Urge frenar abusos en campos agrícolas: Congreso

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 22 de julio de 2019.- Con el fin de impulsar políticas públicas a favor de las jornaleras y jornaleros agrícolas, la diputada Marite Hernández Correa y el diputado Pedro César Carrizales Becerra, llevarán a cabo el conversatorio “Migración Jornalera Agrícola Interna”.

El objetivo de este evento es analizar las causas que motivan a las personas a migrar en busca de una mejor calidad de vida, así como identificar las violaciones a los derechos humanos de las personas que se encuentran en tránsito y en los lugares de trabajo para impulsar políticas públicas integrales de protección a los jornaleros agrícolas.

El evento se realizará este martes 23 de julio, de las 10:00 a las 14:00 horas, en el auditorio Manuel Gómez Morín del edificio presidente Juárez ubicado en la calle de Vallejo #200, zona centro.

La diputada Marite Hernández Correa, consideró que los estados deberían de estar coordinados para tener un padrón de jornaleros, saber a dónde van, los sitios en donde los hospedan, su traslado, en qué condiciones laborales son contratados para llevar a cabo su trabajo.

Añadió que las autoridades estatales y municipales deben de estar alertas en el respeto a los derechos humanos y las condiciones en las que se ofertan los trabajos, pues se debe considerar que el asunto de la migración implica violencia, discriminación y explotación infantil.

Dijo que se debe tomar en cuenta que las mujeres y niños existen condiciones que el Estado debe de poner especial atención, como por ejemplo verificar si en los centros de trabajo donde se contratan existen condiciones para que ellos se queden a dormir, agua potable, alimentación, sanitarios y atención médica en caso de ser necesario.
Además, participarán el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, Lic. Jorge Vega Arroyo, el Pbro. Joel Donato Beltrán, responsable de la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala y el Lic. Hugo Armando Pérez Aguilar, coordinador de la oficina regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos