Más de mil 400 presos participan en actividades laborales en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 25 de septiembre de 2026.- Mil 444 personas privadas de la libertad participaron en actividades laborales remuneradas durante el último año, como parte del modelo de reinserción social implementado en los centros penitenciarios de San Luis Potosí.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, informó que el sistema penitenciario mantiene una estrategia basada en educación, trabajo, capacitación, salud y deporte, con el objetivo de brindar herramientas para facilitar la reincorporación de las personas a la sociedad.

De acuerdo con el balance presentado dentro del Quinto Informe de Gobierno, mil 249 personas privadas de la libertad recibieron capacitación en áreas como gastronomía, mantenimiento técnico, cuidado personal y artesanías regionales.

Los cursos se desarrollaron en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), con la intención de proporcionar conocimientos que puedan ser utilizados tanto dentro de los centros penitenciarios como después de cumplir con las sanciones correspondientes.

En materia educativa, mil 277 personas participaron en programas de alfabetización y educación, mientras que fueron entregados 754 certificados correspondientes a estudios de primaria y secundaria.

El reporte también contempla el aspecto de salud. Durante el periodo señalado se brindaron 91 mil 170 servicios médicos a personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del estado.

A estas acciones se sumó la realización de actividades deportivas, en las que participaron más de mil 500 personas, como parte de las estrategias destinadas a promover hábitos saludables y fortalecer la convivencia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que el modelo busca que las personas privadas de la libertad puedan adquirir herramientas educativas, laborales y sociales que les permitan reconstruir sus proyectos de vida.

Estas acciones forman parte de los resultados reportados por la administración estatal en materia penitenciaria durante su quinto año de gobierno.