Burocracia y libertad de expresión devaluadas en Cuarta Transformación

“No va a haber nadie que gane más que el Presidente, porque está en una ley y el que incumpla la ley va a ser sancionado. Sea quien sea, por encima de la ley, nadie”, responde Andrés Manuel López Obrador al INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) por la regulación salarial de ajuste inflacionario, alrededor del 6%, programada en los procesos laborales de la dependencia para septiembre.

No hubo violación del INEGI a ley alguna, ya que hasta el momento no operan las modificaciones al artículo 127, pero la reacción del presidente electo destapa una orilla del manto que cubre la suavidad forzada de la transición.

Ya veremos a partir del 1 de diciembre al verdadero López Obrador, al que guarda las penurias de 18 años de campaña, de recorridos arduos por todos los rincones del país, al depositario de las burlas en miles de catones -memes-, y al que en determinado momento, al verse disminuido, acuñó la frase: “la siguiente me voy a La Chingada”, el doble sentido a partir del alegórico nombre de su rancho en Palenque Chiapas.

El castocinto salarial del presidente es la mejor interpretación del “aquí mando yo”, tasado en 108 mil pesos.

El ajuste salarial del presidente del INEGI Julio Alfonso Santaella Castell lo llevó de $190,636 pesos a $198,189 pesos, un pecado sacrílego en la Cuarta Transformación, NO por el aumento, sino por la osadía del aumento, aún cuando su salario anterior ya había rebasado al ‘electo’ por más de 80 mil pesos.

Se salvó Roy Campos Esquerra de la furia morenista, era un excelente candidato al INEGI pero tuvo el buen gusto de rechazar la oferta de Los Pinos, aún cuando el instituto se maneja con suficiente autonomía en la generación de datos, y la mayoría de las veces contradice a las cifras sociales de pobreza, educación, etcétera, presentadas por el gobierno federal, algo equivalente en independencia al Banco de México, que un día sí y otro también rectifica, usualmente a la baja, el crecimiento del país pronosticado por la Secretaría de Hacienda.

Ese fue el origen de los enfrentamientos del gobernador de Banxico Agustín Carstens Carstens con el titular de la SHCP Luis Videgaray Caso, la virtud autonómica del organismo, ubicada en las antípodas del sometimiento.

Bajo estos nuevos cánones, el tope salarial presidencial será un verdadero dique. No imagino al ahora Gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Carstens Carstens, o funcionarios de nivel equivalente, sometidos al máximo de sueldo, por debajo de los 108 mil pesos.

No se trata de humildad o austeridad, o de que NO haya prohombres que estén dispuestos al autosacrificio ‘por el bien de México’, pero NO creo en la autoinmolación, ni en la santidad ideológica, sin que haya alguna cierta patología detrás de esto.

Es una falacia propositiva el asociar grandes sueldos, con corrupción o abuso, es la retórica que alimentó el revanchismo e instigó al odio.

No hablo de los grandes saqueos, corruptelas y robos que puntualmente he señalado en mis escritos, aún cuando los nuevos lectores se imaginen que no lo hice con Felipe Calderón Hinojosa o Enrique Peña Nieto, estas ‘pruebas’ están documentados con los enfrentamientos directos con Patricia Flores Elizondo por sus abusos en el ejercicio del poder como Jefa de la Oficina de Presidencia, y la tolerancia de Calderón.

De igual forma, la crítica al entonces procurador Eduardo Medina Mora, y con Peña, Jesús Murillo Karam, y su fallido Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, y muchos más.

La libertad de expresión no es una concesión de la Cuarta Transformación, al contrario, ya que como con ninguno de los tres últimos presidentes, ahora se dan los ataques a la prensa desde los más alto de la estructura, y me parece deformada la visión de medios de comunicación del vocero del presidente electo Jesús Rodríguez Cuevas, al tratar de explicar en una atropellada conferencia, lo que quiso decir López Obrador con “prensa fifí”, evidentemente para estigmatizar a los medios no afines.

Preocupante la convicción de que la libertad de expresión de los medios, deba representar a la sociedad, o defender alguna causa social, o noble.

Preocupante que se trate de proscribirlos al asociarlos, sin pruebas, y aún si hubiera, con intereses políticos o económicos. Los medios proclives a defender la democracia, que es un interés político, en la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fueron hostigados hasta desaparecerlos, igual que en Nicaragua, o los medios de izquierda en Chile de Pinochet, y en El Salvador bajo la bota militar.

No dejaremos que pase eso.

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