Estela Arriaga dijo proteger a niños; 13% sufre explotación en cruceros

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de noviembre de 2026.- El 13 por ciento de niñas, niños y adolescentes potosinos de entre cinco y 17 años se encuentra en situación de trabajo infantil, una problemática que contrasta con el discurso de protección a la infancia presentado por la presidenta del DIF Municipal de San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez.

En las calles del Centro Histórico y los cruceros de la capital potosina es evidente la presencia de menores entre los automóviles, quienes venden mazapanes, paletas o flores, realizan malabares o solicitan dinero a los conductores, en condiciones que plantean interrogantes sobre la protección de sus derechos.

Durante su segundo informe, Arriaga Márquez reaccionó con molestia al ser cuestionada por una reportera sobre el trabajo infantil y aseguró que en el DIF Municipal existe preocupación por la infancia potosina «en todos los sentidos». Sin embargo, la presencia de menores trabajando en espacios públicos mantiene abierto el cuestionamiento sobre el alcance de las acciones institucionales.

Niñas y niños que venden dulces, limpian parabrisas o realizan actividades en los cruceros forman parte de una realidad cotidiana, cuya atención involucra a distintas autoridades responsables de garantizar sus derechos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), San Luis Potosí registró una tasa de trabajo infantil del 13 por ciento entre la población de cinco a 17 años, superior al promedio nacional de 12.6 por ciento.

A nivel nacional, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil. De ellos, 1.8 millones realizaban ocupaciones no permitidas y 1.9 millones efectuaban quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas, con una parte de la población incluida en ambas categorías.

En San Luis Potosí, la tasa de ocupación no permitida alcanzó 6.5 por ciento, mientras que los quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas representaron 7.2 por ciento, también por encima del promedio nacional de 6.8 por ciento señalado para este último indicador.

Estas cifras ponen sobre la mesa la necesidad de revisar qué acciones concretas desarrollan las instituciones para identificar, atender y dar seguimiento a los menores que trabajan en espacios públicos.

El problema ya había sido motivo de cuestionamientos. En abril de 2026 se informó que el DIF Municipal recibió únicamente tres denuncias relacionadas con posibles casos de trabajo infantil durante 2025.

En aquella ocasión, la directora del organismo, Jessica Albarrán, explicó que las intervenciones se realizaban a partir de reportes ciudadanos o de medios de comunicación y reconoció dificultades para localizar a los menores, debido a que suelen retirarse cuando advierten la presencia del personal.

La protección de niñas, niños y adolescentes requiere coordinación entre autoridades municipales y estatales, instituciones especializadas, familias y sociedad, especialmente ante factores como las dificultades económicas, la falta de oportunidades y las posibles situaciones de explotación.

Sin embargo, la responsabilidad compartida no elimina la obligación de las instituciones de prevenir, investigar y atender los casos detectados, ni de informar sobre los resultados de sus intervenciones.

Aunque Arriaga Márquez sostuvo durante su informe que la infancia potosina es una prioridad, el desafío para el DIF Municipal es demostrar con resultados verificables cómo se atiende el trabajo infantil que continúa presente en las calles de San Luis Potosí.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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