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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 29 de octubre del 2025.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó este miércoles ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley que busca garantizar la protección, estabilidad laboral y los derechos de las y los maestros potosinos frente a denuncias falsas o procedimientos irregulares que afecten su ejercicio profesional.
La propuesta, denominada Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo en el Estado de San Luis Potosí, fue impulsada por el diputado Crisógono Pérez López, del Partido Nueva Alianza, en conjunto con los secretarios generales de las Secciones 26 y 52 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, así como por la representante de la delegación D-V-88 de la Sección 61, María del Rosario Villaseñor Oliver.
Durante la entrega formal del documento en el Congreso local, los representantes sindicales subrayaron que la iniciativa pretende establecer un marco jurídico más claro y justo para el manejo de quejas y denuncias hacia personal docente, a fin de prevenir y sancionar conductas lesivas, pero también de evitar afectaciones laborales cuando se trate de acusaciones sin sustento.
El secretario general de la Sección 26 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, explicó que la propuesta surge ante el incremento de casos en los que docentes han sido separados de sus cargos o suspendidos de salario a raíz de denuncias difundidas en redes sociales o basadas en rumores, sin que exista una investigación formal.
De acuerdo con Bárcenas, alrededor de 200 casos han sido registrados en la entidad, y en cerca del 50 por ciento de ellos se comprobó que las acusaciones eran falsas.
“Hay maestras y maestros que son apartados de sus aulas y señalados públicamente antes de que se investigue. Aunque después se demuestra su inocencia, el daño moral, psicológico y profesional ya está hecho”, señaló.
El dirigente sindical mencionó ejemplos recientes donde una simple publicación en redes sociales derivó en medidas cautelares, separación temporal del servicio e incluso suspensión del salario.
“En una ocasión se acusó a docentes de formar alumnos como sicarios, cuando en realidad se trataba de una kermés escolar con un juego de gotcha. Aun así, fueron suspendidos hasta que se comprobó la verdad”, relató.
La iniciativa plantea procedimientos más claros y equilibrados para atender denuncias, garantizando el derecho de audiencia y presunción de inocencia de los trabajadores, sin restar importancia a los casos donde sí existan faltas comprobadas.
“Los maestros no pedimos privilegios, sino justicia. Cuando hay una falta real, que se investigue y se sancione; pero cuando no, que no se destruya la carrera y la reputación de alguien inocente”, subrayó Bárcenas Ramírez.
El diputado Crisógono Pérez López aseguró que la propuesta representa un paso importante hacia la defensa de la dignidad magisterial, al tiempo que fortalece la calidad educativa, pues un docente que labora con estabilidad y respaldo institucional puede concentrarse en lo esencial: enseñar.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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