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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 28 de octubre de 2026.- Empresas de medios de comunicación en San Luis Potosí podrían ser objeto de inspecciones laborales para verificar el cumplimiento de los derechos de periodistas, luego de que la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado aprobara un exhorto dirigido a las autoridades laborales federales y estatales.
La propuesta, impulsada por la diputada María Sara Rocha Medina, solicita a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social realizar revisiones en empresas periodísticas para comprobar que cumplan con la legislación vigente, particularmente en materia de contratación, prestaciones, seguridad social y condiciones laborales.
El dictamen también contempla exhortar a las instituciones públicas del Gobierno del Estado a que, antes de contratar servicios con empresas de medios de comunicación, verifiquen que cuenten con la constancia de cumplimiento en materia de seguridad social.
Durante el análisis legislativo se advirtió que la precariedad laboral en el sector periodístico puede generar vulneraciones a los derechos de los trabajadores, especialmente cuando no existen contratos formales ni comprobantes de pago, situaciones que pueden dificultar la defensa ante despidos injustificados o el incumplimiento de liquidaciones.
La legisladora señaló la necesidad de impulsar mejores condiciones para el gremio mediante salarios dignos, estabilidad laboral, acceso a prestaciones y respeto a la libertad de asociación.
Además, la propuesta considera importante fortalecer las medidas de seguridad para quienes ejercen el periodismo y promover el acceso a atención psicológica para enfrentar el estrés y las afectaciones emocionales relacionadas con esta actividad.
En la discusión también se planteó la importancia de garantizar condiciones que permitan a los comunicadores ejercer su profesión sin vulneraciones a sus derechos laborales, así como fortalecer la libertad de expresión y la protección frente a situaciones de violencia o censura.
El exhorto todavía no ha sido aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, por lo que el dictamen deberá someterse a análisis y votación antes de que pueda ser remitido formalmente a las autoridades correspondientes.
Asimismo, al tratarse de un punto de acuerdo, la propuesta no establece por sí misma nuevas sanciones ni ordena inspecciones inmediatas, sino que solicita a las dependencias competentes actuar dentro de sus atribuciones.





