Con Rocha, narcodiplomacia y no nacionalismo defensivo

Un breve mensaje en redes sociales sirvió para que el embajador estadunidense Ronald Johnson --con una formación en inteligencia y seguridad nacional que todos conocemos-- diera respuesta al belicoso discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el domingo 31 en el Monumento a la Revolución. El mensaje se puede desensamblar para volverse a armar: cuando hablamos de narco, estamos hablando de delincuencia y no de soberanía.

Para fortalecer el posicionamiento de EU frente al narcopolítica mexicana, la jueza encargada del caso Rubén Rocha Moya en una corte de EU comenzó el lunes el juicio con una sentencia concluyente: “hay abundantes pruebas” de la culpabilidad de los acusados en la solicitud de arresto con fines de extradición de Rocha Moya y nueve coacusados, y lo dijo justamente al inicio de las labores de enjuiciamiento del general Gerardo Mérida, que fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno estatal de Rocha Moya y que se entregó a la justicia americana.

De eso hablamos cuando hablamos de la narcopolítica mexicana con el primer expediente abierto por el gobierno del presidente Donald Trump en la solicitud de extradición de Rocha Moya y coacusados, el primero de varios casos que paulatinamente y con tiempos muy precisos irá abriendo Estados Unidos para demostrar que el presidente Trump tenía razón al comenzar su segundo periodo con el señalamiento de que México es un narcoestado.

Y a favor, paradójicamente, de la estrategia de la Casa Blanca aparece nada menos que Palacio Nacional como parte del escenario acusatorio: un mitin a nivel nacional, una celebración de la victoria electoral de hace dos años, toda la élite morenista en pleno y la presidenta de la República condenando el injerencismo estadounidense, pero cayendo en el juego estadounidense: el mitin para defender a Rocha Moya, negar su extradición y adelantar su inocencia a pesar del cúmulo de evidencias sobre la narcopolítica en Sinaloa tuvo la mala fortuna de politizar el expediente del narcotráfico en estructuras políticas y de gobierno. O no se quiso hacer o no se tuvo cuidado de separar los expedientes para que la acusación de injerencia mismo estuviera contextualizada en el interés estadounidense por las elecciones mexicanas del 2027 y 2030, y al final de cuentas el discurso presidencial del domingo fortaleció la crisis bilateral por temas de narcopolítica.

Lo ocurrido desde la solicitud de arresto con fines de extradición el pasado 29 de abril reproduce buena parte del escenario vivido por México en 1984-1986 también por el tema de la narcopolítica, sólo que entonces con el incipiente pero muy poderoso cártel marihuanero de Guadalajara del padrino Miguel Ángel Félix Gallardo y sus operadores Ernesto Fonseca don Neto y Rafael Caro Quintero, y en aquella circunstancia agravante en el que los narcos secuestraron, torturaron y asesinaron a la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

En 1986, la facción republicana del Senado abrió audiencias públicas bajo el mando del senador ultraderechista Jesse Helms y todos los funcionarios de inteligencia y seguridad nacional participaron para denunciar que México era un narcoestado protegido por los funcionarios del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado y sobre todo de su secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, cuya Dirección Federal de Seguridad estaba protegiendo a los capos,

En mayo de 1986, el sistema político como estructura de Estado se movió para organizar una gran manifestación callejera con más de 60 personas para protestar contra el injerencismo estadounidense, sólo que con un detalle estratégico que hoy no aparece: toda la élite gobernante en su pluralidad marchó al frente de la manifestación. Y se demostró la fuerza del nacionalismo defensivo.

A diferencia de entonces, hoy no puede hablarse de nacionalismo defensivo como respuesta de los funcionarios del Gobierno federal, sino que las circunstancias acomodan un marco de análisis mucho más complejo y negativo: en tanto toda la reacción nacionalista mexicana gira en torno a la defensa de Rocha Moya y coacusados y de otros presuntos señalados en una lista estadounidense de políticos mexicanos colaboradores con el crimen organizado. Por eso hoy no será nacionalismo defensivo sino narcodiplomacia.

El discurso del domingo marcó en términos geopolíticos la ruptura en el entendimiento de México con EU, y el mensaje en X del embajador Johnson y toda su formación en inteligencia y seguridad nacional fue quizá la última oportunidad para que México cumpla el Tratado de Extradición como ley suprema local y entregue a Rocha Moya y los acusados que no se han entregado ante la justicia estadounidense.

Si México mantiene la politización del tema del narcotráfico defendiendo al gobernador sinaloense, entonces Estados Unidos va a responder también con narcopolítica y narcodiplomacia.

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