¿Quién protege a quienes quedan bajo resguardo institucional?

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 24 de julio de 2026.-La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida en un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, volvió a exhibir los riesgos que pueden existir cuando una persona queda bajo el resguardo de una institución privada.

La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio, luego de que la necropsia estableciera que la menor murió por asfixia por sumersión, mientras que la investigación continúa sobre el personal responsable del campamento. Incluso ya fue detenida una instructora auxiliar de 18 años y la CNDH pidió una investigación con perspectiva de género.

Aunque el caso ocurrió en una academia militarizada y no en un centro de rehabilitación, especialistas consideran que ambos escenarios tienen un elemento en común: las víctimas permanecían bajo el cuidado de instituciones que asumieron la responsabilidad de proteger su integridad.

En San Luis Potosí, ese debate tampoco es nuevo ya que en los últimos años, distintos anexos y centros de rehabilitación han sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades, maltrato y, en algunos casos, muertes ocurridas dentro o en las inmediaciones de estos establecimientos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en septiembre de 2025, cuando un hombre falleció tras salir del centro de rehabilitación Casa de Restauración Yireh, ubicado en la capital potosina.

Familiares denunciaron que el cuerpo presentaba lesiones visibles y golpes, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar si existió responsabilidad penal.

La muerte volvió a cuestionar las condiciones de operación de algunos anexos instalados en la entidad.

Ese mismo año, autoridades informaron que investigaban al menos dos centros de rehabilitación ubicados en el Centro Histórico debido a presuntas irregularidades e incluso posibles vínculos con actividades ilícitas, lo que derivó en revisiones administrativas y de seguridad.

Los casos locales forman parte de un problema mucho más amplio, pues una investigación nacional documentó que 94 personas murieron durante 2024 en anexos mexicanos, un promedio cercano a dos fallecimientos por semana.

Las causas incluyen agresiones físicas, ataques armados, estrangulamientos, sobredosis, suicidios y muertes cuya causa nunca fue plenamente esclarecida.

En San Luis Potosí, diversas dependencias participan en la supervisión de estos establecimientos. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) verifica las condiciones sanitarias; Protección Civil inspecciona medidas de seguridad; la Fiscalía interviene cuando existen denuncias por posibles delitos, y los ayuntamientos revisan aspectos relacionados con licencias de funcionamiento.

En junio de 2025, Coepris informó que únicamente 60 centros estaban registrados, verificados y cumplían con las disposiciones sanitarias, mientras que el resto operaba sin certificación o permanecía fuera del padrón oficial.

Posteriormente, durante 2026, diputados locales señalaron que menos de la mitad de los aproximadamente 150 anexos existentes cumplen con los requisitos exigidos.

El caso de Dafne también provocó que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara revisar el funcionamiento de las academias militarizadas privadas, al señalar que no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional sino de autoridades civiles, por lo que corresponde a los gobiernos estatales vigilar su operación.

La misma pregunta podría trasladarse a los anexos: ¿quién verifica de manera permanente que quienes permanecen internados estén realmente protegidos?

Más allá de las diferencias entre un campamento militarizado, una escuela privada o un centro de rehabilitación, todos comparten un principio jurídico: existe un deber de cuidado hacia las personas que permanecen bajo su custodia. Cuando ese deber falla, las consecuencias pueden ser irreparables.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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