A la postre

CONACYT se ha dado a la tarea, a la postre, de dar a conocer la iniciativa de reforma en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.

Aun cuando CONACYT asegura haber realizado una consulta, poco mas lejano a la realidad; pero es usual ver que esta administración federal yace en la fantasía de su imaginación.

La iniciativa oficial ha sido enviada al Congreso de la Unión, a la cámara de Diputados, para su discusión, inclusión en agenda legislativa y aprobación, con la finalidad, como ya es costumbre palaciega, de despreciar el quehacer legislativo y la división de poderes; que no se le mueva ni una coma.

Se pretende que la ley reformada para CTI tenga rango de General; es decir, de cumplimiento en todo el territorio nacional y para todo nivel de gobierno.

Veamos.

Hay 5 niveles de rango en leyes, donde la superlativa es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, algunas normas pueden alcanzar el rango constitucional, mas nunca estar por encima de la Carta Magna; como por ejemplo los acuerdos internacionales signados por el Senado de la República, es su atribución no así de la de Diputados en nuestra estructura legislativa bicameral.

Hay otros rangos, cuya calificación puede darse por alcances; por ejemplo, las leyes federales y las locales, aplicables en el ámbito de competencia y correspondencia, las primeras emanan del Congreso de la Unión, las segundas de los Congresos Estatales.

También están las que proveen estructura pública a los mandatos en artículos constitucionales, como las leyes orgánicas y las reglamentarias, algunas veces conocidas como secundarias, por derivar de la parte dogmática de la Constitución.

Una Ley General busca regular a las actividades de aplicación obligatoria en los tres órdenes de gobierno; federal, estatal y municipal, legislar sobre ellas es competencia del Congreso de la Unión.

Un asunto relevante es que una Ley General versa sobre temas concurrentes entre la federación y las entidades federativas, con la posibilidad de delegar, en la misma ley, facultades a los estados y municipios; pero, ¿puede ser impuesta una Ley General de manera unilateral ya por actos de presión política, financieros o legislativos?

En cualquiera de los supuestos en la pregunta anterior, ¿acaso no deben ser aprobadas por los cuerpos colegiados con facultades de legislar o normar en el contexto local (léase Congresos Estatales o, de ser el caso, Cabildos municipales)?

De no existir consenso entre lo Federal y Local, sino imposición mediante presiones políticas, económico-financieras o legislativas, entonces se podría violentar el orden de Soberanía en nuestra República Federal y el precepto de Municipio Libre.

La Ley de Ciencia y Tecnología vigente al día de hoy, la que se pretende reformar, es ambigua, ésta está entre una ley reglamentaria y una federal.

Por un lado, el ámbito que ha sido aplicable es el Gobierno Federal a través del Ramo 38 del PEF, ejecutado por CONACYT y algunas secretarías; por otro, se define en sus primeros artículos como una ley reglamentaria de la fracción V del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta columna sostiene que la iniciativa de reforma enviada desde Palacio Nacional implica un retroceso terrible; hay mas puntos, pero para iniciar se elimina de un plumazo la responsabilidad del federal de alcanzar, mediadas políticas públicas en CTI, el 1% del PIB como ejercicio financiero nacional a la CTI.

Esta obligación ha sido históricamente incumplida, pero no por ello debe ser eliminada, toda vez que el mundo desarrollado destina un porcentaje de su PIB mucho mayor que México, hecho que nos deja fuera de cualquier posibilidad competitiva.

Otro punto, CONACYT ha dispersado recurso a los estados mediante los organismos locales para CTI; los cuales, como ya hemos analizado en entregas previas, son diversos, desestructurados y escasamente coordinados por una Asociación Civil, cuyos asociados son los organismos locales mismos, ¿dejará de hacerlo?