AMLO ordenó el golpe de estado

Aquí lo advertimos durante meses.

Una advertencia que en la más reciente semana se convirtió en realidad: un golpe de Estado ordenado por el propio presidente.

Un golpe a la División de Poderes, a la civilidad política, la legalidad y, sobre todo, al orden democrático, que fue demolido por diputados y senadores del partido oficial; verdaderos lacayos del presidente.

¿Y por qué y para qué tal oprobio?

Poca cosa; para aprobar un puñado de reformas que degradan al Estado; destruyen la trasparencia, ocultan un descomunal saqueo oficial, le arrebatan al ciudadano derechos y libertades fundamentales, concentran el poder en un solo hombre y militarizan por completo la vida nacional. 

En rigor, el bodrio legislativo ordenado desde Palacio, cumple todas las características de un golpe de Estado.

La tradición francesa define al “golpe de Estado” como “una violación deliberada de las normas constitucionales, llevada a cabo por un gobierno, un Congreso o por un grupo de personas que detentan la autoridad”. (Bobbio, Diccionario de la Política, pg. 724) 

En efecto, lo que vimos en el Congreso mexicano fue una violación deliberada de la Ley Suprema –la Constitución–, ordenada por uno de los poderes del Estado –el Ejecutivo–, y operadas por otro poder que debiera ser independiente pero que terminó como un subordinado; el Poder Legislativo.

Peor aún, se trató del clásico “golpe ejemplar” de Obrador, cuyo mensaje es que todos se enteren de quién manda y quien tiene el poder.

Al final de cuentas, lo que vimos en el Congreso de la Unión fue la muerte de la División de Poderes, la cancelación de derechos humanos fundamentales como el derecho a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas y responsabilidades del Estado como la salud.

Asistimos a la muerte de la democracia; a la instauración de la dictadura de Obrador; un sátrapa que, de esa manera, prepara el fraude electoral en la contienda del 2024 porque sabe que en una elección limpia sería derrotado.

Pero también es cierto que no todo está perdido. ¿Por qué?

Porque tanto diputados, como senadores de Morena y sus aliados, siempre conocieron el tamaño de las violaciones constitucionales en las que incurrieron y tienen claro que, tarde o temprano, la Suprema Corte echará abajo el bodrio legislativo ordenado por AMLO. 

Y es que en los próximos 15 meses, la Suprema Corte mantendrá su independencia y, por tanto, seremos testigos de la última batalla por la defensa del Estado democrático.

Por esa misma razón a diario crecen los embates contra la Corte, lanzados desde Palacio, al extremo de que por orden presidencial se han movilizado cientos de golpeadores a sueldo que hostigan a las y los ministros de La Corte, a su llegada a la sede del Poder Judicial.

Y aquí empiezan las preguntas.

¿Cuánto tiempo van a resistir las y los ministros de la Corte? ¿Hasta donde va a llegar el acoso ordenado desde Palacio?

La respuesta se puede encontrar en el último de los diques de contención de un Estado democrático; en los ciudadanos.

Y es que históricamente el poder ciudadano ha resultado el más eficiente escudo para contener a los gobiernos dictatoriales y la sociedad mexicana de hoy empieza a entender el valor de la movilización contra un tirano que día con día le arrebata derechos, instituciones y libertades.

Y el mejor ejemplo de la respuesta social a los manotazos del poder es el paro nacional convocado por la comunidad científica de todo el país, en protesta por la desaparición del Conacyt y contra la locuaz decisión de entregar a los militares la ciencia.

Pero ese es apenas el principio, ya que son muchos los indicios de que las protestas ciudadanas se pudieran generalizar.

¿Y cuales son esos indicios?

Que la veintena de reformas aprobadas al vapor por la ilegal aplanadora de Morena, afecta de forma directa o indirecta a todos o casi todos los sectores de la sociedad mexicana.

Las reformas impactan en la ciencia y los científicos; atentan contra la cultura y todas las expresiones culturales; debilita la agricultura y a millones de mexicanos que viven de producir los alimentos de 130 millones de personas y afectan a ramos industriales estratégicos como la minería.

Además de que golpean instituciones fundamentales y de alto impacto en toda la población, como la salud, la educación y el deporte. Por tanto, muy pronto veremos los efectos de la militarización y la debilidad democrática en el cierre de empresas y un creciente desempleo.

Por eso la pregunta final: ¿Cuánto tiempo tardará la sociedad mexicana para entender el tamaño del golpe de Estado promovido por López Obrador? ¿Cuánto tardará para volver a la calle y exigir la renuncia del dictador?

Al tiempo.