Corrupción: Jueces, MP, ministeriales y cárceles

Ante la demanda de una sociedad mancillada por el delito y la impunidad, el Presidente de la Suprema Corte presentó a través del Ejecutivo, una reforma integral del Poder Judicial, que busca mejorar la aplicación de la justicia en el ámbito federal.

Son muchos los pasivos que tiene el Gobierno en materia de justicia. Esto se debe en gran medida a dos factores: un marco jurídico obsoleto e ineficiente, así como la corrupción, como lo refirió recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde acusó a jueces de fomentar la misma.

Ante el clamor de “fin a la impunidad”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar planteó a través del Ejecutivo Federal, una gran reforma al Poder Judicial, que ofrece cambios que van desde una escuela para jueces, hasta medidas anticorrupción, contra el nepotismo y la desigualdad de género.

En otros factores importantes resaltan el fortalecimiento de la figura del defensor público, que actualmente es el defensor de oficio, así como cambios en la forma de hacer jurisprudencia. En total, plantean cambios a siete artículos constitucionales, 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107, y la expedición de dos nuevas leyes federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y una Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Esto implicará reformas a siete artículos constitucionales y la expedición de dos nuevas leyes federales en materia de justicia. Es una reforma ambiciosa, donde se privilegia el servicio profesional de carrera a fin de tener a jueces y empleados especializados.

Sin embargo, hace falta realizar una serie de modificaciones al sistema de impartición de justicia que va desde una reforma a la policía, la policía de investigación, el Ministerio Público y sus servicios periciales, así como los jueces y las cárceles. En todo ese proceso, hay deficiencias graves que llevan a la impunidad o simplemente, a la injusticia.

Si un policía no realiza una detención conforme a los lineamientos que exigen las leyes, un delincuente confeso o infraganti podría quedar libre a consideración de un juez. Si el Ministerio Público no configura adecuadamente, con bases sólidas, un delito, el presunto delincuente saldrá libre y, si el juez, es corrupto, el ofensor de la sociedad saldrá de la cárcel.

Todo el proceso es el que debe modificarse y adecuarse a nuestra realidad como país y sociedad. Hoy, sólo el 2% de los que ofenden a la comunidad, son detenidos y van a la cárcel. De estos el 20% purgan condenas, entonces la estadística ayuda al criminal para actuar con impunidad.

PODEROSOS CABALLEROS: No hay queja. Alejandro Moreno, conocido como AMLITO, cumple con su cometido al frente del Partido Revolucionario Institucional: aniquilarlo. Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, ideó una campaña con el objetivo de “rescatar al PRI”, que día a día, está hundido en el pasado vergonzoso de la política y el poder en el país. Pagó varios videos en los que pide se culpe a su partido de todos los avances que tuvo el país en las últimas décadas. Y en las redes lo siguen tundiendo: luego de escuchar a AMLITO, como le llaman despectivamente, “La próxima vez que prendas la luz de tu casa o llegues más rápido a tu destino échale la culpa al PRI”, se escucha en el video en el que aparece el dirigente. Dicen que el exgobernador de Campeche era incondicional del Presidente López Obrador, AMLO. Por eso, creen que va en la senda de destruir todo vestigio que queda del tricolor. * Inadmisible, moral, social, política, humana, el asesinato contra la niña en Tláhuac. Los políticos encabezados por Claudia Sheinbaum, gobernadora de la CDMX, salen con discursos. Hechos, no palabras. La impunidad es la puñalada por la espalda a la sociedad. Imperdonable. Los funcionarios de la CDMX se dicen consternados. Queremos policías en la calle para buscar a los delincuentes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia firmaron un convenio de colaboración para reducir y prevenir el número de fraudes en México, ya que, durante 2019, se registraron un promedio de 43 casos al día; buscarán también promover la cultura cívica, seguridad vial, resiliencia de la población ante catástrofes naturales y los derechos humanos.

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