Educación: entre la obesidad y el hambre.

Este 4 de marzo, el mundo conmemoró el Día Mundial de la Obesidad. Este año, la campaña que lanzó la Federación Internacional de la Obesidad convocó a ocho mil millones de voces para exigir que la obesidad sea reconocida como una enfermedad crónica compleja, alimentada por determinantes sociales, económicos y comerciales, no por la debilidad de voluntad de quienes la padecen.

En México, la Secretaría de Salud presentó la Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y la Obesidad, que incluye un estudio con aproximadamente 500 mil personas y una ruta de acción al 2030.

Michoacán tiene rezago documentado en el programa federal Vive Saludable, Vive Feliz y no anunció ninguna acción pública específica en el marco del Día Mundial de la Obesidad 2026.

Las cifras son inapelables. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), más del 75% de los adultos y el 35% de niñas, niños y adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad.

En la población de 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad combinados pasó de 34.4% en 2012 a 36.2% en 2022; en ese mismo periodo, la obesidad en ese grupo de edad subió de 14.6% a 18.1%, según datos de la Ensanut 2020-2024. En adolescentes de 12 a 19 años, la prevalencia de sobrepeso más obesidad alcanzó el 40.1%.

México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos, superado por Estados Unidos. Según UNICEF, la obesidad ya superó al bajo peso como forma predominante de malnutrición entre la niñez escolar en el mundo.

Si no se revierte la tendencia, el costo acumulado de la obesidad infantil para México podría alcanzar los 42 mil millones de pesos, equivalente al 1.1% del PIB nacional, en las próximas décadas.

Las proyecciones globales son devastadoras: para 2035 podrían existir cuatro mil millones de personas con sobrepeso u obesidad en el mundo. En México, organismos nacionales estiman que para 2030 más del 40% de toda la población podría estar en esa condición.

En Michoacán, los indicadores de sobrepeso y obesidad en niñas y niños se ubican por debajo del 27%, cifra menor a estados como Nuevo León, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato, donde más del 40% de la infancia padece esta condición.

Sin embargo, esta estadística no es una medalla. Es, en muchos casos, el reflejo de otro problema igualmente grave: la desnutrición y la inseguridad alimentaria severa que prevalece en comunidades rurales e indígenas de la entidad.

En Michoacán conviven en la misma aula niñas con desnutrición crónica y niños con obesidad.

Ambas condiciones son expresiones de la misma injusticia: el hambre de derechos, la pobreza alimentaria estructural y la ausencia del Estado en los comedores escolares, cooperativas y tienditas alrededor de los planteles.

Michoacán no registra bajas tasas de obesidad porque sus escuelas sean saludables, sino porque muchos de sus niños no comen suficiente.

La desnutrición y la obesidad son dos caras de la misma moneda de la injusticia alimentaria.

El programa federal Vive Saludable, Vive Feliz, que busca atender la salud de 12 millones de escolares en primarias públicas, registra rezago documentado en Michoacán, junto con Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero.

Es decir, las entidades con mayor pobreza y marginación son también las que van más atrás en la atención.

Según datos de Redim y El Poder del Consumidor, el 98% de las escuelas del país venden comida chatarra, el 95% ofrece bebidas azucaradas y el 79% comercializa refrescos.

Esto ocurre con mayor intensidad y sin control en los planteles más vulnerables y alejados de los centros urbanos.

Las comunidades escolares con mayor pobreza y marginación son donde la política de alimentación escolar llega más tarde, incompleta o no llega.

En las escuelas unitarias y multigrado casi no existe infraestructura de bebederos, no hay cooperativas escolares reguladas, ni agua segura.

Niños llevan tortillas con sal como alimento para todo el día, mientras que alrededor de la escuela proliferan tienditas que venden frituras, refrescos y dulces.

El docente de escuela unitaria, que ya atiende simultáneamente de primero a sexto grado, no tiene formación en nutrición ni recursos para proyectos de huerto escolar.

