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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 8 de septiembre de 2025.-Martha Erika Tapia Gone presentó ante el Congreso del Estado una denuncia por la que solicita juicio político en contra de Jorge Alberto Zavala López, regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana en la administración 2024-2027, así como contra Jesús Becerra Rodríguez, regidor suplente y actual director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.
La denuncia fue ingresada con fundamento en los artículos 125 fracciones I y II, 126 y 130 de la Constitución Política del Estado; artículos 8 fracción II y 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; y artículos 1, 2, 3, 4, 7 fracción X, 9, 10 fracciones III y IX, 11 al 16 y 19 de la Ley de Juicio Político del Estado de San Luis Potosí.

Señalamientos directos
En su exposición, la denunciante acusó a Jorge Zavala y Jesús Becerra de ser responsables de acoso laboral, corrupción y mal uso de recursos públicos, señalando que incluso su hija fue víctima de represalias, al ser incorporada de manera irregular en nóminas municipales sin recibir el salario correspondiente, lo cual —dijo— constituye un fraude.
“Ellos son los acosadores laborales y son quienes han venido afectando mi trabajo y el de mi hija. El alcalde debe corregir su postura ante el silencio y las evasivas, porque esto no es un asunto personal, es una exigencia de justicia”, declaró Tapia Gone.
Recordó que el acoso laboral inició desde que Zavala era dirigente del PRD, involucrando a su hermana Liliana Zavala Armandina, así como a Jesús Becerra.
Mencionó que las presiones se intensificaron al negarse a participar en presuntos malos manejos en mercados municipales.
Tapia acusó además que el regidor habría justificado los pagos indebidos en nómina como “un premio otorgado por el alcalde”, lo que calificó como un acto de corrupción.
La denunciante aseguró que el proceso ha estado marcado por omisiones de la Contraloría Interna Municipal, donde apenas el 28 de agosto recibió un citatorio para declarar el 4 de septiembre. Sin embargo, cuestionó la imparcialidad de la instancia, ya que la titular es sobrina de Estela Arriaga Márquez, presidenta del DIF Municipal y esposa del alcalde Enrique Galindo.

“No puede ser juez y parte. Por eso acudimos más arriba a las autoridades, porque aquí hay conflictos de interés”, sostuvo.
Solicitud al Congreso
Tapia Gone pidió al Congreso del Estado dar trámite a la denuncia de juicio político y, en su caso, destituir e inhabilitar a Jorge Zavala y Jesús Becerra.
Su abogado, Guillermo Olvera Nieto, recalcó que los actos denunciados son graves y están previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que corresponde a las comisiones legislativas dar seguimiento.
“El juicio político busca que el Congreso determine la destitución e inhabilitación de los regidores denunciados, para que se haga justicia no solo a la trabajadora afectada y a su hija, sino también a otros ciudadanos que no se han atrevido a denunciar por temor a represalias”, indicó.
Martha Erika Tapia también lanzó un mensaje al alcalde capitalino:
“Si quiere mantener a personas como Liliana Armantina y Jesús Becerra dentro de su administración, que los pague de su propia cartera y no con los impuestos de los potosinos. Es una burla que tengamos que financiar aviadores mientras ciudadanos como yo estamos desempleados y seguimos pagando impuestos”.
Finalmente, reiteró que seguirá firme en su exigencia.
“San Luis Potosí merece responsabilidad, no podemos ser omisos ante actos de corrupción y acoso. No es nada personal, es por justicia”.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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