AMLO pide pobres teniendo magnates en su gabinete

¿Es correcto que funcionarios del nivel de responsabilidad que detentan Irma Eréndira Sandoval y Manuel Bartlett, se encuentren imbuidos en un escándalo de oscurecimiento de su patrimonio, compuesto entre otras cosas por truculentas propiedades en bienes y raíces, como lo ha destapado Carlos Loret de Mola?

¡Por supuesto que no, no es correcto! Y más si recordamos que el presidente está pidiendo a los mexicanos austeridad, que solamente tengan un par de zapatos, un auto modesto, que coman arroz con frijoles, no gasten en médicos y que no sean tan ricos para que no sufran secuestros.

El presidente no se ha cansado de llamar fifís, riquillos, pirrurris a todo aquellos que puedan pagar cualquier bien material de los que definen como clase media a los mexicanos honestos que los poseen. Pero paralelamente sus colaboradores más cercanos están podridos de dinero, algunos en lo oscurito y otros a plena luz como sus amigos Romo y Rioboó que a ojos vista son empresarios millonarios y de ninguna manera son los austeros franciscanos que pide el Peje. Pero haríamos mal en mencionarlos a estos dos en este caso, si estamos de acuerdo en que la igualdad social se da en las oportunidades y no en las propiedades, al menos este monero no reclama la riqueza de los empresarios que apoyan a AMLO, sino la hipocresía y descaro del presidente pidiendo a los mexicanos que sean pobres teniendo magnates en su gabinete.

Por ello llama la atención que cuando Carlos Loret de Mola pone al descubierto las propiedades no declaradas de la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira junto con las de su esposo John Ackerman, el cual también tiene un puesto público y por supuesto, al igual que ella, está expuesto al escrutinio que permiten los sistemas de transparencia en materia de administración pública, para su defensa este matrimonio inmerso en la 4t, declare a los medios tras el destape, que las propiedades son herencias y que la supuesta donación ilícita que el gobierno les hizo de un terreno, no es tal, porque con ello aceptan esas posesiones y dejan sin aclarar el por qué no fueron declaradas como los obliga la ley.

Después hablaremos sobre la legitimidad de dichas propiedades, pero hoy la Secretaría de Función Pública y al miembro del comité técnico del INE, deben por obligación aclarar plenamente por qué no incluyeron en sus declaraciones patrimoniales la propiedad de dichos inmuebles.

Si esto no es muestra clara de la corrupción e impunidad qué López Obrador ha jurado combatir, desgarrándose las ropas y basando en ello hasta el futuro económico del país, entonces parece que el concepto de corrupción ha mutado y es la única transformación a la vista.