criterios discrecionales.

No es casualidad que el anuncio llegue después de varios meses de tensión con las cámaras empresariales. En marzo, Canaco Monterrey denunció públicamente multas, cierres y retención de permisos que, según su dirigencia, eran utilizados como mecanismos de presión. 

Poco después, Caintra Nuevo León informó que tres de cada diez empresas afiliadas habían enfrentado inspecciones presuntamente irregulares provenientes de dependencias municipales, estatales y federales. A ese diagnóstico se sumó Coparmex, que colocó la extorsión entre las principales amenazas para las pequeñas y medianas empresas y advirtió que una parte importante de esos casos involucraba a servidores públicos o personas que aparentaban serlo.

Tan sólo durante 2025, la División Ambiental realizó 1,157 inspecciones, de las cuales derivaron 370 suspensiones, ocho clausuras, 31 prohibiciones de uso y 25 aseguramientos. A la par, este año la administración estatal puso en marcha el programa "Cero Clausuras", con la participación de 17 dependencias, 10 cámaras empresariales, 450 inspectores capacitados y 200 empresas involucradas en los primeros cursos.

 El problema es que, pese a ese despliegue institucional, las cifras no han logrado disipar la percepción de un sector empresarial que sigue cuestionando la forma en que se ejercen las facultades de inspección.

El episodio que terminó por marcar esa narrativa fue el de Materiales Triturados Martínez, mejor conocida como Matrimar. La empresa denunció desde 2025 una serie de auditorías, clausuras y presiones vinculadas con el denominado Impuesto Verde. La difusión de audios, las denuncias penales y la exigencia de legisladores para que la Fiscalía General de la República analizara atraer el caso colocaron el conflicto en el radar nacional. 

El gobierno estatal negó cualquier irregularidad y defendió que las actuaciones obedecían exclusivamente al cumplimiento de la legislación ambiental y fiscal, pero el expediente sigue siendo citado cada vez que el empresariado habla de inspecciones.

Por eso, la estrategia gubernamental enfrenta un desafío mayor al de combatir a quienes se hacen pasar por inspectores. La tarea pasa por reconstruir la credibilidad de un sistema de verificación cuya legitimidad fue erosionándose conforme crecieron las denuncias del sector privado. En un estado cuya economía depende de la confianza de la inversión nacional y extranjera, la percepción de arbitrariedad puede convertirse en un costo mucho más alto que cualquier litigio administrativo.

Habrá que ver si las nuevas capacitaciones y programas como "Cero Clausuras" logran modificar esa percepción. Porque en política, y sobre todo en materia económica, la confianza no se decreta. Se construye con reglas claras, inspecciones uniformes y autoridades capaces de demostrar que el cumplimiento de la ley está por encima de cualquier interés recaudatorio o político.

*** A rendir cuentas

El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la transparencia establece un nuevo reglamento para la clasificación de documentos en el Gobierno Federal. La norma retira a los funcionarios la facultad de reservar expedientes por criterio propio y limita el bloqueo de información por seguridad nacional o procesos legales únicamente a los casos explícitos fijados en la Constitución. 

La medida, coordinada por Raquel Buenrostro, al frente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instruye a todas las dependencias, así como a las filiales de Pemex y la CFE, a publicar y actualizar sus contratos de compras cada mes. 

El proyecto contempla también la reingeniería de la Plataforma Nacional de Transparencia para acelerar descargas y limitar a 30 días el plazo de respuesta a la ciudadanía. De esta forma los contratos del sector energético salen del clóset del secreto institucional y pasan al escrutinio público, sin prórrogas ni margen para la opacidad.

*** Fortalecer a Morena

TOME NOTA *** La unidad, la honestidad y el trabajo en territorio se mantienen como el mejor camino para fortalecer a Morena. Justo, estos principios fueron retomados en un encuentro celebrado en Zacatecas con Ulises Mejía Haro, aspirante a la coordinación estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, quien recorre los municipios del estado para mantener un diálogo permanente con la militancia y la ciudadanía.