Además, docentes y sus familias enfrentan las mismas condiciones de vulnerabilidad nutricional.

La irrupción de los ultraprocesados en las economías rurales michoacanas refleja el abandono de la dieta tradicional, sustituida por productos industrializados más baratos y accesibles que frutas o verduras frescas.

El sistema educativo mexicano, y el michoacano en particular, incurren en omisiones sistemáticas que vulneran el derecho a la salud de estudiantes y docentes.

Las educadoras de preescolar y maestros de primaria no reciben formación específica en nutrición y salud alimentaria.

Miles de escuelas michoacanas no cuentan con bebederos de agua potable operativos, lo que impide cumplir la obligación de ofrecer agua simple a libre demanda establecida en lineamientos federales de septiembre de 2024.

Las cooperativas escolares operan sin supervisión nutricional, sin criterios de selección de productos y sin rendición de cuentas.

En muchas escuelas rurales, la cooperativa es la misma tiendita de la comunidad trasladada al interior del plantel.

El autor sostiene que la figura del nutriólogo escolar es la respuesta estructural más eficaz para enfrentar la crisis alimentaria en las comunidades educativas.

El nutriólogo escolar sería un profesional de la salud adscrito permanentemente a una comunidad escolar, con funciones clínicas, educativas, preventivas y comunitarias.

El costo de implementar nutriólogos escolares en las zonas más marginadas de Michoacán sería mínimo frente al costo de las enfermedades crónicas.

No actuar ante la obesidad infantil podría costar a México 42 mil millones de pesos, según UNICEF.

Invertir en nutriólogos escolares es más barato que pagar en el futuro diálisis, amputaciones y cardiopatías.

Por lo anterior, es imprescindible activar urgentemente el programa Vive Saludable, Vive Feliz en Michoacán, con recursos etiquetados y plazos verificables.

El rezago de Michoacán es una decisión política que impacta la esperanza de vida de 1.2 millones de estudiantes.

También se propone establecer la figura del nutriólogo escolar itinerante en el sistema educativo michoacano, comenzando por las zonas de mayor marginación.

Asimismo, se debe garantizar que el 100% de las escuelas públicas cuenten con bebederos de agua potable operativos antes del ciclo escolar 2026-2027.

Se plantea un programa de formación docente continua en educación nutricional, con énfasis en la recuperación de la dieta tradicional michoacana y la lectura crítica del etiquetado frontal de alimentos.

Urge supervisar el cumplimiento de los lineamientos de alimentación escolar y aplicar sanciones reales a quienes permitan la venta de ultraprocesados en escuelas.

También se deben activar mecanismos de coordinación entre el sistema educativo y el sistema de salud para que ningún niño con obesidad o desnutrición quede sin atención médica o nutricional.

De manera estructural, se propone declarar la salud alimentaria escolar como prioridad de política pública en Michoacán y asignarle presupuesto específico en 2027.

En cada escuela multigrado de la Sierra-Costa, en cada plantel de la Cañada de los Once Pueblos y en colonias marginadas de Morelia, Zamora o Uruapan hay un niño cuyo futuro se decide hoy por lo que come o deja de comer antes de entrar a clases.

La obesidad y la desnutrición son resultado de sistemas fallidos: sistemas alimentarios dominados por ultraprocesados, sistemas educativos que ignoran la salud y sistemas de salud que llegan tarde.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad 2026, México dio un paso con la Estrategia de Desaceleración, pero será insuficiente si no llega a las aulas y a los comedores escolares.

La estrategia debe materializarse en el nutriólogo que entra cada semana a la escuela y defiende el derecho a la salud de los niños.

Michoacán tiene una deuda histórica con sus comunidades escolares.

El nutriólogo escolar no es un lujo: es un derecho.

Y los derechos no se esperan: se conquistan, se exigen y se defienden ejerciéndolos.